- La jueza nacional Daniella Camacho desestimó los pedidos de revocatoria de siete procesados.
- El alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, continuará en prisión preventiva durante la instrucción.
- Se ordenó la detención y difusión roja de Interpol contra el procesado Vinicio Aguirre.
- La causa judicial investiga presuntas operaciones de lavado de activos en contrataciones públicas.
La magistrada Daniella Camacho, jueza de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, resolvió ratificar la orden de prisión preventiva contra el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, y otros seis procesados vinculados a la trama del Caso Blindado. La decisión judicial, notificada de forma oral en la sede del máximo tribunal en Quito este 25 de septiembre de 2026, declaró improcedentes los recursos de revocatoria y medidas sustitutivas solicitados por las defensas técnicas de los implicados.
Fundamentos del fallo judicial y solicitud del Ministerio Público
Durante la audiencia de revisión de medidas cautelares, el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, argumentó con sustento documental que los procesados no lograron justificar nuevos elementos de convicción que desvirtúen los riesgos procesales de fuga o entorpecimiento investigativo. El expediente por presunto lavado de activos rastrea transferencias financieras no justificadas, compras de propiedades de lujo y adjudicaciones de contratos en el municipio esmeraldeño que habrían servido para dar apariencia de legalidad a capitales de origen ilícito provenientes de esquemas de corrupción institucional.
De acuerdo con la cobertura periodística divulgada por El Universo, la jueza Camacho rechazó individualmente las solicitudes de Villacís y de los coprocesados Jorge Pinos, Luis Reina, Karol Lemos, Jonathan Monte, Juan Alberto Lastre y Diego Montaño, determinando que deben permanecer bajo custodia penitenciaria estricta para garantizar su comparecencia efectiva a las siguientes etapas procesales.
Esta resolución judicial complementa las incidencias procesales previas analizadas cuando la Corte Nacional definió la prisión preventiva de Vicko Villacís en el Caso Blindado, marcando un precedente de rigor en investigaciones contra autoridades seccionales en funciones que enfrentan acusaciones de enriquecimiento patrimonial injustificado.
Orden de captura internacional y cambio de medidas cautelares
En la misma diligencia, la magistrada aceptó la petición fiscal referida al procesado Vinicio Aguirre, quien había sido beneficiado inicialmente con presentación periódica ante la autoridad judicial, pero incumplió de manera reiterada la obligación dispuesta en autos. Ante la infracción flagrante a las disposiciones judiciales, Camacho revocó la medida sustitutiva y emitió de inmediato una orden de prisión preventiva en su contra.
Para hacer efectiva su captura, el tribunal dispuso oficiar de inmediato a la Oficina Central Nacional de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), solicitando la emisión de una notificación roja internacional para localizar y detener a Aguirre en caso de que haya traspasado las fronteras ecuatorianas para evadir la acción de la justicia.
Asimismo, la jueza concedió el pedido del juez y coprocesado Agustín Jaramillo, quien solicitó trasladar su presentación periódica desde la capital hacia la Corte Provincial de Esmeraldas, tomando en cuenta razones de arraigo domiciliario demostradas en la audiencia. La instrucción fiscal avanza hacia su cierre de término, momento en el cual se definirá el auto de llamamiento a juicio plenario.
Implicaciones institucionales en la administración municipal de Esmeraldas
La ratificación de la medida privativa de libertad contra el burgomaestre profundiza la crisis política y administrativa en el cantón Esmeraldas. Con el alcalde titular impedido físicamente de ejercer sus funciones ejecutivas, el Concejo Municipal ha tenido que reorganizar la conducción de las direcciones técnicas y la suscripción de convenios de obras básicas, bajo la atenta vigilancia de los organismos de control estatal.
La Contraloría General del Estado y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) han remitido nuevos informes con indicios de responsabilidad penal que se integrarán a la etapa preparatoria de juicio. Estos documentos detallan operaciones trianguladas con empresas de papel y proveedores creados con el propósito de desviar asignaciones presupuestarias seccionales hacia cuentas personales en entidades del sistema bancario nacional y cooperativas de ahorro.
Expertos en derecho penal recalcan que el Caso Blindado se proyecta como una de las causas más emblemáticas contra el delito financiero en gobiernos locales, donde las evidencias bancarias y los peritajes contables constituirán la base fundamental del debate probatorio ante los tribunales de justicia.
Los abogados defensores han anunciado que interpondrán recursos de apelación ante el tribunal de alzada de la Corte Nacional, argumentando presuntas vulneraciones al principio de proporcionalidad, mientras las organizaciones sociales de la provincia verde exigen transparencia absoluta en el manejo de los recursos públicos municipales.
El tribunal de la Sala Penal recordó que las resoluciones emitidas en esta fase procesal buscan preservar la inmediación de las pruebas testimoniales y periciales, evitando cualquier maniobra de ocultamiento patrimonial mientras se practican las asistencias penales internacionales requeridas a entidades financieras en el exterior.
