- Un juez de Quito dictó prisión preventiva contra 36 procesados por delincuencia organizada.
- La red ocultaba cargamentos de cocaína en cajas de banano de exportación hacia Europa y EE. UU.
- Las capturas se ejecutaron en Guayas y Los Ríos con apoyo del Comando Sur y la DEA.
- Los decomisos atribuidos suman 6.190 paquetes de droga valorados en USD 322 millones.
La Unidad Judicial Especializada en Corrupción y Crimen Organizado de Quito dictó prisión preventiva para 36 ciudadanos ecuatorianos procesados por el presunto delito de delincuencia organizada, tras una audiencia de formulación de cargos de seis horas concluida este 25 de septiembre de 2026. La instrucción fiscal tendrá una duración legal de 90 días para profundizar en la estructura logística, financiera y patrimonial de la organización.
Según la teoría expuesta por los agentes fiscales, la red desarticulada mantenía presuntos vínculos operativos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y utilizaba empresas exportadoras y contenedores marítimos para camuflar alcaloide con destino a puertos de Europa, Estados Unidos y Centroamérica. La resolución judicial incluyó la prohibición estricta de enajenar bienes muebles e inmuebles, la inmovilización de vehículos incautados y la retención total de cuentas bancarias en el sistema financiero nacional.
Modus operandi en centros de acopio y haciendas bananeras
Las investigaciones policiales establecieron que el grupo criminal empleaba viviendas rurales, bodegas industriales y haciendas productoras de banano localizadas estratégicamente en las provincias de Los Ríos y Guayas. En estos puntos se procedía a contaminar las cajas de fruta antes de su traslado a las terminales portuarias, eludiendo inicialmente los filtros comerciales de control mediante sellos de seguridad adulterados.
A la estructura se le atribuye la propiedad de aproximadamente 6.190 paquetes de cocaína incautados en cinco operativos ejecutados a lo largo del año en zonas de La Troncal, el sector de La Alborada en el norte de Guayaquil, dos cantones agrícolas de Los Ríos y el puerto de aguas profundas de Posorja. En tres de aquellas intervenciones, los agentes antidrogas hallaron la sustancia estupefaciente acondicionada en los fondos falsos del cargamento de exportación, generando un perjuicio estimado en USD 322 millones a la economía criminal.
El proceso guarda concordancia con los patrones detectados en investigaciones judiciales por delincuencia organizada y lavado de activos, en las que estructuras fachada intentan justificar movimientos financieros y amparar operaciones de comercio exterior ilícitas mediante compañías de transporte y logística comercial.
Operativos conjuntos y actuaciones del Ministerio del Interior
La captura de los 36 involucrados se materializó durante la madrugada del jueves 24 de septiembre, en un amplio despliegue conjunto liderado por la Policía Nacional del Ecuador que contó con asesoría técnica y tropas operativas del Comando Sur de Estados Unidos y la Administración de Control de Drogas (DEA).
El ministro del Interior, John Reimberg, informó que entre los aprehendidos constan alias Gran Jefe, detenido en una exclusiva urbanización de Isla Mocolí, y alias Ruco, ubicado en Riberas del Batán, a quienes la cartera de Estado perfila preliminarmente como presuntos cabecillas y financistas de la red. Durante los allanamientos se incautaron vehículos de alta gama, terminales de comunicación satelital y documentación contable vinculada a empresas pantalla.
Marco sancionatorio y alcance de la instrucción fiscal
El delito de delincuencia organizada tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal contempla penas privativas de libertad de siete a diez años para quienes actúen como colaboradores o ejecutores, y de hasta trece años para quienes lideren o financien estas estructuras ilícitas. La defensa técnica de los procesados presentó recursos de apelación oral durante la diligencia, los cuales fueron rechazados por el juzgador al considerar acreditado el riesgo procesal de fuga.
Voceros de la Fiscalía General del Estado y del Ministerio del Interior ratificaron que los elementos recabados mediante vigilancias, seguimientos e interceptaciones autorizadas serán sustentados en la correspondiente etapa preparatoria de juicio bajo estricto apego al debido proceso y las garantías constitucionales.
