- La Operación Gran Fénix Cantabria identificó a Jackson Felipe Z. M. como operador financiero.
- El procesado integraba un entramado de empresas mineras y exportadoras de banano en Guayas.
- Las investigaciones policiales señalan nexos con la mafia balcánica y alias Pipo de Los Lobos.
- La Fiscalía rastrea millonarias adquisiciones inmobiliarias en La Puntilla y Plaza Lagos.
Nuevos detalles revelados en la investigación de la Operación Gran Fénix Cantabria permitieron a la Policía Nacional y a la Fiscalía General del Estado trazar la estructura corporativa utilizada por Jackson Felipe Z. M., señalado como operador financiero del cabecilla de Los Lobos, alias Pipo, y emisario directo de organizaciones de narcotráfico europeas como la denominada mocro maffia y la mafia balcánica.
Sociedades comerciales, concesiones mineras y exportaciones
De acuerdo con los expedientes judiciales del caso, el procesado figuraba desde el año 2022 en los directorios de al menos cinco compañías mercantiles domiciliadas en Guayaquil y Samborondón. Entre las actividades formales registradas constaban la exportación de banano y frutas tropicales hacia puertos de Países Bajos y Bélgica, así como concesiones de minería a pequeña escala en las provincias de Azuay y El Oro.
Los agentes de la Unidad de Investigación Antidrogas establecieron que estas firmas funcionaban como fachadas para justificar el ingreso de remesas internacionales y comprar maquinaria pesada, vehículos blindados de alta gama y propiedades de lujo en zonas residenciales exclusivas como La Puntilla y Mocolí.
Este caso profundiza las pesquisas iniciadas en el sector, conectando directamente con las capturas reportadas en la red de lavado de dinero de alias Pipo en Samborondón, donde empresarios y exuniformados fueron vinculados a procesos penales por delincuencia organizada.
Cooperación internacional y rastreo de activos
Las autoridades ecuatorianas coordinan con agencias de seguridad de la Unión Europea (Europol) y la Interpol para congelar cuentas bancarias en el extranjero y determinar el destino de más de 15 millones de dólares que habrían sido movilizados mediante este esquema ilícito.
El Ministerio del Interior ratificó que continuarán los allanamientos y auditorías forenses a empresas de comercio exterior que presenten incrementos patrimoniales no justificados ante el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Perfil financiero y rastreo patrimonial en el sistema bancario
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emitió informes de inteligencia que alertaron sobre movimientos injustificados de dinero que superaban los 15 millones de dólares en cuentas vinculadas a empresas creadas en los últimos cuatro años. Las transferencias involucraban intermediarios financieros en paraísos fiscales y adquisiciones de embarcaciones de recreo y fincas agrícolas en Guayas y Los Ríos.
La coordinación de la Policía Nacional con agregados policiales de España, Bélgica y Países Bajos permitió verificar que el procesado actuaba como nexo logístico para facilitar la salida de cargamentos contaminados desde terminales portuarios de Guayaquil hacia Amberes y Róterdam, consolidando una red criminal transnacional que operaba bajo el amparo de fachadas comerciales de exportación legítima.
Articulación interinstitucional contra el lavado de activos
La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional continúan recopilando evidencias societarias para sustentar el juicio por delincuencia organizada y lavado de activos. Las autoridades destacaron que la desarticulación de las estructuras financieras de las organizaciones criminales es fundamental para debilitar su capacidad logística y patrimonial en el país.
El Ministerio del Interior y la Policía Nacional ratificaron su compromiso de profundizar las investigaciones societarias para golpear las finanzas de las bandas delictivas y cortar los flujos de dinero sucio que alimentan la violencia y la delincuencia en el país.
Los informes financieros y societarios recabados formarán parte del expediente acusatorio que la Fiscalía sustentará ante los jueces competentes en los próximos meses, reforzando la lucha contra las redes criminales transnacionales.
Las diligencias judiciales continuarán avanzando bajo la dirección de los fiscales asignados, quienes presentarán los elementos de convicción recabados para asegurar que los responsables del presunto lavado de activos y delincuencia organizada enfrenten el peso de la ley en los tribunales.
Las autoridades judiciales mantendrán el seguimiento minucioso del caso para evitar que bienes ilícitos continúen circulando en el sistema económico formal.
