El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dio un paso más en el caso que involucra al movimiento Amigo. El juez electoral Guillermo Ortega Caicedo admitió a trámite la denuncia contra movimiento Amigo presentada por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Cabrera, y fijó para el 11 de agosto de 2026 la audiencia de pruebas y alegatos.
La decisión se conoció el 24 de julio de 2026 y representa un nuevo capítulo en el proceso que enfrenta el movimiento que cobija al correísmo en las elecciones seccionales de noviembre de 2026.
Denuncia contra los dirigentes de Amigo
Cabrera presentó la denuncia el 15 de julio de 2026 en contra de tres personas vinculadas al movimiento: Víctor Bravo, exrepresentante legal de Amigo; Francisco Loor, actual representante legal; y Andrés Benites, responsable del manejo económico de la organización.
La acusación se sustenta en el Código de la Democracia, que sanciona a los representantes que no presenten los informes sobre las cuentas del partido o movimiento, el monto de los aportes recibidos, su naturaleza, su origen y el listado de contribuyentes.
Con la admisión a trámite, el juez Ortega Caicedo convocó a las partes a una audiencia oral única, que se realizará en la Sala de Audiencias del TCE, ubicada en la Avenida 12 de Octubre N19 y Avenida Patria, en Quito.
Contexto de la suspensión del movimiento Amigo
Esta denuncia se suma a un proceso que ya afecta directamente la participación del movimiento en los próximos comicios.
Investigación por presunto lavado de activos
Un día después de que Cabrera ingresara su denuncia, el fiscal general del Estado, Carlos Leonardo Alarcón, pidió al TCE que dispusiera la suspensión de Amigo por nueve meses, mientras se investiga un presunto caso de lavado de activos.
El 17 de julio de 2026, el TCE resolvió suspender al movimiento Amigo. El CNE, por su parte, dio paso a esa suspensión, lo que impide que la Revolución Ciudadana registre candidaturas bajo esta organización política en las elecciones seccionales.
Posibles sanciones para el movimiento Amigo
Si la denuncia presentada por el CNE prospera, las consecuencias para Amigo podrían ser severas. El artículo 281 de la Ley de Elecciones establece una multa de 20 a 70 salarios básicos unificados y la suspensión de los derechos políticos de los responsables entre dos y cuatro años.
El Código de la Democracia añade que estas sanciones no excluyen la posible cancelación de la inscripción de la organización política, lo que podría significar la desaparición definitiva del movimiento.
Qué pasa con los candidatos del correísmo
Amigo cobija actualmente a varios candidatos del correísmo, entre ellos Pabel Muñoz, quien busca la reelección en el Municipio de Quito, y Luisa González, precandidata a la Prefectura de Manabí.
Ante la suspensión y el riesgo de cancelación, el correísmo evalúa alternativas para inscribir a sus candidaturas. Una de las opciones es el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), organización que también ha acogido a cuadros de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, algunos dirigentes correístas temen que el PSE enfrente un proceso similar y quede fuera de la contienda electoral.
Preguntas frecuentes
¿Por qué el TCE admitió a trámite la denuncia contra el movimiento Amigo?
El TCE admitió la denuncia porque el presidente del CNE, José Cabrera, acusó a los dirigentes de Amigo de incumplir con la presentación de informes sobre las cuentas del movimiento, según el Código de la Democracia. El juez Guillermo Ortega Caicedo fijó la audiencia de pruebas y alegatos para el 11 de agosto de 2026.
¿Quiénes son los denunciados por el CNE?
José Cabrera presentó la denuncia contra Víctor Bravo, exrepresentante legal de Amigo; Francisco Loor, actual representante legal; y Andrés Benites, responsable del manejo económico del movimiento. Los tres podrían enfrentar sanciones si el TCE determina que incurrieron en la infracción electoral señalada por el Código de la Democracia.
¿Qué sanciones podría enfrentar el movimiento Amigo?
Según el artículo 281 de la Ley de Elecciones, la infracción se sanciona con una multa de 20 a 70 salarios básicos unificados y la suspensión de los derechos políticos de los responsables entre dos y cuatro años. Además, el Código de la Democracia contempla la posible cancelación de la inscripción del movimiento.
¿Por qué está suspendido el movimiento Amigo?
El TCE suspendió a Amigo el 17 de julio de 2026, un día después de que el fiscal general, Carlos Leonardo Alarcón, pidiera esa medida por nueve meses mientras se investiga un presunto caso de lavado de activos. La suspensión impide que el correísmo participe en las próximas elecciones seccionales bajo esa organización política.
Conclusión
La denuncia contra movimiento Amigo, ahora admitida a trámite por el TCE, se suma a la suspensión ya vigente y a la investigación fiscal en curso. La audiencia del 11 de agosto de 2026 será clave para definir el futuro político de la organización y de los candidatos correístas que dependen de ella.
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