- La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU advierte que el aparato represivo en Venezuela «sigue intacto» pese a la captura de Nicolás Maduro.
- El informe reconoce una baja significativa de detenciones prolongadas y desapariciones forzadas desde el ataque militar de Estados Unidos del 3 de enero.
- Persisten leyes que criminalizan la disidencia y los llamados «colectivos» armados no han sido desarmados.
- La misión documenta patrones de tortura contra detenidos políticos, incluida intubación forzada y confinamiento en cisternas.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas advirtió este martes que «las instituciones estatales responsables de la represión siguen intactas» en Venezuela, pese a la captura del expresidente Nicolás Maduro tras el ataque militar estadounidense del pasado 3 de enero.
El informe, presentado por la presidenta de la misión, Sofía Macher, junto a la experta María Eloisa Quintero, reconoce avances puntuales desde la captura de Maduro: una disminución significativa de las detenciones prolongadas y las desapariciones forzadas, la liberación de cientos de presos políticos y una mayor flexibilidad para las manifestaciones públicas.
Reformas pendientes y aparato represivo sin desmontar
Sin embargo, la misión de Naciones Unidas subraya que esas mejoras no equivalen a un cambio estructural: las leyes que criminalizan la disidencia siguen vigentes, no se han emprendido reformas institucionales de fondo y los llamados «colectivos» —grupos paramilitares afines al chavismo— continúan armados y operando sin control efectivo del nuevo gobierno.
El documento detalla, además, patrones documentados de tortura contra detenidos políticos que datan de la etapa previa a la captura de Maduro, entre ellos intubación forzada, confinamiento en cisternas subterráneas, celdas de aislamiento minúsculas, exposición prolongada al frío y privación de alimentos, prácticas que la misión atribuye a agentes de inteligencia y seguridad del Estado.
Un país en transición vigilada de cerca
Analistas internacionales consultados por medios como la BBC Mundo coinciden en que la permanencia de la estructura represiva complica cualquier proceso de transición democrática ordenada, incluso con Maduro fuera del poder. La funcionaria Delcy Rodríguez, que aparece mencionada en el informe, no ha respondido públicamente a los señalamientos de la misión.
La ONU pidió al nuevo gobierno venezolano garantías concretas de no repetición, incluida la disolución efectiva de los colectivos armados y la derogación de las leyes que aún permiten perseguir judicialmente a opositores y periodistas. La misión anunció que continuará su trabajo de verificación en el terreno en los próximos meses, con nuevos informes previstos ante el Consejo de Derechos Humanos.
El seguimiento del caso venezolano ocurre mientras la región reacomoda su política exterior hacia Caracas: Estados Unidos sacó esta semana a Venezuela de su lista negra antidrogas tras dos décadas, y países vecinos como Colombia ya ajustan sus propios protocolos fronterizos ante el nuevo escenario político venezolano.
El caso venezolano se suma a la lista de países que la comunidad internacional observa de cerca por el riesgo de que la salida de un régimen autoritario no se traduzca automáticamente en el desmantelamiento de sus mecanismos de control social.
Antecedentes: una misión activa desde 2019
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos fue creada por el Consejo de Derechos Humanos en 2019 para investigar violaciones ocurridas en Venezuela desde 2014, y en informes previos había documentado ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas atribuidas a cuerpos de seguridad del Estado durante los años de mayor represión bajo el gobierno de Maduro. El informe de este martes es el primero que evalúa el terreno después de la captura del exmandatario, y por eso adquiere un peso comparativo especial frente a los reportes anteriores de la misma misión.
Organizaciones de derechos humanos venezolanas, citadas junto al trabajo de la misión, calculan en varios miles los casos de detención arbitraria documentados desde 2014, una cifra que el nuevo informe reconoce que ha empezado a reducirse pero que está lejos de resolverse con la sola salida de Maduro del poder. La ONU insiste en que sin desarme de los colectivos y sin depuración de los cuerpos de inteligencia, el riesgo de que persistan violaciones similares sigue vigente pese al cambio de liderazgo en Miraflores.
