- Informes de la UAFE y Fiscalía revelan ingresos financieros injustificados por más de USD 1,93 millones.
- La procesada constituyó firmas de transporte y agua purificada que recibieron 14 contratos públicos de Celec.
- Entre sus bienes figura un terreno de USD 461.881 donado por un hombre que luego fue acribillado junto a su hijo.
- Inda Peñarrieta permanece recluida en Guayaquil a la espera de la audiencia de juzgamiento por el caso Blanqueo Fito.
Informes periciales y financieros elaborados por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Fiscalía General del Estado desglosan la compleja red patrimonial y corporativa administrada por Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, esposa de alias Fito, para presuntamente ingresar recursos delictivos del grupo de delincuencia organizada Los Choneros al circuito económico formal ecuatoriano.
De acuerdo con el expediente del denominado caso Blanqueo Fito, la imputada, de 51 años de edad y quien laboró como enfermera en el hospital del IESS en Manta, experimentó un acelerado incremento en sus activos personales, pasando de registrar un patrimonio de USD 436.484 en 2020 a USD 822.103 en 2024. Los análisis de movimientos bancarios determinaron que introdujo al sistema financiero sumas inusuales e injustificadas por USD 1.377.687 en una primera fase y USD 553.858 en una etapa posterior, totalizando transacciones no sustentadas por más de USD 1,93 millones mediante depósitos en efectivo y transferencias de integrantes de la organización delictiva.
Antecedentes judiciales y reapertura de investigaciones patrimoniales
Este proceso judicial representa el segundo litigio formal que enfrenta Peñarrieta en los últimos seis años. En julio de 2020, las autoridades iniciaron una indagación por presunto enriquecimiento ilícito al detectarse ingresos bancarios por USD 2,1 millones entre 2013 y 2019 frente a salarios públicos declarados por apenas USD 116.711. Aunque en aquella causa fue sobreseída y las evidencias físicas fueron incineradas en marzo de 2025 por disposición judicial, nuevos allanamientos ejecutados el 2 de junio de 2025 permitieron recopilar documentación contable que sustentó la actual acusación por lavado de activos con un perjuicio estimado al Estado de USD 25 millones.
Empresas fachada, contratos con Celec y multas judiciales
Las investigaciones judiciales revelan que Peñarrieta constituyó y administró firmas comerciales junto a familiares cercanos con el propósito de simular transacciones comerciales legítimas. Entre las entidades analizadas sobresale Queenwater S.A., empresa dedicada al tratamiento y venta de agua purificada que obtuvo 14 contratos públicos otorgados por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) entre 2020 y 2021, además de proveer botellones a centros de privación de libertad en Bahía de Caráquez, Portoviejo y Guayaquil. La persona jurídica de esta compañía fue condenada a su disolución definitiva y al pago de una multa judicial de USD 363.936, monto equivalente al doble del valor lavado.
De forma complementaria, los registros del Servicio de Rentas Internas (SRI) evidencian que la procesada inscribió siete actividades económicas diferentes desde abril de 2007, incluyendo el transporte pesado mediante la sociedad Jomavi S.A. Pese a que la defensa técnica sostuvo que el origen de los fondos correspondía a operaciones crediticias con Banecuador, los fiscales ratificaron que el esquema corporativo buscaba encubrir ingresos incompatibles con su remuneración pública, en un contexto de control institucional frente a causas de peculado y corrupción.
Donación de predio y asesinatos de los aportantes
El rastreo de bienes raíces detectó múltiples propiedades en la provincia de Manabí registradas a nombre de Peñarrieta, quien formalizó la disolución conyugal con Adolfo Macías Villamar en octubre de 2011. Entre los inmuebles incorporados consta un terreno recibido mediante escritura de donación el 10 de febrero de 2023, tasado en USD 461.881 por peritos acreditados.
El ciudadano que efectuó la donación, Johnny G. M., y su hijo Alexander, de 28 años, fueron victimados por sicarios con menos de un mes de diferencia entre febrero y marzo de 2024 en distintos puntos de Manta. Al rendir testimonio ante el Ministerio Público, la cónyuge del donante fallecido afirmó desconocer los motivos de la cesión del predio, elemento considerado por los investigadores como indicio de presiones criminales.
La jueza que dictó el auto de llamamiento a juicio calificó a Peñarrieta como una operadora y vehículo financiero clave de la estructura delictiva, razón por la cual permanece bajo estricta custodia en el complejo penitenciario de Guayaquil a la espera de la audiencia de juzgamiento.
