- Mario Ruano, director de la Delegación Provincial Electoral de El Oro, negó cobros irregulares a candidatos o partidos.
- La consejera del CNE Elena Nájera cuestionó su gestión el 8 de septiembre por errores en expedientes de impugnación.
- Ruano exige denuncias formales ante la Fiscalía con nombres, fechas y documentos.
- Al 17 de septiembre no existe notificación de responsabilidades en su contra.
El director de la Delegación Provincial Electoral de El Oro (DPEO), Mario Ruano, salió al paso de acusaciones difundidas en redes sociales que lo vinculan con «cobros irregulares, dádivas o favores» a candidatos y organizaciones políticas de cara a las elecciones seccionales de 2027.
Ruano rechazó de forma directa las versiones y descartó que vaya a presentar su renuncia al cargo. Aseguró contar con «pleno respaldo institucional» dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que administra los procesos electorales en Ecuador.
El cuestionamiento de la consejera Nájera
La versión oficial de Ruano contrasta con el reclamo que hizo pública la consejera del CNE, Elena Nájera, durante una sesión plenaria realizada el 8 de septiembre. Nájera señaló «supuestas irregularidades, demoras y errores» en expedientes de impugnación de candidaturas tramitados por la delegación de El Oro.
La consejera puso como ejemplo dos casos vinculados a los movimientos políticos PID y ADN, en los que la DPEO habría enviado informes que validaban la «legitimación activa» de personas sin representación legal adecuada en la provincia.
Sobre esos criterios de validación, Nájera fue tajante: «Estos errores ya no creo que sean ingenuos, son unos errores de bulto», declaró ante el pleno del organismo.
El desafío de Ruano: «nombres, fechas y documentos»
Frente al señalamiento, Ruano retó a quienes lo acusan a formalizar denuncias ante la Fiscalía General del Estado con «nombres, fechas y documentos» concretos, en lugar de mantener las acusaciones en redes sociales sin sustento verificable.
El funcionario confirmó que, hasta el 17 de septiembre, no ha recibido ninguna notificación de resoluciones que determinen responsabilidades administrativas o penales en su contra dentro de procesos abiertos ante el Ministerio Público.
Un pulso que se repite en otras provincias
El episodio se suma a una serie de roces entre delegaciones provinciales y el pleno del CNE en la recta final de la organización de los comicios seccionales de 2027, en los que también han surgido denuncias por presunta campaña anticipada y decisiones cuestionadas del Tribunal Contencioso Electoral sobre candidaturas en disputa.
El organismo también ha reforzado en las últimas semanas el calendario electoral rumbo a las seccionales, mientras las delegaciones provinciales procesan en paralelo decenas de impugnaciones de candidaturas antes del cierre del proceso.
Ruano insistió en que su gestión se mantiene bajo el escrutinio normal del CNE y que cualquier observación técnica a los expedientes de El Oro puede revisarse por los canales institucionales, sin que ello implique, a su juicio, una falta comprobada.
El caso queda abierto: el pleno del CNE no ha fijado todavía una fecha para resolver formalmente el cuestionamiento planteado por la consejera Nájera contra la delegación de El Oro.
Qué son las delegaciones provinciales electorales
Las 44 delegaciones provinciales del CNE son las oficinas técnicas que reciben, revisan y resuelven en primera instancia los expedientes de inscripción e impugnación de candidaturas antes de que un caso escale al pleno nacional o al Tribunal Contencioso Electoral.
Ese filtro local convierte a cada delegado provincial en una figura clave del calendario electoral: un informe técnico mal fundamentado, como el que cuestionó Nájera, puede habilitar o bloquear la participación de un movimiento político entero en una provincia, de ahí la gravedad del señalamiento contra la DPEO de El Oro.
El contexto de las seccionales de 2027
El episodio ocurre en la recta final de la organización de las elecciones seccionales de 2027, un proceso en el que el CNE ya enfrenta otros frentes de tensión: candidaturas impugnadas en varias provincias, denuncias cruzadas entre movimientos políticos y ajustes de última hora al padrón de recintos electorales por riesgos climáticos.
En ese escenario, cualquier cuestionamiento a la imparcialidad de una delegación provincial tiene un peso adicional, porque compromete la confianza de los propios partidos en el árbitro electoral a semanas de que se resuelvan las candidaturas definitivas.
Lo que sigue
Mientras el pleno del CNE no se pronuncie formalmente, la DPEO de El Oro continúa procesando los expedientes ordinarios de la provincia bajo la dirección de Ruano. Los movimientos PID y ADN, mencionados en el reclamo de Nájera, no han emitido hasta ahora una posición pública sobre el caso.
Organizaciones de observación electoral suelen seguir de cerca este tipo de disputas internas porque, aunque no impliquen todavía una sanción, sí pueden derivar en auditorías a los expedientes ya tramitados por la delegación cuestionada.
