- Estados Unidos remitió a la Corte Nacional de Justicia la solicitud formal de extradición de Daniel Salcedo.
- La DEA acusa a Salcedo de cinco delitos federales, incluyendo conspiración para narcotráfico y lavado con criptomonedas.
- El expediente judicial señala que Salcedo cobró comisiones millonarias por convertir efectivo ilícito en activos digitales.
- Tanto Salcedo como el expolicía Ronald Herrera aceptaron voluntariamente someterse al proceso de extradición.
La justicia de los Estados Unidos formalizó ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ) el pedido formal de extradición contra los ciudadanos ecuatorianos Daniel Josué Salcedo Bonilla y Ronald Patricio Herrera Ramírez. El expediente internacional, registrado bajo la causa 26-CRIM-0187 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, contiene una acusación formal por cinco cargos penales y una declaración jurada suscrita por la Agencia de Control de Drogas (DEA). Los cargos imputados sitúan a Salcedo en el centro de una sofisticada estructura de blanqueo de capitales provenientes del tráfico transnacional de estupefacientes.
El documento judicial, elaborado por el agente especial de la DEA Bradley Buzzee desde Chantilly, Virginia, señala que entre 2023 y 2026 los requeridos conspiraron para transportar cargamentos masivos de cocaína colombiana hacia Norteamérica y Europa. Las investigaciones señalan que la organización empleaba puertos marítimos ecuatorianos como plataforma logística hacia México, además de realizar envíos aéreos directos hacia pistas clandestinas en territorio estadounidense, custodiando las operaciones con armamento pesado y ametralladoras de uso militar.
Operaciones de lavado mediante activos digitales
El apartado más revelador del informe acusatorio detalla el rol financiero asignado a Daniel Salcedo, alias Bello. De acuerdo con los testimonios y evidencias reunidas por los fiscales federales, Salcedo cobró sistemáticamente comisiones porcentuales por convertir millones de dólares en efectivo a criptomonedas. Esta maniobra bursátil permitía a las organizaciones narcodelictivas mover ingentes sumas de dinero sin activar las alertas de las unidades de inteligencia financiera bancaria.
Los agentes antidrogas obtuvieron respaldo probatorio tras la detención de Salcedo en Panamá y su posterior deportación a Ecuador en 2024. El peritaje forense practicado a su teléfono celular descubrió cientos de fotografías de fajos de billetes en moneda estadounidense, registros contables de transferencias en billeteras virtuales, imágenes de armamento y chats comprometedores mantenidos directamente con Ronald Herrera, un exteniente de la Policía Nacional sentenciado por delincuencia organizada y testigo protegido en investigaciones de la Fiscalía General del Estado.
Herrera, quien integró unidades de inteligencia policial antes de ser destituido en 2021, aprovechaba su conocimiento operativo para brindar seguridad logística a los cargamentos y facilitar el movimiento de los alijos sin levantar sospechas en los controles terrestres. La DEA corroboró que la red intentó enviar al menos dos cargamentos de varias toneladas de cocaína: uno con destino final a Estados Unidos pasando por México, y otro rumbo a puertos europeos, ambos interceptados previamente en terminales marítimas de Ecuador y Panamá.
Asimismo, los fiscales estadounidenses anexaron grabaciones de audio legalmente autorizadas realizadas en febrero de 2026 con una fuente confidencial. En dichas comunicaciones, Salcedo coordinó el traslado de un alijo de 15 kilogramos de cocaína hacia Miami, cargamento que fue interceptado y confiscado por agentes policiales en el estado de Florida, confirmando la continuidad de sus operaciones clandestinas.
Trámite de extradición y garantías internacionales
El pasado 9 de septiembre de 2026, Daniel Salcedo y Ronald Herrera comparecieron ante el presidente encargado de la Corte Nacional, Marco Rodríguez, y aceptaron someterse de forma voluntaria al procedimiento de extradición simplificada. Salcedo acumula en Ecuador sentencias que rozan los 40 años de privación de libertad por delitos de peculado hospitalario, lavado de activos y delincuencia organizada, además de figurar como procesado en el caso del magnicidio de Fernando Villavicencio y las tramas de corrupción judicial descubiertas en los casos Metástasis y Purga.
Actualmente corre el plazo estipulado en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Extradición, el cual concede hasta 30 días calendario para que el Gobierno de los Estados Unidos presente las garantías diplomáticas exigidas por la legislación ecuatoriana. Estas cláusulas garantizan que los extraditados no recibirán penas crueles, tratos inhumanos ni la pena de muerte en tribunales norteamericanos. Mientras se resuelve este trámite judicial de alto impacto, el sistema institucional continúa procesando casos complejos, como se evidencia cuando candidatos al CPCCS definen su presencia en la papeleta electoral en el TCE.
El desenlace de este expediente marcará un hito en la cooperación penal entre Quito y Washington, permitiendo que la justicia internacional desarticule las redes de financiamiento ilícito que operaban bajo el amparo de la corrupción institucional en el sistema carcelario y hospitalario del país.
