- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que «no habrá amnistía» para inmigrantes ilegales, «ni ahora ni nunca».
- La congresista republicana María Elvira Salazar, de Florida, dijo en un video de campaña que la política migratoria de Trump «ha ido demasiado lejos».
- El secretario de Seguridad Nacional es Markwayne Mullin, según la respuesta oficial citada por el DHS.
- Salazar busca su cuarto período consecutivo en la Cámara de Representantes en las elecciones del 3 de noviembre.
- La disputa ocurre mientras crece el descontento de votantes hispanos con las medidas migratorias del gobierno.
El gobierno de Donald Trump rechazó este 17 de septiembre cualquier posibilidad de una amnistía migratoria, en respuesta directa a las críticas públicas de la congresista republicana María Elvira Salazar sobre el rumbo de la política de deportaciones. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un comunicado en el que aseguró que «no habrá amnistía para los inmigrantes ilegales. Ni ahora ni nunca».
La crítica de Salazar
La legisladora de Florida, de origen cubanoamericano, difundió un anuncio de campaña en el que advirtió a Trump que algunos de sus esfuerzos de aplicación de las leyes migratorias «han ido demasiado lejos». Salazar sostuvo que votantes latinos que respaldaron al presidente en 2024 sienten que la actual campaña de deportaciones traicionó esas expectativas.
La congresista aclaró, sin embargo, que su crítica no equivale a pedir una amnistía general. En su mensaje planteó que una eventual solución migratoria debería permitir una vida digna a personas que llevan años radicadas en Estados Unidos, sin que eso implique un perdón automático para quienes ingresaron de forma irregular.
La respuesta del DHS
El DHS respondió con dureza. Según su comunicado, bajo el liderazgo del presidente Trump y del secretario Markwayne Mullin, «no habrá amnistía para los inmigrantes ilegales». La agencia agregó que «le guste o no a la congresista Salazar», los agentes del ICE seguirán haciendo cumplir las leyes migratorias aprobadas por el Congreso.
El DHS también señaló que continúa en marcha lo que calificó como «la campaña de deportación masiva más histórica» en la historia de Estados Unidos, tal como Trump prometió durante su campaña presidencial. Según la agencia, la única alternativa que el gobierno ofrece a los inmigrantes en situación irregular es un boleto de salida o un pago de 3.000 dólares para acogerse a la autodeportación.
El trasfondo electoral
El cruce entre Salazar y el gobierno se produce a semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que la congresista busca su cuarto período consecutivo. Florida tiene una población hispana que supera el 26% del total estatal, un bloque electoral clave para republicanos y demócratas por igual.
Encuestas recientes citadas por medios estadounidenses muestran un creciente malestar entre votantes hispanos frente a las medidas de aplicación migratoria del gobierno de Trump, lo que ha llevado a varios legisladores republicanos en distritos con alta población latina a distanciarse públicamente de algunos aspectos de la política de deportaciones sin romper con el partido.
Un patrón de endurecimiento migratorio
El episodio se suma a una serie de casos que reflejan el endurecimiento de los controles migratorios en territorio estadounidense. Panorama Ecuador reportó recientemente la detención del ecuatoriano Xavier Jordán Mendoza, trasladado a un centro de detención del ICE en Luisiana tras superar el plazo de permanencia autorizado en el país.
El DHS no ofreció cifras adicionales sobre el número total de deportaciones ejecutadas en lo que va del año, y la Casa Blanca no emitió un comunicado separado sobre el intercambio con Salazar hasta el cierre de esta nota.
Más información sobre la política migratoria del gobierno puede consultarse en los sitios oficiales del Departamento de Seguridad Nacional y de la Casa Blanca.
Lo que viene
El choque entre Salazar y el DHS no es un hecho aislado dentro del Partido Republicano. Otros legisladores en distritos de mayoría hispana han evitado hasta ahora romper públicamente con la Casa Blanca, aunque privadamente expresan preocupación por el efecto electoral de las redadas migratorias masivas. La postura de Salazar, al no pedir una amnistía formal, busca marcar distancia sin desafiar abiertamente la agenda de Trump.
Para el gobierno, mantener la línea dura frente a legisladores de su propio partido responde a una estrategia que considera exitosa entre su base electoral, aun cuando encuestas señalan un desgaste entre votantes hispanos. El desenlace de esta tensión podría influir en el resultado de la contienda de Salazar el 3 de noviembre, así como en la postura de otros republicanos de distritos similares antes de esa fecha.
Por ahora, ni el DHS ni la oficina de Salazar han anunciado una reunión conjunta para abordar las diferencias, y ambas partes mantienen sus posiciones públicas sin cambios desde la publicación de sus respectivas declaraciones.
