- La mesa parlamentaria acumuló dos pedidos de interpelación impulsados por la bancada de RC.
- Los cargos abarcan la incursión en la Embajada de México y los índices de violencia e inseguridad.
- Se abrió un término reglamentario de 15 días para la presentación de pruebas de cargo y descargo.
- La ministra del Interior será convocada formalmente a ejercer su derecho a la defensa en comisión.
La Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional del Ecuador resolvió por mayoría este 23 de septiembre de 2026 calificar y unificar a trámite las dos solicitudes de juicio político interpuestas contra la ministra del Interior, Mónica Palencia Núñez, marcando el inicio formal de uno de los procesos de interpelación legislativa más tensos del actual periodo parlamentario, en línea con los recientes procesos de control y fiscalización abordados en las acciones judiciales e institucionales sobre autoridades del Estado ecuatoriano.
La moción de calificación, respaldada por legisladores de la Revolución Ciudadana (RC) y de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), acumuló en un solo expediente las denuncias presentadas por los asambleístas Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas. Las causales esgrimidas señalan presunto incumplimiento de funciones en dos ámbitos determinantes: la planificación operativa del Plan Fénix frente al incremento de homicidios intencionales y extorsiones, y la incursión armada policial en la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril para capturar al exvicepresidente Jorge Glas.
Apertura del periodo probatorio y testimonios de cargo
Con la calificación formal, la presidenta de la mesa legislativa notificó de inmediato a las partes procesales la apertura del término improrrogable de 15 días calendario para la postulación, actuación y evacuación de pruebas testimoniales y documentales. Los asambleístas proponentes anunciaron que solicitarán la comparecencia de altos mandos de la cúpula policial, exfuncionarios de seguridad y expertos constitucionalistas, así como informes desclasificados sobre las operaciones tácticas ejecutadas durante los estados de excepción.
Por su parte, la ministra Palencia, a través de voceros del Ministerio del Interior, ha reiterado en reiteradas ocasiones su absoluta disposición para comparecer ante el órgano legislativo y rebatir con cifras técnicas las acusaciones de la oposición. La secretaria de Estado sostiene que las acciones emprendidas respondieron a imperativos de soberanía y combate directo al crimen organizado, logrando incautaciones históricas de cocaína y la captura de cabecillas de alto valor.
Tensiones políticas y correlación de votos hacia el pleno
El trámite del juicio político a Palencia se produce en un clima de alta polarización política de cara a la campaña electoral de 2027. Para la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), el proceso representa un intento sistemático de desestabilización institucional impulsado por sectores afines al correísmo para desmantelar la política de mano dura del presidente Daniel Noboa.
Una vez fenecido el plazo de prueba, la Comisión de Fiscalización dispondrá de cinco días adicionales para elaborar y votar el informe no vinculante que recomendará el archivo o la censura y destitución de la funcionaria ante el pleno parlamentario. Para consumar la censura en el salón Nela Martínez se requerirá el respaldo de una mayoría calificada de 92 votos afirmativos, cifra que actualmente mantiene en intensas negociaciones a las bancadas independientes y minoritarias.
Efectos en la conducción del Bloque de Seguridad
Analistas de defensa destacan que la permanencia de Palencia al frente de la cartera de Interior es considerada estratégica por el Gobierno para mantener la coordinación con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en las intervenciones provinciales prioritarias. Una eventual destitución obligaría al Ejecutivo a una recomposición de su gabinete ministerial en una coyuntura marcada por la tensión carcelaria y los operativos en puertos marítimos.
Organizaciones ciudadanas demandan que el proceso parlamentario se desarrolle con rigurosidad jurídica y sin cálculos electoreros, exigiendo que las comparecencias arrojen respuestas claras sobre la efectividad de las partidas presupuestarias destinadas al equipamiento policial y la protección de los barrios más vulnerables del país.
Asimismo, sectores empresariales y productivos expresaron su preocupación por el impacto que la pugna entre los poderes del Estado pueda generar sobre la confianza de los inversionistas internacionales, llamando a mantener canales de diálogo constructivo en beneficio de la estabilidad democrática.
El desenlace de este juicio político pondrá a prueba la solidez de la coalición gubernamental en el Parlamento, definiendo el rumbo institucional de la seguridad interna en una etapa definitoria para la estabilidad democrática del Ecuador.
