- La Fiscalía General del Estado emitió dictamen abstentivo en favor del exministro de Energía Antonio Gonçalves.
- La jueza nacional Daniella Camacho dictó el sobreseimiento del exfuncionario y levantó todas sus medidas cautelares.
- El proceso penal por presunto peculado fue derivado a la justicia ordinaria de Pichincha contra otros 30 procesados.
- La investigación judicial gira en torno a irregularidades en la contratación de generación térmica de emergencia en 2024.
El escenario judicial que investiga los contratos de emergencia eléctrica en Ecuador dio un giro sustancial en el caso Progen. La Corte Nacional de Justicia (CNJ) ratificó el sobreseimiento definitivo del exministro de Energía y Minas, Antonio Gonçalves, luego de que la Fiscalía General del Estado determinara que no existieron elementos de convicción suficientes para formular una acusación penal en su contra por el presunto delito de peculado.
La decisión fue emitida formalmente por la jueza nacional Daniella Camacho durante la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio. Al no existir una acusación formal por parte del fiscal subrogante Wilson Toainga, la magistrada dispuso el levantamiento inmediato de las restricciones judiciales que pesaban sobre el exsecretario de Estado, incluyendo la prohibición de abandonar el país y la retención preventiva de activos bancarios.
Pérdida de fuero de corte y derivación a la justicia penal ordinaria
Con la exclusión procesal de Gonçalves, quien ostentaba fuero de Corte Nacional de Justicia por su condición de exministro de Estado al momento de los hechos, la jueza Camacho declaró la incompetencia de la sala nacional para continuar sustanciando el expediente. En consecuencia, la magistrada ordenó la remisión inmediata del proceso a la Unidad Judicial Penal Ordinaria de Pichincha para que un juez ordinario tramite la etapa procesal contra los 30 implicados restantes.
Entre los imputados que continuarán enfrentando el trámite judicial se encuentran el exviceministro de Electricidad, Rafael Quintero, así como antiguos directivos y funcionarios técnicos de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP). La defensa técnica de los procesados presentó recursos procesales preliminares en torno a la competencia judicial, pero la sala determinó que el principio de juez natural debe ejercerse en el fuero ordinario de primer nivel.
Antecedentes de la contratación térmica durante la crisis energética
El denominado caso Progen se originó en las contrataciones de urgencia efectuadas por el Estado ecuatoriano a mediados de 2024 para mitigar los severos racionamientos de energía que afectaron a las principales ciudades del país. La estatal Celec EP adjudicó un contrato por cerca de 150 millones de dólares a la firma estadounidense Progen para la provisión e instalación de motores termoeléctricos capaces de generar 150 megavatios en las centrales de Quevedo y Salitral.
No obstante, auditorías de la Contraloría General del Estado y pesquisas del Ministerio Público revelaron considerables retrasos en los cronogramas de entrega, llegada de equipamiento incompleto y presuntas fallas en el cumplimiento de las cláusulas contractuales, situaciones que motivaron la apertura del proceso judicial por presunto perjuicio a las finanzas del Estado ecuatoriano.
