El movimiento Unidad Popular presentó una tercera demanda de inconstitucionalidad contra la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial Cootad. La ley obliga a los Gobiernos Autónomos Descentralizados a destinar al menos el 70% de su presupuesto anual a inversión y obra pública. También fija un tope del 30% para gasto corriente.
La reforma fiscal de los GAD está vigente desde el 21 de febrero de 2026. Cambia la forma en que municipios y prefecturas distribuyen sus recursos. Con esta norma, los GAD deben priorizar obras y proyectos de infraestructura por encima de otros gastos, lo que ha sido motivo de crítica por parte de Unidad Popular.
Unidad Popular amplía la disputa en la Corte
Con esta acción, Unidad Popular se suma a otras demandas contra la reforma fiscal de los GAD. Antes acudieron a la Corte el concejal de Quito Andrés Campaña y varias organizaciones sociales. Entre ellas están la Unión Nacional de Educadores, la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador y la Federación de Barrios de Quito junto a su núcleo de Pichincha.
La Prefectura de Pichincha anunció que también presentará una acción. Su Consejo Provincial aprobó esa decisión esta semana, mostrando una postura cercana a Unidad Popular.
Los demandantes sostienen que la reforma fiscal de los GAD tuvo fallas en su trámite. Además, aseguran que afecta la autonomía de municipios y prefecturas. Piden medidas cautelares para frenar la aplicación de la ley mientras la Corte toma una decisión final, una solicitud impulsada especialmente por miembros de Unidad Popular.
Reforma fiscal de los GAD impone controles y sanciones
La reforma fiscal de los GAD no solo fija porcentajes obligatorios. También exige reportes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto. Si un gobierno local incumple, el Ejecutivo puede aplicar recortes, como los propuestos por Unidad Popular en su demanda.
Esas reducciones pueden ir del 30% al 50% del presupuesto institucional. Esta posibilidad preocupa a varias autoridades locales. Señalan que muchos programas sociales se pagan con gasto corriente. Con el límite del 30%, algunos servicios podrían verse afectados, según advierten los representantes de Unidad Popular.
Para Unidad Popular, estas reglas limitan la capacidad de gestión de los GAD. El movimiento insiste en que la Constitución garantiza autonomía financiera a los gobiernos seccionales.
Un antecedente reciente en la Corte Constitucional
En septiembre de 2025, la Corte dejó sin efecto dos leyes aprobadas bajo el mecanismo de urgencia económica. El tribunal consideró que no cumplieron los requisitos formales. Este antecedente ha sido utilizado como fundamento por Unidad Popular en el marco de disputas similares.
Ese antecedente es citado por Unidad Popular en su demanda contra la reforma fiscal de los GAD. Sin embargo, el escenario actual es diferente. Más de 20 demandas contra otras leyes del Ejecutivo siguen pendientes. Por eso, el fallo sobre esta reforma podría tardar y tendrá un impacto importante para Unidad Popular y otros actores.
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