- El Secretario General de Integridad Pública y Anticorrupción, José Julio Neira, se pronunció con firmeza tras las recientes diligencias judiciales y allanamientos ejecutados en Quito dentro del denominado Caso Laberinto, proceso en el que se investiga presunto lavado de activos y financiamiento ilícito en la campaña presidencial del movimiento Revolución Ciudadana (RC).
- A través de declaraciones públicas difundidas en sus canales oficiales, Neira denunció la existencia de una presunta estructura articulada que habría movilizado alrededor de 500.
- El titular de la Secretaría Anticorrupción demandó a los jueces y fiscales asignados a la causa actuar con total celeridad e imparcialidad, subrayando que la sociedad civil demanda transparencia absoluta sobre el origen de los recursos que sostienen a las organizaciones políticas en contiendas electorales.
El Secretario General de Integridad Pública y Anticorrupción, José Julio Neira, se pronunció con firmeza tras las recientes diligencias judiciales y allanamientos ejecutados en Quito dentro del denominado Caso Laberinto, proceso en el que se investiga presunto lavado de activos y financiamiento ilícito en la campaña presidencial del movimiento Revolución Ciudadana (RC).
Señalamientos sobre 500.000 dólares sin justificación contable
A través de declaraciones públicas difundidas en sus canales oficiales, Neira denunció la existencia de una presunta estructura articulada que habría movilizado alrededor de 500.000 dólares en fondos opacos para el financiamiento de la campaña de Luisa González en 2023. El funcionario vinculó directamente estos flujos económicos con otras investigaciones paralelas que indagan presuntos actos de corrupción en contrataciones del Municipio de Quito.
Neira enfatizó que las pruebas recabadas en los operativos preliminares demuestran conexiones financieras entre proveedores contractuales de entidades seccionales y dirigentes políticos del correísmo, señalando que la trazabilidad de los recursos apunta a esquemas de intermediación diseñados para evadir los controles del Consejo Nacional Electoral (CNE). Este desarrollo se articula con iniciativas de investigaciones fiscales por presuntos aportes irregulares de campaña.
Exigencia de rigor probatorio y celeridad procesal
El titular de la Secretaría Anticorrupción demandó a los jueces y fiscales asignados a la causa actuar con total celeridad e imparcialidad, subrayando que la sociedad civil demanda transparencia absoluta sobre el origen de los recursos que sostienen a las organizaciones políticas en contiendas electorales.
Por su parte, voceros y abogados defensores de Luisa González y del movimiento Revolución Ciudadana han calificado las diligencias de ‘persecución política’ motivada por el calendario preelectoral, asegurando que todos los aportes de campaña fueron debidamente registrados y auditados ante los organismos electorales competentes.
El avance del Caso Laberinto continuará en los tribunales con la toma de versiones de exfuncionarios y peritajes contables especializados que definirán las responsabilidades penales de los implicados en los próximos meses.
El Caso Laberinto se ha transformado en un eje neurálgico del debate político nacional, donde se confrontan las posturas del Ejecutivo en torno a la fiscalización de las finanzas partidistas con las denuncias de hostigamiento procesal formuladas por las bancadas opositoras. El Código de la Democracia ecuatoriano establece estrictas directrices sobre la procedencia de las donaciones de campaña, sancionando el ingreso de fondos no declarados o de origen injustificado.
Veedores institucionales y especialistas en transparencia pública subrayan la trascendencia de que las pericias contables y el levantamiento del sigilo bancario se ejecuten con apego irrestricto a los estándares probatorios, evitando filtraciones selectivas que vicien los procesos y garantizando que los tribunales actúen como árbitros imparciales en beneficio de la estabilidad democrática.
Fuente original: La República EC / Política
