- El vocal Fabián Fabara confirmó que pedirá informes formales sobre el traslado de los jueces al Pleno del Consejo de la Judicatura.
- Los casos Goleada y Encuentro quedaron temporalmente suspendidos tras la reubicación de los jueces.
- Los 19 magistrados afectados cuestionan si mantendrán protección policial en sus nuevas sedes de riesgo.
- La presidenta del Consejo, Mercedes Caicedo, fue citada a la Asamblea para este 17 de septiembre.
La polémica por el traslado de los jueces de la extinta Unidad Anticorrupción escaló este 16 de septiembre de 2026: el vocal del Consejo de la Judicatura, Fabián Fabara, anunció que solicitará de manera formal al Pleno los informes técnicos que justifican la reubicación, al confirmar que el organismo colegiado «no conoció ni aprobó» el movimiento de los magistrados hacia sedes en Quitumbe, Calderón, Carcelén y Tumbaco.
Dos casos de alto perfil quedaron en pausa
La reubicación, ejecutada por áreas administrativas y técnicas sin pasar por el Pleno según Fabara, obligó a suspender temporalmente audiencias de los casos Goleada (vinculado al empresario Aquiles Álvarez) y Encuentro, dos de los procesos de crimen organizado más seguidos del último año. Los jueces afectados advirtieron que aún tienen sentencias pendientes de estos expedientes y cuestionaron si conservarán la protección policial especial mientras las concluyen.
La versión oficial: «optimización», no eliminación
El Consejo de la Judicatura sostiene que la Resolución 187-2026, aprobada en Pleno el 7 de septiembre, no elimina la capacidad de juzgar corrupción sino que la amplía: de 19 jueces especializados se pasó a más de 50 jueces penales con competencia para conocer causas de corrupción y crimen organizado. La presidenta del organismo, Mercedes Caicedo, justificó la medida por un déficit presupuestario de USD 83 millones proyectado para 2027 y por la disparidad de carga procesal entre juzgados penales.
La citación a la Asamblea que sube la presión
Caicedo fue convocada a comparecer este 17 de septiembre ante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional para explicar tanto la eliminación de la unidad especializada como el traslado posterior de sus jueces. El caso ya había generado roces previos: como reportó Panorama Ecuador el propio 16 de septiembre, Fabara ya había calificado la decisión como «inconsulta» apenas se conoció el traslado.
Qué revela este nuevo capítulo
Lo nuevo de este episodio frente a la reubicación inicial es la escalada institucional: ya no se trata solo de un reclamo de un vocal, sino de una petición formal de informes que podría derivar en la revisión del proceso por el propio Pleno, y en la comparecencia obligatoria de Caicedo ante la Asamblea. El diario El Universo documentó que la solicitud de informes formales llegó luego de que los propios jueces trasladados expresaran temor por su seguridad en las nuevas sedes. Otro antecedente reciente, la impugnación contra la jueza Daniella Camacho en el concurso para fiscal general, confirma que la Función Judicial ecuatoriana atraviesa una semana especialmente convulsa en materia de nombramientos y reestructuraciones internas.
Una unidad creada en 2022 y disuelta en 2026
La Unidad Especializada para Juzgar Delitos de Corrupción y Crimen Organizado funcionaba desde 2022 con tres instancias propias: un juzgado, un tribunal especializado y una sala de apelación dentro de la Corte Provincial de Pichincha. La Resolución 187-2026 eliminó esa estructura independiente y repartió sus competencias entre juzgados penales ordinarios de Quito, un cambio que el propio Consejo reconoce como el más profundo desde la creación de la unidad.
Voces críticas fuera del organismo
La decisión ha generado controversia entre expertos en materia judicial y organismos que siguen de cerca la lucha anticorrupción en Ecuador, que cuestionan si diluir la especialización de los jueces, aun aumentando su número total, puede debilitar el manejo técnico de causas complejas de crimen organizado que antes concentraba un grupo reducido y especializado de magistrados.
