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Impulsores de la revocatoria a Noboa piden activar el proceso en la CC

El líder indígena Leonidas Iza durante una manifestación

Actualizada:

4 min de lectura
  • Los impulsores de la revocatoria contra Noboa presentaron una acción extraordinaria ante la Corte Constitucional.
  • Buscan revertir la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que ratificó la negativa del CNE a entregar formularios.
  • Encabezan la iniciativa «Revoca EC» el líder indígena Leonidas Iza y el abogado Washington Andrade.
  • El proceso busca recolectar firmas para revocar el mandato de Daniel Noboa y María José Pinto.

Los impulsores de la iniciativa «Revoca EC», que busca someter a revocatoria de mandato al presidente Daniel Noboa y a la vicepresidenta María José Pinto, presentaron este martes una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional del Ecuador, con el objetivo de que dicho organismo deje sin efecto la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que ratificó la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) a entregar los formularios para la recolección de firmas.

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Un proceso que arrancó hace más de un año

La cronología del caso se remonta a agosto de 2025, cuando el CNE negó por primera vez la entrega de los formularios necesarios para iniciar formalmente la recolección de firmas del proceso de revocatoria. Ese mismo mes, el TCE ratificó la negativa del organismo electoral, lo que llevó a los impulsores de la iniciativa a agotar la vía administrativa antes de escalar el caso hasta la Corte Constitucional, la última instancia disponible dentro del sistema de justicia ecuatoriano para este tipo de controversias.

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Quiénes encabezan la iniciativa

Al frente de «Revoca EC» está el líder indígena Leonidas Iza, excandidato presidencial, junto al abogado Washington Andrade, vocero de la iniciativa, y Verónica Naranjo, coordinadora de la organización social UniTierra. «Esta lucha, que hemos encaminado los campesinos, los obreros, los indígenas, no responde a una agenda política», declaró Iza, quien enmarcó el proceso dentro de lo que describió como «un proceso de movilización social» motivado por «la cruda realidad que estamos viviendo».

La apuesta legal de la defensa

El abogado Washington Andrade resumió el fundamento de la acción presentada ante la Corte Constitucional: «dejamos en manos de la Corte Constitucional el respeto al derecho de participación de los ciudadanos», señaló, en referencia al derecho constitucional a impulsar procesos de revocatoria de mandato que, según los impulsores, el CNE y el TCE habrían vulnerado al negarse a entregar los formularios correspondientes.

Un mecanismo constitucional poco usado en Ecuador

La revocatoria de mandato es un mecanismo de democracia directa contemplado en la Constitución ecuatoriana, que permite a los ciudadanos solicitar la destitución de una autoridad electa antes de que finalice su período, siempre que se recolecte el respaldo de firmas equivalente a un porcentaje mínimo del padrón electoral. En la práctica, este mecanismo ha sido utilizado en muy pocas ocasiones a nivel presidencial en la historia reciente del país, en parte por las exigencias procesales que impone la normativa vigente.

Qué sigue en el proceso

La Corte Constitucional deberá ahora admitir a trámite la acción extraordinaria de protección y resolver si la sentencia del TCE y el CNE vulneró efectivamente los derechos de participación de los impulsores, un fallo que definirá si el proceso de revocatoria contra Noboa y Pinto puede finalmente avanzar hacia la etapa de recolección formal de firmas, después de más de un año de trámites administrativos y judiciales sin resolución definitiva.

Un debate que trasciende lo estrictamente legal

Más allá del resultado jurídico que finalmente determine la Corte Constitucional, el proceso de revocatoria contra Noboa se ha convertido en un punto de referencia del clima político ecuatoriano actual, en el que distintos sectores sociales han manifestado abiertamente su descontento con la gestión del Ejecutivo a través de mecanismos institucionales como este, en lugar de recurrir directamente a movilizaciones callejeras masivas como ocurrió en episodios previos de tensión social en el país.

La resolución que finalmente adopte la Corte Constitucional sentará además un precedente relevante sobre el alcance real del derecho a la revocatoria de mandato en Ecuador, un mecanismo que, pese a estar contemplado expresamente en la Constitución, ha enfrentado en la práctica múltiples obstáculos procesales que han dificultado su aplicación efectiva en los pocos intentos serios que se han registrado hasta ahora contra autoridades de elección popular en los últimos años dentro del país. La Corte Constitucional ya tramita en paralelo otros casos de alto perfil social, como la propuesta de cannabis psicoactivo que también llegó recientemente a ese organismo, lo que refleja la creciente carga de causas de relevancia pública que enfrenta el máximo tribunal constitucional del país.

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