- La Fiscalía vinculó a Luisa González, Santiago Díaz, Estefanía Molina y Wendy Onofre por presunto lavado de activos.
- El juez Harry Navarrete dictó prisión preventiva y fijó 90 días para cerrar la instrucción fiscal.
- La investigación analiza fondos de la campaña presidencial de 2023 de la Revolución Ciudadana.
- Las cifras no coinciden: el Gobierno menciona USD 500.000; Primicias habla de una matriz de USD 725.933.
- Correa y la RC hablan de persecución política; Neira dice que los implicados deberán responder ante la justicia.
El juez Harry Navarrete dictó este viernes 23 de octubre de 2026 prisión preventiva contra la excandidata presidencial Luisa González y otros tres procesados en el caso Laberinto, una investigación por presunto lavado de activos vinculada al financiamiento de su campaña de 2023. La resolución también ordenó medidas cautelares sobre bienes y cuentas bancarias de los procesados.
Detención y audiencia de cargos
La Fiscalía y la Policía Nacional aprehendieron a González la madrugada del jueves 22 de octubre en su domicilio, en Canuto, provincia de Manabí. El operativo incluyó intervenciones en Pichincha y dejó tres detenidos, según Expedientes. La noticia de la aprehensión ya fue informada por Panorama Ecuador.
La audiencia de formulación de cargos se instaló la noche del 22 de octubre, después de que un primer intento telemático fallara por problemas de conexión con los detenidos. En esa diligencia, la Fiscalía vinculó a González, al exasambleísta Santiago Díaz, a Estefanía Molina y a Wendy Onofre para determinar sus responsabilidades penales.
En la madrugada del viernes 23, el juez acogió de manera total la solicitud de la Fiscalía General del Estado y ordenó la prisión preventiva para los cuatro procesados. La misma resolución fijó un plazo de 90 días para el desarrollo y cierre de la instrucción fiscal. Durante ese periodo, el Ministerio Público reunirá pruebas sobre el presunto delito de lavado de activos, centrado en el posible financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2023.
Las medidas cautelares de carácter real prohíben enajenar inmuebles y vehículos, y ordenan el bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias registradas a nombre de los procesados. Su objetivo es precautelar eventuales responsabilidades económicas.
Del expediente electoral a la investigación penal
El origen del caso está en el proceso electoral. En abril de 2026, el juez electoral Guillermo Ortega sancionó a González, al excandidato a la vicepresidencia Andrés Arauz y a la responsable económica Estefanía Molina con una multa de USD 18.000 como responsables solidarios. El fallo fue ratificado en última instancia en junio de 2026, tras el pago de la multa.
Ese fallo remitió el expediente a la Fiscalía al advertir inconsistencias en aportes sin justificar, publicidad no autorizada e indicios sobre el origen de los recursos. Las denuncias que dieron inicio al proceso fueron presentadas en 2025 por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint.
Otras tres denuncias del CNE contra la Revolución Ciudadana no prosperaron en la vía electoral, por prescripción o por fallos del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Ese desenlace derivó en investigaciones de la Contraloría y en la destitución de cinco funcionarios electorales por omisiones administrativas.
Según la Fiscalía, la investigación penal indaga si fondos de origen ilícito, procedentes de la comercialización ilegal de hidrocarburos, se integraron para financiar la contienda electoral de 2023 de la Lista 5. González perdió en ambas vueltas frente a Daniel Noboa.
Cifras y vínculos bajo investigación
Las cifras difundidas no coinciden entre sí. El secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, quien también es portavoz de la Presidencia, afirmó que uno de los ejes de la investigación es determinar el origen y destino de aproximadamente USD 500.000 vinculados a presuntos gastos de financiamiento de la campaña de 2023.
Por su parte, Primicias informó, con acceso a expedientes del caso, que una matriz de control financiero de la empresa Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A. estaría vinculada a la campaña. Las autoridades investigan si esa matriz asignó un monto aproximado de USD 725.933: USD 447.933 para la primera vuelta y USD 278.000 para la segunda, según chats analizados por la Fiscalía. Son datos de la investigación, no hechos comprobados en juicio.
Ternape fue creada en 2017 para la comercialización de combustibles. Entre sus fundadores figuran Aquiles Álvarez y sus hermanos Antonio y Xavier, todos procesados en el caso Goleada. Álvarez permanece detenido desde inicios de 2026. Neira indicó que la investigación examina posibles vínculos entre personas jurídicas del entramado empresarial de Álvarez y el caso Laberinto.
La directora general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Ana Paula Patiño, señaló que las operaciones bajo sospecha habrían sido ejecutadas por terceros de nacionalidad venezolana y colombiana. Neira mencionó otra de las hipótesis de la Fiscalía: el ingreso de dinero en efectivo desde Venezuela.
Respecto de ingresos cercanos a USD 400.000, según Primicias, el 80 % se habría recibido en apenas dos meses, mediante transferencias bancarias y depósitos en efectivo. Ninguno de esos montos ha sido probado en juicio.
Reacciones políticas
El expresidente Rafael Correa calificó la detención como una «brutal persecución política». La presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, habló de un «secuestro» y cuestionó que el procedimiento se haya producido a pocas semanas de las elecciones seccionales. Según El Mercurio, los asambleístas del movimiento protestaron en el Pleno de la Asamblea Nacional para exigir la liberación de su excandidata.
Desde el oficialismo, el vicepresidente de la Asamblea, Esteban Torres, de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), afirmó que el correísmo tiene derecho a expresar su postura. Pidió cautela, porque se trata de una investigación de la Fiscalía, y rechazó vincular el caso con las próximas elecciones seccionales.
Neira, en sus redes sociales, planteó las preguntas que, según dijo, deben responder los involucrados: «¿Quién auspicia una campaña política con cientos de miles de dólares en efectivo?, ¿de dónde salieron esos recursos y por qué no fueron declarados?».
Analistas consultados por El Mercurio atribuyen a la detención otros propósitos. El analista Pedro Donoso habló de una estrategia para distraer a la ciudadanía frente a los posibles cortes de energía. El politólogo Alfredo Espinosa sostuvo que la detención busca desviar la atención de la crisis de El Niño, los apagones y el desabastecimiento de medicinas. Son interpretaciones de esos analistas, no hechos verificados.
En agosto, la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, había afirmado: «El Gobierno de Noboa parece estar siendo más efectivo en tratar de atacar a los partidos de oposición que al propio crimen organizado». Espinosa vinculó esa afirmación con la detención y describió a González como una de las candidatas más fuertes para las próximas elecciones presidenciales.
Lo que aún no está establecido
La prisión preventiva es una medida cautelar y no equivale a una condena. La responsabilidad penal de los procesados deberá determinarse dentro del proceso, una vez concluida la instrucción fiscal.
En las fuentes consultadas para esta nota no aparece la versión de la defensa de los procesados. Tampoco se han difundido, en esos reportes, documentos judiciales completos que permitan confirmar las cifras señaladas por la Fiscalía.
Esta nota reúne información de cuatro reportes publicados el 22 y el 23 de octubre de 2026, entre ellos el de Última Hora Ecuador sobre la prisión preventiva, el de Primicias sobre el origen de las cifras y el de El Mercurio sobre las reacciones políticas.
