- Un informe catastral revela 34 inmuebles por USD 4,2 millones a nombre de la red de Fito.
- Los predios en Manta, Portoviejo y Montecristi no registran trabas administrativas.
- La Fiscalía detectó diferencias millonarias entre avalúos municipales y peritajes reales.
- Casas con búnkeres, ascensores y piscinas figuraban con avalúos básicos de terreno.
Pese al avance judicial de la causa penal por lavado de activos denominada Blanqueo Fito, que indaga movimientos ilícitos por más de USD 25,8 millones, un minucioso análisis técnico a 38 certificados catastrales en los cantones de Manta, Portoviejo, Montecristi y El Empalme reveló este jueves 1 de octubre de 2026 que 34 propiedades avaluadas municipalmente en USD 4,2 millones continúan formalmente a nombre de los sentenciados y procesados de la organización delictiva, sin reflejar ningún tipo de bloqueo administrativo o limitación comercial en los sistemas municipales.
La investigación documenta que el núcleo familiar más cercano a José Adolfo Macías Villamar, prófugo cabecilla de Los Choneros, y su cónyuge Inda Peñarrieta Tuárez, concentra al menos USD 1,6 millones en bienes inmuebles inscritos que carecen de alertas preventivas en las direcciones de avalúos y catastros de los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia de Manabí.
Propiedades familiares y dispersión patrimonial en Manabí
En el desglose de los certificados públicos, Inda Peñarrieta encabeza el registro inmobiliario con siete predios que suman USD 1,2 millones en avalúos oficiales. Entre los bienes destacan un lote de 2.400 metros cuadrados en San Agustín cotizado en USD 241.458, una propiedad de 3.027 metros cuadrados en la vía Puerto-Aeropuerto por USD 360.619 y una finca rústica de seis hectáreas en El Empalme valorada en USD 37.230.
Por su parte, el círculo de Verónica Briones Zambrano, última pareja conocida del narcotraficante, acumula un patrimonio catastral de USD 1,7 millones entre Portoviejo y Manta. Su madre, Dolores Zambrano, figura como titular de ocho propiedades por USD 1,1 millones, sobresaliendo tres locales comerciales en la parroquia Andrés de Vera valorados en USD 848.747, donde operaban franquicias farmacéuticas y bodegas de distribución.
Informes oficiales divulgados por la Fiscalía General del Estado y reportajes de investigación del portal Primicias confirman que los procesados ejecutaron transferencias y donaciones de terrenos a favor de terceros días después de los allanamientos policiales para evadir las medidas cautelares de incautación judicial.
El seguimiento sobre el patrimonio ilícito de las bandas narcodelictivas complementa las acciones del Estado en las que la UAFE detecta millonario esquema de lavado de la esposa de alias Fito tras su arribo a centros penitenciarios de máxima seguridad.
Subvaloración municipal frente a peritajes judiciales con búnkeres
Uno de los hallazgos más críticos del análisis radica en la profunda brecha existente entre las valoraciones catastrales de las direcciones municipales y los peritajes técnicos incorporados al expediente penal por los peritos judiciales de la Fiscalía.
El caso más emblemático corresponde a una mansión en la lotización Altamira, en Manta, registrada a nombre de Peñarrieta con un avalúo catastral de apenas USD 86.342, pero tasada judicialmente en USD 1,8 millones luego de que agentes de élite descubrieran acabados importados de mármol, ascensores internos y un sofisticado búnker subterráneo climatizado.
Una situación similar se detectó en la lotización Monterrey de Montecristi, donde un predio con escritura de USD 63.135 fue valorado pericialmente en USD 581.066 al constatarse piscinas recreativas y búnkeres con poleas eléctricas ocultos bajo tierra.
Expertos en derecho registral señalan que la falta de interconexión digital inmediata entre el Consejo de la Judicatura y los catastros municipales facilita que inmuebles sujetos a comiso penal sigan expuestos a gravámenes o intentos de enajenación clandestina por parte de testaferros de las bandas criminales.
Las autoridades judiciales y el Ministerio del Interior han solicitado auditorías urgentes a los registros de la propiedad de la Costa ecuatoriana para asentar los bloqueos definitivos ordenados en las sentencias de condena.
El marco normativo contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo contempla la aplicación rigurosa de la Ley de Extinción de Dominio, instrumento que permite despojar judicialmente a las redes narcodelictivas de bienes adquiridos con dineros ilícitos, incluso si fueron transferidos a testaferros o herederos. La Fiscalía General del Estado ha solicitado a las unidades antilavado remitir de urgencia los exhortos definitivos para evitar que los bienes de alias Fito sean enajenados en notarías locales.
Asimismo, los comités de veeduría ciudadana y los gremios de juristas de Manabí enfatizan que la depuración catastral y registral en los municipios costeros es prioritaria para cerrar los vacíos administrativos que históricamente permitieron el enriquecimiento injustificado de organizaciones delictivas en el país.
