- Cristian Benavides denunciará ante la Fiscalía una presunta red que ofrece excluir a alcaldes de la lista de fiscalizados.
- La Comisión de Gobiernos Autónomos clasificó a 160 autoridades en un semáforo de riesgo patrimonial.
- 70 alcaldes están en verde, 40 en amarillo y 50 en rojo, con procesos abiertos en Fiscalía.
- La comisión pidió 10 días adicionales para terminar el informe.
El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, Cristian Benavides, anunció el 22 de septiembre de 2026 que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado. El motivo: personas no identificadas habrían contactado a alcaldes de distintas provincias para ofrecerles, a cambio de dinero, sacar sus nombres de la lista de autoridades bajo fiscalización patrimonial.
Benavides describió a los responsables como un «círculo de extorsionadores» y descartó de forma explícita que se trate de funcionarios de la Asamblea Nacional. La comisión que preside es la encargada de revisar el patrimonio de alcaldes y prefectos electos, un ejercicio de control político previsto en la Constitución.
Un semáforo con 160 autoridades locales
El informe de la comisión divide a las autoridades evaluadas en tres grupos. En verde quedaron 70 alcaldes cuyo patrimonio no presenta inconsistencias relevantes frente a sus declaraciones previas.
En amarillo se ubican 40 autoridades con discrepancias que ya fueron remitidas a la Contraloría General del Estado para una revisión más profunda. El tercer grupo, en rojo, agrupa a 50 autoridades con procesos abiertos en la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito.
Ese cruce de datos patrimoniales es, según Benavides, el que habría motivado los intentos de extorsión: quienes están en amarillo o rojo serían el blanco de los contactos que ofrecen «gestionar» su salida del listado.
Diez días más para cerrar el informe
La comisión solicitó al pleno una prórroga de 10 días para presentar sus conclusiones finales, plazo que se suma al trabajo de meses de cruce de declaraciones juradas de bienes con los registros de la Contraloría General del Estado.
La fiscalización patrimonial de autoridades de elección popular está regulada por la Asamblea Nacional y forma parte de los mecanismos de transparencia exigidos tras la posesión de alcaldes y prefectos en 2026. La denuncia por extorsión se suma como un capítulo adicional a este proceso, y será la Fiscalía General del Estado la que determine si existen responsables identificables.
Otro proceso judicial que ha marcado la agenda política de esta semana es el caso Sinohydro, en el que se espera una resolución sobre una posible suspensión condicional de la pena para el expresidente Lenín Moreno.
Mientras la Fiscalía recibe la denuncia de Benavides, la comisión legislativa continuará con el cruce de datos patrimoniales de los 160 alcaldes y prefectos evaluados hasta ahora, un universo que corresponde a una parte de las autoridades seccionales del país.
Por qué existe el control patrimonial a las autoridades locales
Todo alcalde y prefecto que asume un cargo de elección popular en Ecuador está obligado a presentar una declaración jurada de bienes al inicio y al final de su gestión. Ese documento es el insumo que la Contraloría y la propia Asamblea usan para detectar variaciones patrimoniales que no coincidan con los ingresos declarados por la autoridad.
El objetivo declarado de este control es evitar que el paso por un cargo público sirva para acumular bienes de forma injustificada. Cuando la Contraloría detecta una diferencia relevante entre lo declarado al inicio y al final del período, remite el caso a la Fiscalía para que determine si existen indicios de enriquecimiento ilícito.
Ese es, precisamente, el mecanismo que ubicó a 50 autoridades en la franja roja del semáforo presentado por la comisión de Benavides. Son procesos que ya están en manos de fiscales, no simples observaciones administrativas.
El riesgo de manipular el listado
La denuncia de extorsión pone en duda la integridad de ese proceso de control. Si personas ajenas a las instituciones pueden ofrecer, a cambio de dinero, sacar a una autoridad de la lista de fiscalizados, el mecanismo de rendición de cuentas pierde su función original.
Benavides no detalló montos ni identificó a los presuntos responsables del círculo de extorsión, pero fue explícito en que la denuncia busca que sea la Fiscalía, y no la Asamblea, la que investigue de forma penal estos contactos. La comisión legislativa, dijo, seguirá con su trabajo técnico de revisión patrimonial en paralelo al proceso judicial.
