- El consorcio Limpieza Integral demanda al Hospital Universitario de Guayaquil.
- El reclamo contencioso exige el pago de USD 3,5 millones por 18 meses de servicio.
- La falta de liquidez paraliza compras de insumos desinfectantes y esterilización.
- El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo admitió la acción legal.
La profunda crisis financiera y administrativa que golpea al sistema de salud pública del Ecuador sumó un nuevo capítulo en los tribunales de justicia ordinaria. La empresa proveedora de servicios de higiene y saneamiento ambiental Limpieza Integral interpuso una demanda contencioso-administrativa contra el Ministerio de Salud Pública (MSP) y las autoridades del Hospital General Guayaquil por el impago recurrente de planillas acumuladas que ascienden a 3,5 millones de dólares.
El expediente judicial, admitido a trámite por la Sala Especializada del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en Guayaquil, expone que la contratista prestó servicios ininterrumpidos de desinfección, bioseguridad, esterilización de quirófanos y disposición de desechos biológicos peligrosos durante más de 18 meses consecutivos sin recibir las acreditaciones económicas pactadas en los convenios de pago suscritos con la gerencia hospitalaria.
Riesgo biológico para pacientes y personal médico
El consorcio demandante advirtió que la falta de cancelación de los haberes contractuales ha provocado retrasos severos en la remuneración de más de 280 conserjes y auxiliares de limpieza, así como desabastecimiento crítico de insumos clorados, detergentes enzimáticos y bolsas reglamentarias para residuos hospitalarios. Representantes sindicales de la casa de salud denunciaron que áreas sensibles como cuidados intensivos neonatales, quemados y salas de parto han enfrentado restricciones operativas debido a la escasez de materiales sanitizantes.
De acuerdo con directrices técnicas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el incumplimiento de protocolos rigurosos de asepsia en centros hospitalarios de tercer nivel eleva exponencialmente la tasa de infecciones intrahospitalarias causadas por bacterias multirresistentes, comprometiendo la vida de pacientes inmunodeprimidos.
La precarización en la atención pública hospitalaria coincide con las dificultades de acceso a terapias especializadas denunciadas en el país, como la situación de los niños con enfermedades raras que esperan medicinas de alto costo en el sistema sanitario nacional.
Postura del Ministerio y antecedentes de deuda
Por su parte, directores zonales del Ministerio de Salud Pública señalaron en informes de contestación que los retrasos se originan en observaciones de la Coordinación General de Auditoría Interna a los justificativos de prestación de servicio y en demoras en la asignación de cuotas de gasto desde el Ministerio de Economía y Finanzas.
Sin embargo, gremios médicos y comités de familiares de pacientes recordaron que este litigio no es un hecho aislado, sino parte de una cadena de endeudamiento que involucra a proveedores de diálisis, lavandería industrial y alimentación en hospitales de Quito, Cuenca y el puerto principal. El tribunal fijó para las próximas semanas la audiencia de conciliación y prueba pericial contable, mientras médicos especialistas temen que la falta de higiene adecuada fuerce a suspender cirugías programadas en quirófanos centrales.
Impacto asistencial en quirófanos y emergencias
La falta de desinfección adecuada en áreas quirúrgicas no solo pone en jaque la programación de intervenciones electivas, sino que incrementa el riesgo de sepsis postoperatoria en pacientes ingresados por traumatismos graves y urgencias maternas. Médicos tratantes reportan que han debido recurrir a donaciones de jabón quirúrgico y alcohol antiséptico aportados por los propios familiares de los internados para garantizar una mínima inocuidad en los procedimientos.
Los estándares globales fijados por la Organización Mundial de la Salud subrayan que la limpieza hospitalaria constituye la primera línea de defensa epidemiológica contra brotes intrahospitalarios. Si las carteras de Estado no concilian un cronograma emergente de pagos que restablezca el abastecimiento continuo de insumos químicos, el hospital corre el inminente riesgo de clausura preventiva de salas críticas por parte de los organismos de control sanitario.
Acciones legales y fiscalización del sistema sanitario
La Comisión de Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional anunció que fiscalizará las contrataciones hospitalarias en la provincia del Guayas para verificar los desembolsos efectivos destinados a servicios complementarios de limpieza, vigilancia y alimentación en la red pública de salud. Legisladores de la mesa legislativa solicitaron la comparecencia de las autoridades zonales de salud y de los administradores hospitalarios para que detallen las medidas de contingencia implementadas ante las demandas interpuestas por proveedores impagos.
Por su parte, la Federación Médica Ecuatoriana emitió un comunicado institucional exhortando a los ministerios de Salud Pública y de Economía y Finanzas a establecer un fondo de emergencia sanitaria que blinde los servicios de higiene hospitalaria frente a los recortes fiscales. El gremio médico enfatizó que la bioseguridad no constituye un gasto postergable, sino un componente básico de la atención médica que evita contagios cruzados entre el personal de salud y los cientos de pacientes vulnerables atendidos a diario en las salas del puerto principal.
Comités barriales y colectivos ciudadanos han convocado a vigilias en las afueras de los principales centros hospitalarios de Guayaquil para exigir que los fondos públicos se destinen con absoluta transparencia y prioridad al mantenimiento de la higiene, el abastecimiento de fármacos esenciales y la protección integral de la salud comunitaria.
