- La Junta de Acreedores de Sociedad Deportivo Quito se reunirá el 10 de noviembre de 2026 en el Complejo Judicial Norte.
- El tribunal decidirá entre un concordato de pago o la declaratoria de quiebra definitiva del elenco azulgrana.
- La última pericia judicial revalorizó el Complejo Ney Mancheno Velasco de Carcelén en USD 3 millones.
- Los pasivos del club suman USD 3,7 millones frente a un inventario de activos tasado en USD 3,2 millones.
El litigio concursal que mantiene en zozobra a Sociedad Deportivo Quito ingresará en su fase concluyente el próximo martes 10 de noviembre de 2026. El juez Santiago Altamirano, titular de la Unidad Judicial Civil con sede en Iñaquito, convocó oficialmente a la Junta de Acreedores para las 10:00 en la Sala de Audiencias del quinto piso del Complejo Judicial Norte de Quito. En esta diligencia decisiva, los acreedores y la dirigencia azulgrana resolverán si la institución logra un plan de pagos viable o si el juzgado declara la quiebra definitiva y ordena el remate de sus instalaciones.
La causa legal, tramitada bajo el expediente del Código Orgánico General de Procesos (Cogep), comenzó el 19 de enero de 2017 y acumula casi diez años de incidentes procesales, rotación de magistrados y la intervención de dos síndicos de quiebras. La audiencia oral y pública definirá si el pentacampeón del fútbol ecuatoriano cuenta con respaldo patrimonial para honrar sus pasivos o si el tribunal dispone la liquidación forzosa de sus bienes para cancelar acreencias acumuladas durante dos décadas.
Dos escenarios bajo el Cogep: concordato o declaratoria de quiebra
La normativa procesal civil establece dos caminos jurídicos para el desenlace de la diligencia del 10 de noviembre. El primer escenario corresponde al concordato o plan de pagos regulado en el artículo 427 del Cogep. Para que una propuesta de refinanciamiento, reestructuración o moratoria presentada por la directiva de la ‘AKD’ resulte aprobada, la legislación ecuatoriana exige el voto afirmativo de más del 51 % de los acreedores reconocidos en el proceso. De consolidarse esa mayoría calificada, el juez Altamirano homologará el acuerdo mediante sentencia inmediata, suspendiendo las ejecuciones individuales mientras el club cumpla religiosamente el cronograma de desembolsos.
El segundo escenario contempla la declaratoria de quiebra e insolvencia definitiva. Esta medida se configurará automáticamente si la directiva encabezada por José Pardo no presenta una fórmula de pago con garantías reales o si los acreedores mayoritarios rechazan el esquema planteado. De consumarse el fallo de quiebra, la justicia despojará a la directiva de la administración institucional y transferirá el control total a la Sindicatura de Quiebras para ejecutar el embargo, avalúo y remate en subasta pública de las canchas, sedes y derechos económicos de la institución.
La batalla por la titularidad del Complejo Ney Mancheno en Carcelén
El principal escollo de la causa reside en la situación jurídica del Complejo Ney Mancheno Velasco, predio deportivo de 27.248 metros cuadrados catastrado con el número 81480 en el sector de Carcelén. En dictámenes periciales previos, el síndico William Erazo había valorado el complejo en cero dólares debido a una cláusula prohibitiva de enajenación y gravamen inscrita en la escritura pública de donación de 1964 otorgada por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
Sin embargo, en una ampliación pericial emitida el 21 de agosto de 2026, el síndico modificó su criterio técnico e incorporó el inmueble de Carcelén con un avalúo catastral oficial de USD 3 millones. Esta recalificación elevó el patrimonio activo del club a USD 3,2 millones frente a un pasivo total exigible de USD 3,7 millones, reduciendo el déficit contable a USD 442.218.
La defensa de los acreedores laborales y comerciales sostiene que ninguna estipulación contractual municipal puede sobreponerse a las normas de orden público del Cogep, por lo que solicitarán la subasta de las canchas, gimnasios y edificaciones para cubrir los sueldos impagos a exfutbolistas y empleados administrativos. En contraparte, los abogados del club advierten que el inmueble tiene una afectación deportiva inalterable y que cualquier remate activará la cláusula de reversión automática a favor del cabildo quiteño.
Auditoría judicial a MarkSDQ y control de ingresos
El síndico Erazo requirió también que el juzgado ordene la entrega inmediata del contrato suscrito entre el club y Marketing Deportivo Quito (MarkSDQ), compañía privada constituida en 2019 que administra la explotación comercial de la marca. Documentos judiciales confirman que el 80 % del paquete accionario de MarkSDQ pertenece a la firma Songoku y el 20 % restante a Hub, empresas que gestionan taquillas y auspicios. La sindicatura solicitó una auditoría contable a los libros de dicha sociedad y la apertura de una cuenta judicial exclusiva para depositar todos los ingresos del equipo.
La crítica situación de Deportivo Quito refleja las severas dificultades administrativas que afrontan diversos clubes históricos del país, panorama similar al analizado cuando se detalló que la deuda de Emelec alcanza los 36 millones de dólares en el fútbol profesional. Las actas de la Función Judicial de Pichincha y los registros de la Federación Ecuatoriana de Fútbol confirman que la resolución de noviembre determinará la supervivencia institucional de uno de los clubes más tradicionales de la capital ecuatoriana.
