- El TCE fijó el calendario del proceso contra Jorge Yunda y Carla Cevallos por presunta campaña anticipada.
- Los denunciados tienen hasta el 26 de septiembre para contestar la acusación por escrito.
- La audiencia oral de pruebas se realizará el 7 de octubre, a las 10:00, en el Tribunal.
- El juez Ángel Torres admitió la prueba testimonial y rechazó la pericial por falta de sustento.
- La campaña oficial arranca el 12 de noviembre, a menos de dos meses de los comicios del 29 de noviembre.
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) fijó, la tarde del lunes 21 de septiembre, el calendario procesal de la denuncia por presunta campaña electoral anticipada que enfrentan Jorge Yunda, candidato a la Alcaldía de Quito, y Carla Cevallos, aspirante a la Prefectura de Pichincha por el movimiento Avanza. La causa la presentó la ciudadana Dominique Álvarez y quedó a cargo del juez Ángel Torres.
Torres dio a los dos candidatos un plazo de cinco días, que vence el 26 de septiembre, para que respondan formalmente a la acusación. Convocó además a una audiencia oral única de pruebas para el 7 de octubre, a las 10:00, en las instalaciones del Tribunal en Quito.
Un caso que Panorama Ecuador viene siguiendo desde septiembre
Este diario reportó el origen de la denuncia desde mediados de mes: primero el señalamiento contra ambos candidatos y luego la respuesta pública de Yunda ante el TCE. Lo nuevo de esta semana es el calendario judicial: el Tribunal ya tiene fecha de audiencia y plazo de contestación, lo que obliga a ambos aspirantes a presentar su defensa por escrito antes de comparecer en persona.
Yunda busca regresar a la Alcaldía de Quito, cargo que ya ocupó como exalcalde. Cevallos, por su parte, aspira a la Prefectura de Pichincha bajo la sigla de Avanza. Los dos comparten ahora el mismo expediente en el TCE, algo poco común entre candidatos a dignidades distintas dentro de la misma provincia.
Risoterapia y material de campaña: el origen de la denuncia por campaña anticipada
La acusación sostiene que Yunda y Cevallos habrían promovido actividades en barrios populares de Quito antes del periodo permitido por la ley. Según el expediente, se trató de eventos descritos como «risoterapia», en los que se habría entregado productos y material con imágenes y canales digitales de ambos candidatos.
Ese tipo de entrega, fuera del periodo oficial de campaña, es justamente lo que el Código de la Democracia cataloga como infracción electoral grave. El TCE no ha resuelto todavía sobre el fondo del asunto: por ahora solo definió qué pruebas entrarán a la audiencia de octubre, no si hubo o no propaganda anticipada.
Las pruebas que sí entrarán a la audiencia
El juez admitió la prueba testimonial ofrecida por la denunciante, pero rechazó la pericial por no cumplir con los requisitos de un pedido específico. Esa decisión reduce el material probatorio disponible para octubre, aunque no cierra la puerta a nuevas pruebas documentales que las partes puedan presentar antes de la fecha límite.
Ni Yunda ni Cevallos han presentado todavía una respuesta formal a la denuncia. El artículo de origen tampoco registra declaraciones nuevas de ninguno de los dos tras la resolución de este lunes.
El reloj electoral corre en paralelo
Mientras el proceso avanza en el TCE, el Consejo Nacional Electoral mantiene su propio calendario: el periodo oficial de campaña proselitista arranca el 12 de noviembre y se extiende hasta el 26 de noviembre, apenas tres días antes de que los ecuatorianos elijan alcaldes, prefectos y demás autoridades seccionales el 29 de noviembre.
Esa cercanía entre el calendario judicial y el electoral añade presión al caso. Si la audiencia del 7 de octubre deriva en una sanción confirmada, la resolución llegaría todavía con semanas de margen antes de que arranque la campaña oficial, justo cuando ambos candidatos necesitan enfocarse en captar votos en Quito y Pichincha.
El Tribunal Contencioso Electoral es la única instancia con competencia para juzgar este tipo de infracciones dentro del proceso electoral en curso, y sus resoluciones son de cumplimiento obligatorio para los candidatos y sus organizaciones políticas.
Por ahora, el caso queda en pausa procesal hasta el 7 de octubre. Ese día, Yunda y Cevallos deberán comparecer ante el TCE para defenderse en la audiencia que determinará si la campaña anticipada que se les atribuye tuvo, o no, consecuencias legales antes de que se abran las urnas.
