- El Parque Nacional Galápagos actualizó sus Reglas Generales de Visita, con foco en distancias hacia cetáceos y uso de drones.
- Ballenas requieren 100 metros de distancia y delfines 50 metros, cifra que se duplica si hay crías presentes.
- Los visitantes pasaron de unos 11.000 en la década de 1970 a más de 290.000 en 2025.
- Expertos consultados coinciden en que el reto real es la capacidad institucional para fiscalizar, no solo el texto de la norma.
El Parque Nacional Galápagos y la Reserva Marina pusieron en vigencia un nuevo set de Reglas Generales de Visita y Normas de Comportamiento que endurece la distancia mínima frente a la fauna marina, regula el uso de drones y ratifica la obligatoriedad de contratar guías naturalistas acreditados. La medida llega en un archipiélago que en 2025 recibió más de 290.000 visitantes, frente a los apenas 11.000 que llegaban cada año en la década de 1970, según cifras que expertos ambientales citan para dimensionar la presión turística sobre las islas.
Quienes observan ballenas deberán mantenerse a 100 metros de distancia y quienes se acerquen a delfines, a 50 metros; ambas cifras se duplican cuando hay crías en el grupo. La normativa prohíbe explícitamente «tocar, alimentar, perseguir, manipular o interferir» con la fauna silvestre, además de vetar el uso de flash fotográfico y exigir autorización previa para fotografía profesional, drones o cámaras remotas. También queda prohibido promocionar el consumo de alcohol, tabaco o vapeo en playas y espacios naturales protegidos.
Qué cambia realmente frente a la norma anterior
Eliecer Cruz, de la Fundación Jocotoco, matiza el alcance de la actualización: para él, la mayoría de disposiciones ya existían y lo verdaderamente nuevo es la ampliación de las distancias de observación de cetáceos. La obligación de contratar guía naturalista, recuerda, rige desde hace más de tres décadas. El Parque Nacional Galápagos cuenta con aproximadamente 300 guardaparques y sistemas de monitoreo electrónico para hacer cumplir estas reglas en tierra y en el mar.
Alberto Andrade, del Frente Insular de la Reserva Marina, destaca como el cambio más relevante la incorporación de la tecnología como prueba administrativa: ahora, la captación, publicación o difusión de material obtenido durante actividades no autorizadas puede usarse como elemento de verificación en procesos sancionatorios contra operadores o turistas. Es, en la práctica, admitir que un video en redes sociales puede convertirse en evidencia formal.
El verdadero cuello de botella: vigilar un territorio marino inmenso
La mirada más crítica llega de Franklin Vega, de Bitácora Ambiental, quien sostiene que el problema de fondo no es el comportamiento individual del turista, sino el crecimiento sostenido del flujo de visitantes frente a una capacidad institucional que no creció al mismo ritmo. Vega señala carencias de personal y recursos para la vigilancia, en particular en el ámbito marítimo, donde patrullar miles de kilómetros cuadrados de reserva con una flota limitada es logísticamente complejo. Cita como evidencia de esas brechas los decomisos recientes de iguanas marinas, indicio de que el tráfico de especies sigue encontrando huecos en el sistema de control.
El debate se cruza además con otros frentes sanitarios y de conservación que ya ocupan a las autoridades insulares, como la mayor incidencia de dengue del país registrada en Galápagos y los casos de fauna nativa hallada fuera de su hábitat, como iguanas marinas localizadas bajo custodia en Quito. Ese conjunto de señales alimenta la pregunta que resume el debate técnico: de nada sirve endurecer el papel si no se refuerza, en paralelo, la capacidad operativa para hacerlo cumplir en el terreno. La cartera de Ambiente y Energía, de la que depende presupuestariamente buena parte de la gestión de áreas protegidas, no ha detallado públicamente un refuerzo de personal para el Parque en paralelo a esta actualización normativa.
Para el sector turístico, que sostiene buena parte de la economía insular, la discusión no es menor: cada sanción o suspensión de un operador por incumplir las reglas puede afectar directamente el empleo local, lo que explica por qué gremios y guías naturalistas han pedido reglas claras y previsibles antes que endurecimientos sorpresivos. Otras notas de Panorama Ecuador sobre las nuevas distancias para avistar ballenas y delfines en Galápagos y el reciente cierre temporal de la playa Tortuga Bay por oleaje muestran que la gestión del archipiélago combina hoy normas de comportamiento, cierres preventivos y control tecnológico como piezas de un mismo esfuerzo de conservación.
