- Senadores demócratas exigieron auditar 13.000 millones de dólares por ventas de crudo de Venezuela.
- La carta fue dirigida a Scott Bessent, secretario del Tesoro, y a Marco Rubio, secretario de Estado.
- Los fondos permanecen en cuentas bancarias de Citibank en Nueva York bajo tutela de Washington.
- Legisladores denuncian riesgo de opacidad y transferencias millonarias sin supervisión del Congreso.
Un influyente grupo de senadores del Partido Demócrata de Estados Unidos elevó un formal y enérgico requerimiento de rendición de cuentas este viernes 18 de septiembre de 2026. Los legisladores exigieron al Gobierno de Donald Trump transparentar la administración de más de 13.000 millones de dólares acumulados en cuentas bancarias federales, producto de la comercialización internacional del petróleo de Venezuela tras la intervención militar que desplazó a Nicolás Maduro a comienzos de año.
La misiva oficial fue suscrita por los senadores Elizabeth Warren, Ron Wyden y Sheldon Whitehouse, y remitida de forma conjunta a Scott Bessent, secretario del Departamento del Tesoro de EE.UU., y a Marco Rubio, titular del Departamento de Estado. En el documento, los parlamentarios acusan a la Casa Blanca de gestionar los recursos soberanos venezolanos en medio de una profunda opacidad y sin mecanismos de control que prevengan el desvío ilícito de capitales o el lavado de activos.
Tras la captura y procesamiento penal de Maduro en tribunales de Nueva York, Washington asumió el control operativo y logístico de los cargamentos de crudo que salen de los terminales de Petróleos de Venezuela (PDVSA), depositando los ingresos en cuentas bancarias custodiadas por Citibank. Sin embargo, los senadores advierten que el Congreso no ha recibido los informes periódicos prometidos sobre los montos reales ingresados ni sobre el destino de los desembolsos.
Auditorías reservadas, intermediación internacional y riesgos de corrupción
Durante una comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos en junio, Rubio sostuvo que los fondos estaban sujetos a peritajes de la consultora internacional KPMG. No obstante, los legisladores denunciaron que dichos balances nunca fueron puestos a disposición pública ni compartidos con los comités fiscalizadores del Capitolio, incrementando las sospechas sobre favoritismos políticos en la adjudicación de contratos de intermediación.
A las dudas sobre la fiscalización contable se suma la confirmación de pagos discrecionales. Voceros oficiales admitieron que al menos 500 millones de dólares fueron transferidos a la administración interina encabezada por Delcy Rodríguez en Caracas, empleando canales diplomáticos y financieros facilitados por el Estado de Catar. Los senadores alertan que estos recursos podrían ser aprovechados para apuntalar estructuras de poder locales sin garantías de retorno para la población civil.
El requerimiento legislativo también pone la lupa sobre las licencias generales emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las cuales autorizan a operadores de materias primas y refinerías independientes a fletar buques petroleros desde las costas caribeñas bajo supervisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos.
Esta controversia energética y financiera guarda estrecha relación con las dinámicas geopolíticas donde el suministro de armamento militar altera equilibrios en Medio Oriente, con la crisis regional donde ofensivas marítimas amenazan el transporte de combustibles y con las denuncias sobre la devastación de infraestructura médica en zonas de conflicto bélico.
Debate institucional y control legislativo sobre los recursos venezolanos
Los congresistas enfatizaron que el manejo de los recursos naturales de un Estado extranjero no puede convertirse en una caja discrecional del Ejecutivo. La carta advierte que la falta de supervisión independiente sienta un peligroso precedente institucional en la política exterior estadounidense, comprometiendo la credibilidad de Washington como garante de la transición democrática en Sudamérica.
Los senadores concedieron un plazo de dos semanas a las carteras de Estado y del Tesoro para remitir un desglose pormenorizado de todas las transacciones realizadas, copias de las auditorías de KPMG y el inventario exacto de los desembolsos girados al régimen de transición. De no recibir respuestas satisfactorias, los promotores de la iniciativa anticiparon que promoverán citaciones obligatorias bajo juramento en el pleno legislativo.
