- La Red de Acción Cannábica del Ecuador (Redcann) llevó su propuesta ante la Corte Constitucional.
- La iniciativa ciudadana plantea despenalizar el autocultivo de hasta 30 plantas para consumo adulto.
- El proyecto legislativo fue archivado en la Asamblea Nacional al no alcanzar las 34.136 firmas válidas.
- La demanda constitucional alega la vulneración al derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Tras el archivo definitivo de su iniciativa popular normativa en el seno de la Función Legislativa, la Red de Acción Cannábica del Ecuador (Redcann) trasladó su batalla jurídica a la Corte Constitucional (CC) con el objetivo de lograr la despenalización y regulación del cannabis psicoactivo mediante una sentencia vinculante de tutela de derechos fundamentales. El colectivo ciudadano, que agrupa a cultivadores, activistas y usuarios terapéuticos, fundamentó su acción en la vulneración del derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad.
El camino parlamentario de la propuesta concluyó a finales de agosto de 2026, cuando la Asamblea Nacional (Asamblea Nacional) declaró la imposibilidad jurídica de tramitar el proyecto de ley. La resolución sobrevino luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) notificara que la organización reunió 27.697 firmas válidas, una cifra que resultó insuficiente para alcanzar el umbral mínimo exigido por ley de 34.136 firmas (equivalente al 0,25 % del padrón electoral ecuatoriano), pese a una prórroga extraordinaria de 90 días concedida para completar los respaldos.
Alcance de la demanda y el autocultivo recreativo
La vocera nacional de Redcann, Daniela Onofre, explicó que la demanda admitida a trámite por la Corte Constitucional persigue legalizar el consumo y porte de derivados cannábicos con concentraciones superiores al 1 % de tetrahidrocannabinol (THC), sustancia que define la psicoactividad de la planta. Actualmente, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) autoriza de manera estricta únicamente el cáñamo industrial y los productos medicinales con menos del 1 % de THC debidamente certificados por laboratorios autorizados.
El articulado promovido por los activistas plantea la autorización expresa del autocultivo doméstico de hasta 30 plantas florecidas por persona adulta, la prohibición categórica de comercialización a menores de edad sin prescripción médica especializada y la instauración de una entidad de control estatal encargada de auditar la pureza y distribución del producto.
Onofre subrayó que penalizar el cultivo privado empuja a los usuarios hacia redes delictivas de microtráfico, exponiéndolos a adulteraciones químicas peligrosas y criminalizando a ciudadanos sin antecedentes penales.
Diferencias con la industria del cáñamo formal
Desde el sector empresarial, las posturas son marcadamente distantes. Lizbeth Fajardo, presidenta del Clúster Nacional de Cannabis No Psicoactivo y Cáñamo —gremio que integra a 30 empresas ecuatorianas formalmente constituidas—, aclaró que la demanda de Redcann no guarda relación con la actividad productiva regulada que ellos desarrollan.
La industria del cáñamo medicinal y de bienestar en Ecuador ha experimentado un crecimiento sostenido, registrando una facturación de 10 millones de dólares en 2024, 15 millones en 2025 y una proyección de 20 millones de dólares al cierre de 2026 en líneas de cosmética, suplementos dietéticos, veterinaria y bioplásticos.
El tratamiento institucional de iniciativas ciudadanas y reformas regulatorias demuestra el rol activo de las entidades de control del Estado, tal como se evidenció cuando el CNE adecuó sus sistemas de procesamiento y escrutinio para los próximos comicios, garantizando la rigurosidad técnica de los procesos electorales y participativos.
Los juristas de Redcann confían en que los jueces constitucionales adopten un criterio jurisprudencial progresista similar al de otros tribunales de la región, ponderando la autonomía individual y la salud pública por encima de enfoques netamente punitivos que saturan el sistema judicial y penitenciario.
La Corte Constitucional deberá convocar a audiencias públicas con peritos médicos, juristas y representantes de la salud pública antes de emitir un dictamen que podría transformar de raíz el enfoque punitivo sobre las sustancias psicoactivas en el país.
