- El Ejecutivo remitió el proyecto a la Corte Constitucional para definir la vía de tramitación.
- La reforma plantea modificar el artículo 158 de la Carta Magna para la seguridad pública interna.
- Se busca que los militares apoyen a la Policía de forma complementaria sin requerir estado de excepción.
- La iniciativa deberá sortear el control constitucional previo antes de ser debatida en el Parlamento.
El presidente de la República, Daniel Noboa Azín, dio un paso institucional de alta trascendencia este 23 de septiembre de 2026 al remitir formalmente a la Corte Constitucional del Ecuador una propuesta de reforma parcial a la Constitución, orientada a redefinir el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado transnacional, una línea doctrinaria coherente con sus recientes intervenciones sobre la diplomacia de seguridad y la cooperación internacional en foros multilaterales.
El texto normativo remitido por el Ejecutivo plantea una modificación puntual al artículo 158 de la Carta Fundamental de Montecristi, con el propósito de establecer que las instituciones militares puedan brindar apoyo complementario y permanente a la Policía Nacional en tareas de control del orden público, patrullaje de zonas críticas y combate a grupos terroristas, sin la necesidad obligatoria de decretar estados de excepción de forma continua.
Fundamentos jurídicos y trámite ante los magistrados constitucionales
En el documento de sustento técnico-jurídico firmado por el primer mandatario y su equipo de asesores, se argumenta que la dinámica del crimen organizado y la sofisticación bélica de las bandas delictivas han sobrepasado la capacidad de respuesta ordinaria de las fuerzas policiales. Noboa sostiene que el uso reiterado de estados de excepción resulta desgastante institucionalmente y genera incertidumbre jurídica tanto para los uniformados como para las actividades económicas y turísticas del país.
El primer paso ineludible consiste en el pronunciamiento de la Corte Constitucional, organismo que deberá determinar si el mecanismo idóneo para tramitar este cambio corresponde a una enmienda parlamentaria, a una reforma parcial vía referéndum o si, por el contrario, altera la estructura fundamental del Estado y los derechos ciudadanos, lo que exigiría una Asamblea Constituyente. Juristas consultados estiman que, al tratarse de una modificación a las atribuciones de la fuerza pública, la vía adecuada es la reforma parcial que requiere aprobación legislativa y posterior votación en las urnas.
Reacciones en la Asamblea Nacional y debate sobre derechos humanos
De ser calificado favorablemente por el alto tribunal constitucional, el proyecto será remitido al pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador, donde las bancadas legislativas deberán conformar una comisión ocasional multipartidista para elaborar los informes de primero y segundo debate, con un intervalo reglamentario no menor a 90 días entre ambas discusiones.
Legisladores del bloque oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) anticiparon su total respaldo a la propuesta presidencial, calificándola de urgente y pragmática frente a las cifras de extorsión y homicidios. No obstante, asambleístas de oposición y colectivos defensores de derechos humanos alertaron sobre los riesgos de militarizar la seguridad ciudadana de manera indefinida, recordando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la excepcionalidad y subordinación de las fuerzas militares a mandos civiles.
Sostenibilidad operativa y presupuesto para la defensa nacional
El proyecto del Ejecutivo contempla además dotar al Ministerio de Defensa de facultades presupuestarias especiales para adquirir equipamiento táctico de última generación, aeronaves de vigilancia no tripuladas y blindados de transporte que faciliten el despliegue expedito de tropas en los cantones priorizados del litoral.
La iniciativa también introduce salvaguardas legales expresas para los miembros de las Fuerzas Armadas que participen en operaciones de apoyo interno, garantizando patrocinio legal público frente a denuncias judiciales interpuestas en el marco de sus funciones regladas.
Analistas políticos destacan que esta propuesta sitúa el debate sobre la seguridad en el corazón del calendario preelectoral, obligando a las distintas fuerzas partidistas a fijar una postura clara frente a la demanda ciudadana de mayor presencia militar en las calles.
El trámite del proyecto de Noboa marcará el pulso político del último trimestre del año, abriendo un intenso debate nacional sobre el equilibrio entre la firmeza operativa del Estado frente a las mafias delictivas y el irrestricto respeto a las garantías constitucionales de los ciudadanos.
Con esta iniciativa legislativa, el Gobierno busca dotar al Estado de un marco legal duradero que evite el vacío operativo de las patrullas militares cuando concluyen los plazos improrrogables de los estados de excepción en las provincias más conflictivas del litoral ecuatoriano.
