- Fiscales de Familia y la Policía de Perú indagan a diez estudiantes por presunta agresión sexual en un bus escolar en Lima.
- El hecho involucra a un alumno de 16 años que cursa cuarto de secundaria en el Liceo Naval Almirante Guise de San Borja.
- El ataque ocurrió el 15 de septiembre cuando la unidad regresaba de una actividad cívica oficial en la capital peruana.
- El Ministerio de Educación y la Marina de Guerra activaron protocolos disciplinarios y apoyo psicológico a la víctima.
La justicia peruana abrió una investigación penal contra diez adolescentes acusados de participar en un presunto ataque físico y sexual en el interior de una unidad de transporte estudiantil en Lima este 18 de septiembre de 2026. El hecho fue denunciado por los padres de un estudiante de 16 años matriculado en el Liceo Naval Almirante Guise, emblemático colegio situado en el distrito de San Borja y administrado bajo la supervisión de la Marina de Guerra del Perú. La causa se tramita bajo estrictas medidas de protección ante la Fiscalía de la Nación del Perú.
De acuerdo con los testimonios recogidos por los investigadores, el incidente se produjo la tarde del 15 de septiembre de 2026. El grupo de alumnos retornaba al recinto educativo en un autobús escolar contratado tras participar en un desfile cívico institucional en la capital peruana. En el trayecto de regreso, varios compañeros habrían rodeado e inmovilizado al adolescente en la parte posterior del vehículo para someterlo a agresiones físicas y vejaciones de índole sexual.
Diligencias urgentes de medicina legal y pericias criminalísticas
La familia de la víctima tomó conocimiento de los hechos al día siguiente, el 16 de septiembre, alertada por el estado de angustia y las contusiones que presentaba el menor de edad. Los padres acudieron de inmediato a la comisaría distrital de Chacarilla del Estanque para asentar la denuncia penal. Horas después, especialistas del Instituto de Medicina Legal practicaron los reconocimientos médico-legales y las evaluaciones psicológicas de emergencia que exige el Código de los Niños y Adolescentes del Perú.
Agentes de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú ingresaron a la sede del Liceo Naval para identificar a los presuntos agresores. Aunque los informes preliminares reportaron inicialmente la retención de doce alumnos, las declaraciones tomadas en presencia de fiscales especializados redujeron el grupo investigado a diez estudiantes de secundaria. Por tratarse de menores de edad en conflicto con la ley penal, sus nombres y datos familiares permanecen bajo reserva absoluta de identidad.
Los diez colegiales fueron conducidos a una unidad policial de protección de menores para la toma de sus declaraciones iniciales en compañía de sus abogados defensores y representantes legales. Tras cumplir las diligencias urgentes, quedaron a disposición de la Fiscalía Provincial de Familia de Lima, entidad que determinará las medidas preventivas socioeducativas que correspondan conforme avance el proceso judicial.
Reacciones del sector educativo y reclamos de mayor supervisión
La gravedad de la denuncia motivó la intervención del Ministerio de Educación del Perú, entidad que dispuso el despliegue de brigadas de soporte socioemocional y comités de convivencia escolar en la institución naval. Por su parte, la Dirección del Liceo Naval Almirante Guise emitió un comunicado institucional en el que condenó categóricamente cualquier acto de violencia y garantizó que prestará todas las facilidades a las autoridades judiciales, además de aplicar las sanciones disciplinarias internas más severas.
Asociaciones de padres de familia de Lima levantaron su voz de protesta por la aparente falta de monitores adultos o docentes supervisores dentro del autobús durante el traslado extracurricular. Representantes gremiales exigieron revisar los contratos de transporte escolar en todo el país y establecer la presencia obligatoria de celadores acreditados para evitar hechos de violencia entre los estudiantes.
El tratamiento judicial riguroso de delitos que afectan a víctimas vulnerables concita amplia atención en el continente, tal como ocurre en otros procesos internacionales de alto impacto donde la Fiscalía de México acusa por feminicidio a un sospechoso en el caso Tacoronte. De forma similar, la persecución de conductas que vulneran la integridad personal genera intervenciones policiales prioritarias en la región, como el caso en el que un detenido en Brasil confesó crímenes cometidos desde su juventud.
La Fiscalía de Familia de Lima continuará recabando declaraciones de testigos, peritajes psicológicos y registros de cámaras de seguridad del trayecto vehicular para sustentar el dictamen final que presentará ante el juzgado de menores en los próximos días.
