El debate sobre el concurso para designar al nuevo fiscal general del Estado gira en torno a una idea incómoda: la falta de credibilidad del proceso. En lugar de generar confianza, el mecanismo impulsado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha profundizado el escepticismo en el ámbito jurídico nacional.
La tesis es contundente: si los juristas más preparados y con trayectoria intachable decidieran postular, aun sabiendo que no tienen posibilidades reales de ganar, dejarían en evidencia cualquier intento de manipulación. Su eventual derrota frente a perfiles cuestionados sería la prueba más clara de que el resultado estaba escrito de antemano.
Dos desenlaces posibles en un proceso bajo sospecha
El escenario actual permite prever solo dos caminos. El primero: que el proceso concluya con la designación de un fiscal alineado con el Ejecutivo. El segundo: que las irregularidades acumuladas provoquen la caída del concurso y se ratifique al actual fiscal subrogante.
En ambos casos, el efecto político sería similar. La continuidad o el reemplazo terminarían asegurando una figura funcional al poder de turno. El trasfondo del dilema no es jurídico, sino institucional: quién controla la Fiscalía y bajo qué condiciones de legitimidad.
El silencio de los gremios y la desconfianza generalizada
Uno de los datos más reveladores es la distancia que han tomado los principales actores del mundo jurídico. Colegios de abogados y facultades de Derecho han evitado respaldar candidaturas. La percepción dominante es que participar equivale a legitimar un procedimiento viciado desde su origen.
Cuando juristas con trayectoria pública prefieren abstenerse, el mensaje es claro: no consideran que existan garantías mínimas de imparcialidad. La ausencia de postulaciones de alto perfil debilita aún más la imagen del concurso.
La Comisión de Selección en el centro de las críticas
Las dudas no se limitan al resultado eventual, sino que alcanzan la estructura misma del proceso. La conformación de la Comisión Ciudadana de Selección ha sido señalada por supuestos vínculos políticos y por cuestionamientos a la experiencia de algunos de sus integrantes.
El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, también ha sido objeto de críticas públicas relacionadas con su patrimonio. Su silencio frente a las acusaciones ha alimentado la percepción de falta de transparencia en un proceso que debería sostenerse, precisamente, sobre la confianza ciudadana.
El riesgo de un filtro discrecional
A las dudas institucionales se suma el temor a mecanismos administrativos que podrían excluir candidatos incómodos. La posibilidad de inhabilitaciones basadas en observaciones tributarias o administrativas abre la puerta a decisiones discrecionales que alteren la competencia.
En este contexto, el concurso deja de percibirse como una competencia meritocrática y pasa a verse como un trámite formal para validar una decisión política previa.
Participar para evidenciar
Frente a este panorama, surge una propuesta provocadora: que los juristas de mayor prestigio se postulen, aun sabiendo que no ganarán. Su presencia obligaría a comparar trayectorias, credenciales y reputaciones. Si fueran derrotados por perfiles con menos méritos, el contraste hablaría por sí mismo.
La transparencia no siempre se demuestra con victorias, sino también con derrotas que revelan incoherencias. En un proceso bajo sospecha, la participación masiva de candidatos intachables podría convertirse en la prueba más elocuente de cualquier fraude.
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