- Fiscalía lideró 16 allanamientos simultáneos en Guayaquil por asociación ilícita.
- Doce personas fueron capturadas, incluidos policías en servicio activo y pasivo.
- La organización sustraía y comercializaba vehículos y repuestos de centros de retención.
- Los procesados esperan audiencia formal de formulación de cargos penales.
Una estructura delictiva dedicada a la sustracción sistemática y comercialización clandestina de vehículos incautados fue desarticulada durante la madrugada de este 30 de septiembre de 2026 en Guayaquil. La Fiscalía General del Estado, en coordinación con unidades tácticas e investigativas de la institución policial, ejecutó 16 allanamientos simultáneos en distintos puntos del puerto principal, logrando la captura de 12 presuntos integrantes, entre los que constan civiles y funcionarios policiales tanto en servicio activo como en servicio pasivo.
Las intervenciones judiciales se concentraron en sectores estratégicos como La FAE, La Pradera, Los Vergeles, La Alborada y bloques habitacionales pertenecientes a la Policía Nacional. Según las investigaciones preliminares abiertas por el presunto delito de asociación ilícita, la red operaba mediante la vulneración de los protocolos de custodia, facilitando el desmantelamiento de autopartes y la venta irregular de automotores que permanecían bajo custodia legal en los patios de retención vehicular de la urbe porteña.
Modalidad operativa y manipulación de evidencias
Los informes procesales señalan que los involucrados coordinaban maniobras fraudulentas para alterar los registros documentales de los automotores confiscados en procedimientos judiciales anteriores. De acuerdo con información judicial sobre custodias en la Fiscalía General del Estado, la alteración de inventarios oficiales y la vulneración de bodegas públicas comprometen gravemente el sustento de las causas penales en curso. De manera complementaria, los registros institucionales de la Policía Nacional del Ecuador detallan que los controles internos en centros logísticos buscan identificar desviaciones en la conducta de funcionarios encargados de salvaguardar bienes bajo cadena de custodia.
Durante las inspecciones en los inmuebles allanados, los agentes incautaron teléfonos celulares, documentación contractual adulterada, piezas de vehículos desmontadas y soportes informáticos que quedaron incorporados formalmente a la investigación penal. La complejidad del esquema radicaba en el acceso directo que tenían los uniformados implicados a las dependencias oficiales, lo que facilitaba el retiro inadvertido de piezas mecánicas de alto valor comercial antes de que los expedientes fueran resueltos por las autoridades judiciales competentes en el marco del debido proceso.
Los investigadores establecieron que varias partes mecánicas sustraídas eran comercializadas en talleres clandestinos del suburbio de Guayaquil, mientras que vehículos completos eran rematados con documentación falsificada a compradores que desconocían el origen ilícito de los bienes incautados. Esta modalidad permitía a la organización obtener cuantiosos ingresos económicos sin levantar sospechas inmediatas en los sistemas de auditoría vehicular.
Situación jurídica y acciones institucionales
El caso se suma a los esfuerzos de depuración institucional y combate al crimen organizado en la provincia de Guayas, donde recientemente Durán retoma control de la Terminal Terrestre tras rescindir contrato en el marco de las intervenciones preventivas de seguridad en la zona metropolitana. Los 12 aprehendidos fueron trasladados a la Unidad Judicial de Cuartel Modelo para la respectiva valoración médica y la instalación de la audiencia de formulación de cargos, donde se resolverán las medidas cautelares privativas de libertad.
Representantes del mando policial recalcaron que no existirá tolerancia ante actos de corrupción interna y que los efectivos involucrados enfrentarán, en paralelo a la causa penal, los respectivos sumarios administrativos disciplinarios para su desvinculación definitiva de las filas policiales. El proceso continuará bajo la etapa de instrucción fiscal para determinar el perjuicio económico ocasionado a los legítimos propietarios de los vehículos afectados y establecer si existen otros funcionarios o civiles vinculados a la red delictiva en otras dependencias del sistema judicial ecuatoriano.
Las autoridades judiciales enfatizaron que la custodia de evidencias representa un pilar fundamental para la transparencia del sistema acusatorio, por lo que se implementarán nuevas auditorías tecnológicas biométricas y revisiones sorpresivas en todos los patios de retención vehicular de la zona costera con el fin de evitar la repetición de hechos similares.
