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Abdalá Bucaram enfrenta audiencias judiciales clave y condena penal

El expresidente Abdalá Bucaram en comparecencia ante tribunales de justicia

Actualizada:

4 min de lectura
  • El expresidente acumula más de 20 expedientes en el sistema informático de la Función Judicial.
  • Pesa en su contra una sentencia de primera instancia a 9 años y 4 meses de prisión por delincuencia organizada.
  • El Tribunal de Garantías Penales fijó para los días 6, 12 y 13 de octubre la audiencia de juzgamiento pendiente.
  • Analistas recuerdan su trayectoria desde la Alcaldía de Guayaquil hasta su destitución en Carondelet en 1997.

A sus 74 años, el expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram Ortiz concentra una de las tramas procesales más complejas de la historia republicana reciente. Según los registros públicos de la Función Judicial, el exmandatario figura en más de 20 expedientes penales y civiles, de los cuales dos procesos principales permanecen en fases decisivas de juzgamiento y apelación en los tribunales del Guayas y de Pichincha.

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El frente penal más grave corresponde al denominado caso Pruebas COVID-19, donde un tribunal colegiado lo declaró culpable en primera instancia como colaborador del delito de delincuencia organizada, imponiéndole una pena de 9 años y 4 meses de reclusión junto a su hijo Jacobo Bucaram Pulley. La investigación fiscal demostró que redes estructuradas comercializaron de forma ilícita pruebas de diagnóstico y mascarillas durante el confinamiento sanitario de 2020, contando con la colaboración logística de exagentes metropolitanos de tránsito.

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Audiencias judiciales de octubre y medidas cautelares

De forma paralela, el Tribunal de Juzgamiento convocó para los días 6, 12 y 13 de octubre de 2026 la audiencia de juicio dentro de una causa por tráfico de armas y municiones, expediente derivado del allanamiento ejecutado por la Fiscalía General del Estado a su domicilio en junio de 2020. Dicha diligencia debió celebrarse en agosto pasado, pero fue suspendida de manera forzosa debido a cortes imprevistos en el fluido eléctrico y las telecomunicaciones de la sede judicial.

Bucaram permanece en libertad sujeto a medidas alternativas a la prisión preventiva, entre ellas presentaciones periódicas y prohibición de salir del país. En pronunciamientos públicos, el expresidente ha desestimado las acusaciones, afirmando que las transacciones investigadas correspondieron a compras comerciales entre agentes privados y anunciando que acudirá a recursos de casación e instancias internacionales si las sentencias son ratificadas en segunda instancia.

Trayectoria política: del populismo setentero a Carondelet

El itinerario político de Bucaram se remonta a 1979 cuando fue designado intendente de Policía del Guayas, plataforma desde la cual forjó un estilo confrontativo. En 1984 ganó la Alcaldía de Guayaquil, cargo que abandonó prematuramente tras asilarse en Panamá debido a procesos por injurias y declaraciones contra las Fuerzas Armadas. Posteriormente fundó el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), capitalizando la memoria de su cuñado, el extinto presidente Jaime Roldós Aguilera.

Especialistas en ciencia política señalan que Bucaram perfeccionó un modelo de clientelismo urbano sustentado en demandas básicas de asentamientos periféricos en la costa. Tras postular en 1988 y 1992, alcanzó la Presidencia de la República en 1996, inaugurando un régimen efímero de casi seis meses caracterizado por excentricidades y escándalos de corrupción en aduanas y compras públicas. En febrero de 1997, una masiva ola de protestas sociales desembocó en su destitución por el Congreso Nacional bajo la figura de incapacidad mental, iniciando un autoexilio de dos décadas en Panamá.

El escrutinio sobre el uso del poder y las contrataciones públicas sigue marcando el pulso institucional del país, como se constata en las auditorías recientes sobre la contratación pública en el Municipio de Guayaquil o los seguimientos en cortes internacionales como el pedido de extradición de Daniel Salcedo por parte de Estados Unidos. Las audiencias de octubre pondrán a prueba la solidez del sistema probatorio estatal para resolver causas que llevan años ventilándose en los juzgados.

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