- Fiscalía de Nueva York fundamenta el caso 26-CRIM-0187 con peritajes telefónicos.
- La DEA aportó grabaciones y seguimiento a envíos de cocaína hacia el sur de Florida.
- Los informes vinculan transferencias de criptomonedas con redes de lavado transnacional.
- La Corte Nacional de Justicia tramita el expediente de extradición en Quito.
La justicia de los Estados Unidos formalizó y robusteció ante las autoridades judiciales de Ecuador el acervo probatorio con el que solicita la extradición penal de Daniel Salcedo Bonilla y de Ronald Herrera Morales. El expediente, radicado bajo el caso 26-CRIM-0187 en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, imputa cargos de conspiración internacional para la distribución de cocaína con conocimiento de destino estadounidense y operaciones de lavado de activos a gran escala.
De acuerdo con la declaración jurada suscrita por un agente especial de la Administración de Control de Drogas (DEA), el sustento procesal descansa en confesiones directas, intercepciones de telecomunicaciones y el volcado forense de un teléfono celular confiscado a Daniel Salcedo en enero de 2024 durante su captura en Panamá. Las investigaciones coordinadas con el Departamento de Justicia de Estados Unidos detallan que los dispositivos incautados contenían registros de mensajería cifrada donde se coordinaban rutas aéreas y marítimas de estupefacientes hacia el condado de Miami-Dade, en el estado de Florida.
Cargamentos marítimos y coordinación logística
Entre los indicios materiales incorporados constan actas de decomiso y peritajes fotográficos de cargamentos de droga interceptados en puertos ecuatorianos y terminales de tránsito del Caribe. Los reportes policiales señalan que Salcedo y sus colaboradores habrían operado en connivencia con estructuras del crimen organizado para camuflar alcaloides en contenedores comerciales, además de gestionar salvoconductos y seguridad logística mediante sobornos a operadores logísticos portuarios.
Las transcripciones de llamadas efectuadas por fuentes confidenciales de la agencia antidrogas norteamericana corroboran negociaciones sobre transferencias bancarias internacionales y conversión de capitales ilícitos a través de monederos virtuales de criptomonedas. Los agentes federales constataron que los réditos financieros del narcotráfico se reintegraban al circuito comercial formal mediante empresas de fachada y esquemas de intermediación inmobiliaria en Centroamérica y Sudamérica.
La situación jurídica de Salcedo coincide con otros litigios de alta connotación institucional en el país, como se constató en el caso Purga con los pedidos de traslado de Gallardo y Muentes, donde los procesados han agotado recursos penitenciarios en distintas instancias.
Trámite ante la Corte Nacional de Justicia
El pliego de extradición remitido por la embajada estadounidense se encuentra bajo conocimiento del presidente de la Corte Nacional de Justicia en Quito, órgano facultado para certificar si la solicitud cumple las garantías del tratado bilateral suscrito en 1872 y sus instrumentos complementarios ratificados mediante referéndum constitucional. La defensa técnica de Salcedo, quien cumple condenas ejecutoriadas en la cárcel de máxima seguridad La Roca por delincuencia organizada y peculado, sostiene que los presuntos hechos delictivos ya habrían sido juzgados en fueros locales.
No obstante, los fiscales federales en Nueva York argumentan que los actos de conspiración transnacional cometidos contra la soberanía estadounidense poseen naturaleza autónoma y habilitan el juzgamiento de Salcedo y Herrera en territorio norteamericano, en consonancia con precedentes reflejados cuando EE. UU. formalizó la solicitud de extradición de Daniel Salcedo ante las salas especializadas de la justicia nacional.
Procedimientos de cooperación penal internacional
El marco procesal de extradición exige una rigurosa verificación de la doble incriminación y de que las conductas imputadas no correspondan a delitos de índole política o militar. Fuentes de la Cancillería ecuatoriana confirmaron que el expediente diplomático superó la fase de admisión formal y se encuentra en la etapa de alegatos orales entre los procuradores delegados de ambas naciones, resguardando el debido proceso penal.
Informes técnicos remitidos por la Interpol ratifican que sobre ambos procesados pesan notificaciones rojas activas que respaldan su custodia inmediata con fines de traslado internacional, garantizando que el juicio en la corte distrital neoyorquina cuente con la presencia física de los implicados una vez dictada la resolución final.
