Unidad Popular presentó un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral con el objetivo de evitar su cancelación del registro electoral, luego de la resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral que señala un elevado número de desafiliaciones.
El 2 de abril de 2026, el director nacional Geovanni Atarihuana acudió al organismo electoral para interponer un recurso subjetivo en contra de la decisión tomada el 30 de marzo, en la que se determinó la proscripción del movimiento por supuestamente registrar 175.000 desafiliaciones.
La causa fue asignada a la jueza Ivonne Coloma, quien otorgó un plazo de dos días para que la organización complete los fundamentos del recurso, detallando los agravios y las normas que consideran vulneradas. Asimismo, solicitó al Consejo Nacional Electoral la entrega de informes técnicos y jurídicos que respalden su decisión.
Unidad Popular recurre al TCE
Desde la dirigencia del movimiento se cuestiona la falta de sustento en la resolución. Según Atarihuana, no se han presentado pruebas claras que respalden la cifra de desafiliaciones utilizada para justificar la cancelación.
El recurso interpuesto busca frenar la medida y garantizar la permanencia de la organización en el registro electoral.
Protestas en rechazo a la medida
El 1 de abril, dirigentes y simpatizantes se movilizaron en Quito desde el Ministerio de Agricultura hasta el Consejo Nacional Electoral, con el fin de expresar su desacuerdo con la decisión.
La manifestación evidenció el respaldo de las bases, que consideran que la medida es injustificada y afecta la participación política.
Unidad Popular presenta respaldo de afiliados
Como parte de su defensa, Atarihuana entregó varias carpetas organizadas por provincias y un archivo digital que contendría más de 206.000 firmas de afiliados.
El movimiento sostiene que estos documentos evidencian inconsistencias en las cifras presentadas por el organismo electoral.
Dudas sobre las cifras oficiales
La dirigente Natasha Rojas indicó que la notificación oficial hablaba de apenas 261 desafiliaciones, lo que contradice el argumento de las 175.000 señaladas en la resolución.
Este contraste es uno de los puntos clave dentro del recurso, ya que podría poner en duda la validez del proceso que busca cancelar a la organización.
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