- Inda Peñarrieta y Michelle Macías fueron expulsadas de Colombia y llegaron a Ecuador.
- Ambas procesadas están llamadas a juicio en el caso Blanqueo Fito por lavado.
- El Ministerio del Interior dispuso su traslado a la cárcel de máxima seguridad La Roca.
- Las autoridades descartaron solicitudes de extradición hacia los Estados Unidos.
Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamilet Macías Peñarrieta, esposa e hija de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, cabecilla principal de la organización criminal Los Choneros, arribaron a Ecuador la noche del 29 de septiembre de 2026 tras haber sido localizadas y formalmente expulsadas por las autoridades migratorias de la República de Colombia. Ambas ciudadanas, consideradas objetivos de alto valor por los aparatos de inteligencia del Estado ecuatoriano, se encuentran formalmente llamadas a juicio penal por el presunto delito de lavado de activos dentro de la causa judicial conocida como caso Blanqueo Fito.
El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó la llegada de ambas procesadas a suelo nacional a través de la terminal aérea de Aeropolicial en Guayaquil, indicando que deberán responder de inmediato ante los tribunales penales correspondientes por las imputaciones financieras que pesan en su contra. La máxima autoridad de la cartera de Estado ratificó que, por evidentes motivos de seguridad procesal y el alto perfil criminológico del núcleo familiar del cabecilla prófugo, se ordenó su internamiento preventivo en el Centro de Privación de Libertad Guayas N.° 3, conocido como La Roca, mientras prosigue la tramitación de las etapas procesales de juzgamiento.
Operación de captura en Colombia y antecedentes del caso Blanqueo Fito
La aprehensión de Peñarrieta y su hija se concretó el pasado domingo 27 de septiembre en el municipio de Sabana de Torres, ubicado en el departamento colombiano de Santander, mediante un operativo conjunto ejecutado por unidades tácticas y de inteligencia de Ecuador y Colombia, con el soporte analítico especializado de agencias federales de los Estados Unidos. De acuerdo con las indagaciones ministeriales y reportes de la Policía Judicial colombiana, las dos mujeres se movilizaban en territorio extranjero utilizando documentos de identidad alterados y mantenían un perfil residencial sumamente discreto para evitar la ejecución de las notificaciones rojas de Interpol y las órdenes de captura emitidas desde Quito.
El expediente judicial del caso Blanqueo Fito fue formulado originalmente a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas emitido en el año 2024 por la Unidad de Análisis Financiero y Económico, entidad técnica que alertó a la administración tributaria y al sistema judicial sobre movimientos monetarios multimillonarios, depósitos fraccionados y complejas transacciones societarias no justificadas ligadas estrechamente al círculo familiar de Macías Villamar. Con base en dichos elementos probatorios, la acusación impulsada por la Fiscalía General del Estado determinó que el 23 de marzo de 2026 se formalizara el auto de llamamiento a juicio contra 17 personas naturales y cuatro empresas jurídicas, etapa procesal que había quedado suspendida temporalmente respecto a Peñarrieta y Macías debido a su condición de prófugas en el extranjero.
Régimen penitenciario especial y proceso de juzgamiento penal
Con la llegada efectiva de ambas procesadas a territorio ecuatoriano, el tribunal penal de juzgamiento procederá a fijar la fecha para la audiencia de juzgamiento oral, en la cual se determinará la responsabilidad penal y el comiso definitivo de los bienes y cuentas bancarias asociadas a la estructura criminal. Las medidas de control y aseguramiento judicial sobre estos núcleos delictivos se articulan con otras acciones coordinadas de seguridad en el litoral, como cuando Durán retoma control de la Terminal Terrestre tras rescindir contrato en aras de neutralizar la influencia de bandas delictivas organizadas en nodos comerciales y de transporte.
El titular del Ministerio del Interior detalló además que, hasta la presente fecha, no existen pedidos formales de extradición activa ni órdenes de detención libradas por cortes judiciales de los Estados Unidos en contra de las dos implicadas, razón por la cual su proceso y eventual condena se sustanciarán con total exclusividad bajo las leyes del Código Orgánico Integral Penal en la jurisdicción ecuatoriana, bajo un régimen carcelario de máxima seguridad y custodia permanente.
