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ANT amplía al 31 de diciembre el plazo para trámites con multas pendientes

Agencia Nacional de Tránsito atención al usuario

Actualizada:

4 min de lectura
  • La ANT prorrogó la atención de trámites vehiculares sin el bloqueo previo por infracciones de tránsito.
  • La disposición rige a escala nacional para matriculación, revisión técnica, licencias y entrega de placas.
  • La entidad aclaró que la medida no constituye condonación de deudas, sino una prórroga operativa.
  • La resolución busca garantizar la continuidad del servicio frente a intermitencias en la plataforma SUIT.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) oficializó este jueves 1 de octubre de 2026 la extensión hasta el 31 de diciembre de 2026 del plazo extraordinario que permite a la ciudadanía realizar trámites de la ANT y gestiones de transporte terrestre sin la obligación previa de cancelar multas o valores pendientes por infracciones viales acumuladas.

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La resolución de prórroga responde al vencimiento del periodo inicial emitido el pasado 16 de abril. Mediante esta disposición de carácter técnico-administrativo, se mantiene suspendida temporalmente la validación automática de deudas en los sistemas informáticos interconectados, facilitando el despacho continuo de gestiones a cargo de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, las empresas públicas de movilidad como la AMT en Quito, la ATM en Guayaquil y la EMOV en Cuenca, además del control operativo coordinado con la Policía Nacional del Ecuador.

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Trámites habilitados y alcance a escala nacional

El beneficio operativo tiene cobertura en todo el territorio nacional y abarca procesos esenciales como la matriculación vehicular anual según el calendario de calendarización por dígito de placa, la Revisión Técnica Vehicular (RTV), la emisión por primera vez y renovación de licencias de conducir profesionales y no profesionales, la entrega de placas físicas, títulos habilitantes y certificaciones de gravamen o propiedad automotriz.

Desde la dirección ejecutiva de la ANT se enfatizó que la medida no constituye bajo ninguna circunstancia la condonación o prescripción de deudas acumuladas por contravenciones. Se trata de un mecanismo de contingencia institucional orientado a precautelar el derecho de los usuarios a movilizarse legalmente y mantener al día sus documentos vehiculares mientras se completan los procesos de optimización tecnológica en las bases de datos oficiales canalizadas mediante el portal Gob.ec.

Facilidades de pago y convenios para infractores

La entidad rectora del tránsito recordó a los conductores que las obligaciones económicas se mantienen vigentes en el registro individual del conductor o propietario del automotor. Los ciudadanos que deseen regularizar sus saldos pueden acceder a convenios de pago en cuotas o mecanismos de diferimiento ofrecidos por las distintas entidades municipales y la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), evitando recargos por mora al momento de realizar transferencias de dominio o traspasos de dominio vehicular.

Adicionalmente, los usuarios pueden verificar el estado de sus puntos de licencia y el detalle de infracciones a través de las ventanillas digitales de consulta ciudadana, permitiendo programar cancelaciones parciales sin que esto interrumpa la obtención del turno presencial para la renovación del documento físico o el acceso a la licencia digital con plena validez jurídica ante los agentes de control en las vías.

Estabilización del sistema SUIT y antecedentes de intermitencia

La adopción de esta prórroga ocurre tras reiterados incidentes e intermitencias técnicas registradas en el Sistema Único de Tránsito (SUIT), plataforma informática centralizada bajo administración de la entidad estatal. Durante el presente año, caídas imprevistas del sistema en los meses de mayo y septiembre provocaron la suspensión temporal de turnos presenciales y retrasos en la atención ciudadana en las principales agencias cantonales.

Asimismo, la institución avanza en un proceso de reestructuración interna, depuración de bases de datos y auditorías digitales tras las investigaciones judiciales coordinadas por el Ministerio Público en casos de corrupción institucional, asegurando que los usuarios completen sus requisitos administrativos sin verse perjudicados por bloqueos informáticos, en sintonía con las políticas de modernización de servicios y reformas normativas en el país.

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