- La empresa Queenwater S.A. fue sentenciada a liquidación judicial por lavado de activos.
- La firma vinculada al entorno familiar de alias Fito reportó pérdidas contables en su balance final.
- Los estados financieros declararon rubros en cero en el capítulo de propiedades, planta y equipos.
- Durante su operación formal, la compañía obtuvo contratos con entidades públicas en Manabí.
En el marco del proceso judicial conocido como Caso Blanqueo Fito, la empresa embotelladora Queenwater S.A., vinculada directamente al círculo familiar de José Adolfo Macías Villamar, alias «Fito», ejecutó maniobras contables para declarar cuentas vacías y pérdidas operativas antes de que el tribunal penal ordenara su disolución forzosa. La compañía formó parte de la red de lavado de activos estructurada por el grupo delictivo Los Choneros en la provincia de Manabí.
Balances en cero ante la Superintendencia de Compañías
La sentencia penal de primera instancia, dictada el 28 de mayo de 2026, condenó a la liquidación definitiva de Queenwater S.A. y al comiso de sus bienes a favor del Estado. No obstante, las revisiones societarias revelaron que apenas un mes antes del fallo oral, el 30 de abril de 2026, los representantes legales de la firma presentaron ante los entes de control un balance financiero donde registraban pérdidas netas y declaraban en cero absoluto el renglón de «propiedades, planta y equipos».
Según el expediente analizado por Primicias, Queenwater S.A. fue constituida formalmente en mayo de 2018 en la ciudad de Manta con un objeto social orientado a la fabricación, distribución y venta de agua purificada, hielo y bebidas no alcohólicas. La titularidad accionaria figuraba a nombre de Inda Peñarrieta, cónyuge del líder criminal extraditado a Estados Unidos, junto a otros familiares cercanos.
La investigación financiera determinó que la compañía sirvió como vehículo de blanqueo para inyectar recursos procedentes del narcotráfico y la extorsión al circuito bancario formal. Pese a que en años anteriores la empresa reportó ingresos superiores al millón de dólares y levantó galpones con maquinaria industrial automatizada en el sector de Los Esteros, en su última declaración contable la gerencia reportó ingresos por apenas USD 14.000 y una pérdida acumulada de USD 12.800, vaciando sus activos tangibles antes de la incautación judicial.
Contratos con entidades estatales y esquemas de fachada
Uno de los hallazgos más alarmantes del Caso Blanqueo Fito fue constatar que Queenwater S.A. logró calificar como proveedora del Estado ecuatoriano a través del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). Entre 2019 y 2023, la embotelladora suscribió convenios de suministro con dependencias públicas cantonales, patronatos municipales e instituciones educativas fiscales en Manabí, facturando servicios regulares con dinero público mientras operaba como fachada del crimen organizado.
Los reportes de operaciones inusuales e injustificadas elaborados por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) permitieron a la Fiscalía rastrear transferencias no justificadas por más de USD 23 millones canalizadas a través de una veintena de empresas familiares, negocios de transporte pesado y depósitos en efectivo en cooperativas locales.
El desmantelamiento de estas redes patrimoniales ilícitas refleja el esfuerzo sostenido de las fuerzas de seguridad por golpear las finanzas del crimen transnacional, de manera análoga a los recientes operativos antidrogas donde la Policía desarticuló una red que camuflaba droga en tarrinas de comida en El Oro, evidenciando que las organizaciones criminales emplean métodos comerciales legítimos para ocultar sus economías subterráneas.
Peritos contables de la Policía Judicial demostraron que los supuestos clientes corporativos de la embotelladora no contaban con actividad económica real ni declaraciones tributarias congruentes, simulando ventas de bidones de agua para justificar ingresos millonarios en cuentas de ahorro corporativas.
Disolución judicial y rastreo de bienes ocultos
El tribunal penal que sentenció a los testaferros de alias Fito ordenó a la Superintendencia de Compañías nombrar de forma inmediata a un liquidador judicial para tomar posesión de las cuentas bancarias residuales y rastrear el paradero de los vehículos de carga pesada y líneas de embotellado que fueron retiradas subrepticiamente de las instalaciones fabriles de Manta antes de los allanamientos.
La Fiscalía General del Estado abrió una causa penal derivada por fraude procesal y ocultamiento de bienes contra los administradores que suscribieron el balance con datos presumiblemente falsos. El Caso Blanqueo Fito se ratifica así como un hito jurisprudencial que evidencia la urgencia de profundizar los controles cruzados entre el sistema tributario, las notarías y los registros mercantiles para impedir que el narcotráfico continúe penetrando la economía formal y la contratación pública del Ecuador.
El Estado ecuatoriano inició los trámites de extinción de dominio sobre los predios y galpones industriales de la embotelladora para transferirlos al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) y subastarlos en beneficio del tesoro nacional.
Las investigaciones de la Fiscalía demostraron que los ingresos ilícitos permitieron a la organización criminal adquirir bienes inmuebles de alta plusvalía en urbanizaciones privadas de Manta y Portoviejo, los cuales están actualmente bajo custodia policial a la espera de la sentencia definitiva de comiso.
