- Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea, dijo el 17 de septiembre que no descarta reformar proyectos de ley tras la eliminación de la unidad anticorrupción.
- El Consejo de la Judicatura suprimió el 7 de septiembre las tres instancias especializadas en corrupción y crimen organizado.
- La Comisión de Garantías Constitucionales aprobó abrir un proceso de fiscalización contra el organismo.
- La presidenta de la Judicatura, Mercedes Caicedo, se excusó de comparecer minutos antes de la sesión.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, afirmó el 17 de septiembre de 2026 que el Legislativo no descarta modificar proyectos de ley en trámite a raíz de la eliminación de la unidad judicial especializada en corrupción y crimen organizado. La declaración llegó horas después de que la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, se excusara de comparecer ante la Comisión de Garantías Constitucionales, que la había convocado para explicar la medida.
«Yo no puedo pronunciarme, porque al ser otro poder del Estado, la que representa este poder lo sabrá justificar y explicar. Ahora, sí tenemos que modificar proyectos de ley», dijo Mancheno, según recogió Diario Correo. La titular del Legislativo insistió en que la Asamblea «no puede quedarse estancada» ante los efectos de la decisión judicial y que el organismo «no va a quedarse cruzado de brazos» frente al vacío que genera en el sistema procesal.
Qué eliminó exactamente el Consejo de la Judicatura
El pleno de la Judicatura resolvió el 7 de septiembre suprimir la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada, el Tribunal de Garantías Penales Especializado y la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Pichincha, las tres instancias creadas hace cuatro años exclusivamente para juzgar corrupción y crimen organizado. Sus competencias pasaron a las unidades penales ordinarias de Iñaquito y Mariscal Sucre, en Quito, y a salas comunes de la Corte Provincial de Pichincha.
La justificación técnica del organismo, según cifras propias, apunta a un desequilibrio operativo: en doce meses el tribunal especializado registró apenas 234 causas para sus nueve jueces, mientras las salas ordinarias de la Provincial de Pichincha superaban el 100 % de su capacidad de despacho. Caicedo sostuvo que la redistribución no debilita la lucha anticorrupción, sino que la amplía, porque ahora 50 jueces —no nueve— pueden avocar conocimiento de causas de corrupción y crimen organizado.
Audiencias suspendidas y cuestionamientos de organismos internacionales
La reubicación de los jueces provocó la suspensión temporal de audiencias en procesos de alto perfil, entre ellos los casos Encuentro y Goleada, este último vinculado al exalcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez. Expertos de Naciones Unidas y la organización Human Rights Watch expresaron preocupación pública por el impacto de la medida en la continuidad de esos juicios.
En ese contexto, la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea, de mayoría afín a la Revolución Ciudadana, citó a Caicedo para el 17 de septiembre. La funcionaria envió una excusa minutos antes de la sesión, alegando que fue notificada con poco tiempo y que mantenía una reunión ya coordinada. La comisión respondió aprobando el inicio de un proceso de fiscalización contra el Consejo de la Judicatura por la supresión de las unidades.
La postura de Mancheno frente a la fiscalización
Consultada sobre si la Asamblea, a través de esta u otras comisiones, buscará más información directa del organismo judicial, Mancheno explicó que el interés legislativo va más allá del control político: «Es información que nos ayuda muchísimo también a tomar decisiones aquí, más que un tema de fiscalización», señaló, en referencia a los proyectos de ley que el pleno de la Asamblea Nacional tiene pendientes sobre reforma procesal penal y crimen organizado.
La presidenta del Legislativo evitó calificar directamente la decisión de la Judicatura, remarcando la separación de poderes, pero dejó abierta la puerta a que el paquete legislativo en curso —orientado a fortalecer el marco contra la corrupción— se ajuste para responder a la nueva estructura judicial. El propio bloque de oposición en la Asamblea, a través de asambleístas como Fernando Fabara, había pedido previamente informes formales sobre el traslado de los jueces, mientras que un vocal del propio Consejo de la Nacionalidad Judicial cuestionó que la reubicación fuera inconsulta.
El caso queda ahora dividido en dos frentes paralelos: el proceso de fiscalización abierto en la Comisión de Garantías Constitucionales y la eventual reforma legal que la Asamblea evalúa impulsar para acompañar —o corregir— los efectos de la reestructuración judicial en los procesos de corrupción y crimen organizado que siguen en curso.
