- La nueva guía del USCIS entró en vigor el 18 de septiembre de 2026.
- Amplía los criterios para evaluar la dependencia de beneficios públicos al solicitar la residencia.
- Excluye de la medida a categorías humanitarias como asilo, refugio y visas U/T.
- Abogados de inmigración recomiendan documentar empleo, seguros privados y ahorros.
El Gobierno de Donald Trump endureció nuevamente los requisitos para obtener la residencia permanente en Estados Unidos, mediante una actualización de la guía de «carga pública» del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) que entró en vigor este 18 de septiembre de 2026, según reportó El Comercio, citando a la agencia EFE.
Qué cambia en la evaluación de «carga pública»
La nueva normativa amplía los criterios que los funcionarios migratorios utilizan para determinar si un solicitante podría convertirse en una «carga pública» para el Estado, es decir, si su perfil económico sugiere una dependencia significativa de programas de asistencia gubernamental. A diferencia de versiones anteriores de esta guía, la actualización incorpora de forma más amplia el uso de beneficios de vivienda subsidiada, programas de alimentación y ciertas ayudas educativas dentro del análisis migratorio.
El USCIS defendió la medida al sostener que «la actualización busca cumplir con la intención del Congreso de que los migrantes sean autosuficientes». La agencia argumenta que la ley de inmigración estadounidense, desde su formulación original, contempla la autosuficiencia económica como uno de los pilares para conceder beneficios migratorios permanentes.
Fecha límite y quiénes deben aplicar la norma anterior
Quienes presentaron sus solicitudes hasta el 17 de septiembre de 2026 podrán ser evaluados todavía bajo los criterios previos, menos estrictos, mientras que toda solicitud radicada a partir del 18 de septiembre queda sujeta a la nueva guía. Este corte temporal ha generado una carrera entre abogados de inmigración y solicitantes por completar trámites antes de la fecha límite, en un patrón que se ha repetido en anteriores endurecimientos de política migratoria durante la actual administración.
La política de «carga pública» tiene antecedentes en la primera administración Trump (2017-2021), cuando una regla similar fue impugnada judicialmente y terminó suspendida por tribunales federales antes de ser retirada formalmente por la administración Biden en 2021. Su reintroducción ahora, con criterios ampliados, anticipa nuevos litigios por parte de organizaciones de defensa de migrantes.
Categorías humanitarias quedan excluidas
La actualización del USCIS excluye explícitamente a quienes solicitan protección bajo categorías humanitarias, como el asilo, el estatus de refugiado y las visas U y T, destinadas a víctimas de delitos graves y de trata de personas, respectivamente. Esta salvedad busca blindar a las poblaciones más vulnerables frente al endurecimiento general de los criterios económicos.
Organizaciones internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) han insistido en que las protecciones humanitarias deben mantenerse separadas de los criterios económicos aplicados a la migración regular, un principio que en este caso el propio USCIS respeta al excluir esas categorías de la nueva guía.
Qué recomiendan los abogados de inmigración
Ante el cambio, especialistas en derecho migratorio recomiendan a los solicitantes reforzar la documentación que demuestre estabilidad económica: comprobantes de empleo formal, contratos de seguros médicos privados y evidencia de ahorros o patrimonio. Estos elementos, sostienen, son los que con mayor frecuencia pesan a favor del solicitante durante la evaluación de carga pública.
La medida se enmarca en una política migratoria más amplia de la actual administración estadounidense, que en las últimas semanas también ha impulsado ajustes en las citas de visas y en los procesos de naturalización. Apenas días atrás, Panorama Ecuador reportó que el Gobierno de Trump descartó una amnistía migratoria pese a las críticas recibidas desde el propio Congreso, mientras que la ONU exigió a Washington rendir cuentas por la muerte de 23 migrantes registrada este año.
Para los ecuatorianos con trámites de residencia en curso en Estados Unidos, el cambio implica revisar con un abogado de inmigración si su caso queda comprendido dentro de la nueva guía o si alcanzó a presentarse bajo los criterios anteriores, dado que la diferencia puede determinar el resultado final de la solicitud.
Consulados ecuatorianos en ciudades como Nueva York, Miami y Chicago han reportado un aumento en las consultas de connacionales sobre el impacto de la medida en trámites familiares, especialmente en procesos de reunificación que dependen de un patrocinador económico. Especialistas recomiendan no tomar decisiones apresuradas, como abandonar empleos o retirar ahorros, sin antes conocer con precisión cómo se aplicará la nueva guía al caso individual de cada solicitante.
