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Jorge Yunda ironiza sobre denuncia electoral en su contra admitida por el TCE

Jorge Yunda gesticulando durante un acto público y político en el centro de Quito

Actualizada:

4 min de lectura
  • Jorge Yunda calificó de temerosos a sus contendientes tras la denuncia presentada en el TCE.
  • La causa Nro. 353-2026-TCE investiga una presunta infracción por campaña electoral anticipada.
  • La acción legal involucra también a Carla Cevallos Romo, postulante a la Prefectura de Pichincha.
  • El juez electoral Ángel Torres otorgó un plazo perentorio de dos días para completar la acusación.

El candidato a la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito por el movimiento Avanza (Lista 8), Jorge Homero Yunda Machado, reaccionó este viernes 18 de septiembre de 2026 a la denuncia electoral admitida a trámite en su contra ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). A través de pronunciamientos digitales cargados de ironía, el exburgomaestre capitalino minimizó las acusaciones de presunta precampaña y cuestionó la intencionalidad política de sus adversarios en la contienda electoral.

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El litigio formal consta en el auto de sustanciación emitido dentro de la causa Nro. 353-2026-TCE, dictado en Quito por el juez electoral Ángel Torres Maldonado. El documento judicial tramita el recurso ingresado el pasado 15 de septiembre por la ciudadana Michelle Dominique Álvarez Solano De La Sala, con el patrocinio legal de la abogada Alejandra Micaela Moya Alarcón. El escrito inicial contiene 15 fojas de fundamentación y 31 fojas de anexos documentales que señalan tanto a Yunda como a Carla Nicolle Cevallos Romo, postulante a la Prefectura de Pichincha por la misma tienda partidista.

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La acusación imputa a ambos aspirantes la presunta comisión de una infracción electoral grave tipificada en el numeral 7 del artículo 278 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, conocida como Código de la Democracia. De comprobarse la realización de actos proselitistas fuera del calendario autorizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la normativa establece multas económicas que oscilan entre 5.302 y 9.640 dólares, además de la destitución inmediata de eventuales cargos y la suspensión de derechos políticos de seis meses a dos años.

Ironía en redes sociales y requerimientos formales del tribunal

Fiel a su estilo comunicacional, Yunda utilizó su cuenta oficial en la plataforma digital X (anteriormente Twitter) para responder a la divulgación de las acciones jurídicas. “Deberían denunciar a los que nos hacen llorar, no a los que hacemos reír; asustadísimos les veo”, expresó el candidato en un breve mensaje que rápidamente acumuló miles de interacciones entre simpatizantes y detractores en el entorno digital de la capital.

No obstante el tono jocoso del postulante, la providencia del juez Ángel Torres impuso exigencias procesales rigurosas a la parte denunciante antes de calificar la admisibilidad definitiva de la causa. El magistrado concedió a Michelle Álvarez un plazo perentorio de dos días laborables para que aclare y complete su petitorio, advirtiendo expresamente que las pruebas presentadas deben cumplir los parámetros del artículo 245.2, numeral 5, del Código de la Democracia y el Reglamento de Trámites del TCE.

El despacho del juez advirtió que la aportación de copias fotostáticas simples carece de pleno valor probatorio autónomo en materia contenciosa electoral, conminando a la abogada patrocinadora a individualizar los hechos y fundamentar cualquier solicitud de auxilio judicial con la debida carga argumentativa.

Antecedentes judiciales de Yunda y el escenario de los comicios seccionales

Este nuevo capítulo contencioso revive la compleja trayectoria jurídica de Jorge Yunda ante los tribunales de justicia y control electoral. En 2021, el radiodifusor fue removido del cargo de alcalde de Quito por el Concejo Metropolitano, decisión que desató una prolongada batalla constitucional y un fallo histórico del propio TCE que ratificó la pérdida de sus derechos políticos durante un período anterior. Su retorno como candidato para los comicios locales ha polarizado el debate sobre la legalidad de los actos previos a la convocatoria formal de campaña.

La disputa jurídica en Quito guarda estrecha relación con el análisis donde se revelan los antecedentes de la denuncia contra Yunda y Cevallos por campaña anticipada, con la coyuntura regional donde el TCE tramita recursos de precandidatos a la Alcaldía de Machala y con los dictámenes electorales donde el tribunal deja en firme inhabilitaciones a candidaturas provinciales en Manabí.

El desenlace de la causa 353-2026 definirá si el tribunal convoca a audiencia oral de juzgamiento electoral en las próximas semanas o si desestima el expediente por inconsistencias formales en la prueba, marcando el pulso legal de una campaña que calienta motores en la capital ecuatoriana.

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