- La Corte Nacional reinstaló la audiencia de revisión de medidas cautelares.
- El fiscal general encargado Leonardo Alarcón solicitó ratificar la prisión preventiva.
- La defensa técnica del alcalde de Esmeraldas alegó arraigo social y de salud.
- El proceso indaga una presunta red de lavado vinculada a decisiones judiciales.
La situación jurídica y procesal del alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, así como de otros exfuncionarios e investigados en el denominado Caso Blindado, se encuentra bajo resolución formal en la Corte Nacional de Justicia en Quito. Este jueves 24 de septiembre se reinstaló la audiencia de revisión de medidas cautelares, una diligencia técnica donde la defensa de los imputados pretende revocar la orden de encarcelamiento preventivo que pesa sobre ellos desde junio de 2026.
La audiencia contó con la presencia física del fiscal general del Estado encargado, Leonardo Alarcón, quien ratificó la tesis del Ministerio Público respecto a la existencia de un entramado sistemático de lavado de activos que operaba en la provincia verde. La Fiscalía sostiene que los recursos ilícitos eran legitimados a través de contratos de obras públicas municipales, adquisiciones simuladas de vehículos de alta gama y transacciones financieras no justificadas que vulneraron los controles antilavado.
Fundamentos de la acusación y riesgo de fuga
Durante su argumentación oral, el fiscal Alarcón subrayó que las circunstancias procesales que motivaron la medida privativa de libertad no han variado sustancialmente. Señaló que la gravedad del delito investigado, sancionado con penas superiores a diez años de privación de libertad, incrementa de manera evidente el peligro de fuga de los encausados y la posibilidad real de que interfieran con peritajes contables y declaraciones de testigos protegidos.
La Fiscalía detalló cómo el expediente judicial se expandió de ocho sospechosos iniciales hasta involucrar a operadores de justicia provinciales que habrían emitido medidas cautelares y garantías jurisdiccionales a la carta para favorecer a contratistas vinculados al esquema. El proceso ha generado un intenso seguimiento mediático y forense, enmarcado en el historial donde la defensa técnica de Villacís acudió a la Corte Nacional para presentar alegatos de descargo en busca de alternativas a la reclusión penitenciaria.
Argumentación de la defensa y certificaciones de salud
Por su parte, los abogados defensores del burgomaestre esmeraldeño expusieron ante la magistrada ponente que su representado cuenta con un arraigo laboral incuestionable por su condición de autoridad electa, además de arraigo familiar y domicilio fijo acreditado en el cantón Esmeraldas. La defensa sostuvo que mantener la prisión preventiva atenta contra la continuidad administrativa de la alcaldía y vulnera el principio de presunción de inocencia consagrado en la Constitución.
Asimismo, los letrados incorporaron informes médicos suscritos por especialistas certificados que documentan afecciones cardiovasculares y metabólicas crónicas del alcalde Villacís, alegando que el régimen penitenciario en la cárcel de máxima seguridad donde permanece recluido agrava su cuadro clínico. Solicitaron de manera subsidiaria la sustitución de la prisión por medidas no privativas como la prohibición de salir del país, presentación periódica semanal ante la Corte y el uso permanente de grillete electrónico.
Marco legal y deliberación del tribunal
Conforme a los preceptos rectores del Código Orgánico Integral Penal y resoluciones obligatorias emitidas por la Corte Nacional de Justicia, la revisión de medidas cautelares exige que los solicitantes justifiquen la concurrencia de hechos nuevos que desvanezcan los indicios iniciales de responsabilidad penal o neutralicen los peligros procesales.
La representación de la Fiscalía General del Estado concluyó su intervención solicitando a la jueza que deseche todos los pedidos de excarcelación para precautelar el éxito de la fase de instrucción fiscal. Tras escuchar las réplicas de los sujetos procesales y la intervención de los delegados de la Procuraduría General del Estado, la jueza ponente suspendió la sesión para analizar la copiosa documentación técnica aportada y notificar en providencia si mantiene la prisión o concede la libertad condicional a los procesados.
Implicaciones políticas y administrativas en el cantón Esmeraldas
El desarrollo del proceso judicial en la capital ecuatoriana ha generado repercusiones directas sobre la gobernabilidad del Municipio de Esmeraldas, donde el Concejo Cantonal ha debido sesionar bajo encargos temporales de alcaldía. Sectores ciudadanos y gremiales de la provincia demandan celeridad a los tribunales para que se defina la situación jurídica definitiva de la autoridad principal, evitando la paralización de obras de infraestructura básica y convenios de crédito internacional que requieren la firma del personero municipal titular.
La Fiscalía General del Estado reiteró que las investigaciones contra la corrupción y la delincuencia organizada continuarán de forma técnica y sin presiones de ninguna índole, asegurando que todos los indicios recabados en allanamientos previos han sido ingresados bajo rigurosa cadena de custodia ante los peritos judiciales de la Policía Nacional.
