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Militares de EE. UU. y DEA ejecutan allanamientos contra red narco en Guayas

Militares y agentes policiales durante los allanamientos en Samborondón

Actualizada:

5 min de lectura
  • Tropas del Comando Sur de EE. UU. ejecutaron allanamientos directos en urbanizaciones de Samborondón.
  • El contingente incluyó a 50 militares estadounidenses, agentes de la DEA y una fiscal federal norteamericana.
  • La operación desarticuló una red de 39 detenidos con nexos logísticos con el Cartel Jalisco Nueva Generación.
  • Las autoridades cuantifican una afectación patrimonial de 322 millones de dólares a la estructura criminal.

En una intervención táctica binacional de alcance histórico para la seguridad del país, efectivos del Comando Sur de Estados Unidos participaron de forma directa este jueves 24 de septiembre de 2026 en allanamientos simultáneos ejecutados en urbanizaciones privadas de la provincia del Guayas. La operación, desarrollada en coordinación estratégica con el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos de la Policía Nacional del Ecuador, permitió desarticular los mandos operativos de una red narcodelictiva transnacional vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dejando un saldo de 39 personas detenidas en las provincias de Guayas, El Oro y Los Ríos tras ocho meses de labores continuas de inteligencia militar conjunta.

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Despliegue operativo y tecnología táctica en Samborondón

El operativo conjunto comenzó durante la madrugada, cuando un convoy de vehículos tácticos y unidades blindadas se desplazó por la vía a Samborondón con dirección a exclusivos complejos residenciales de alta plusvalía. De acuerdo con la información oficial proporcionada por el ministro del Interior, John Reimberg, el contingente norteamericano estuvo conformado por 50 militares especializados, agentes de campo de la Administración de Control de Drogas (DEA) y una fiscal estadounidense encargada de supervisar los estándares procesales de la evidencia recabada en el terreno.

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Las fuerzas policiales y militares intervinieron dos viviendas específicas ubicadas en Puerto Mocolí y Riberas del Batán. En el primer inmueble las autoridades capturaron al presunto cabecilla principal de la organización criminal, mientras que en la segunda propiedad fue neutralizado el presunto operador financiero encargado de la legitimación de capitales ilícitos. Este contundente resultado profundiza el reporte matutino en el que se detalló preliminarmente que la Policía y tropas de Estados Unidos allanan viviendas en Samborondón, revelando ahora la magnitud estructural de los detenidos y el material decomisado.

Durante la incursión, los efectivos del Comando Sur de Estados Unidos emplearon equipamiento táctico de última tecnología para resguardar a las unidades en el sitio. Sus uniformes camuflados disponían de inhibidores portátiles diseñados para neutralizar posibles ataques con drones explosivos, mientras camionetas del convoy portaban antenas duales de amplio alcance para anular frecuencias de radiocomunicación del crimen organizado. Asimismo, los uniformados contaban con cascos dotados de visores térmicos y nocturnos de alta resolución, complementados con audífonos y micrófonos inalámbricos que permitían coordinación auditiva permanente sin necesidad de apartar las manos del armamento reglamentario.

Extracción forense inmediata de evidencia informática

Uno de los avances tecnológicos más determinantes introducidos en este operativo binacional fue la aplicación de protocolos de informática forense en el propio lugar de los hechos. Técnicos periciales estadounidenses emplearon herramientas especializadas de transferencia de datos de alta velocidad que permitieron clonar y analizar teléfonos celulares, ordenadores portátiles y memorias digitales en cuestión de minutos, reduciendo drásticamente los tiempos habituales de peritaje que en los laboratorios de Criminalística solían extenderse por más de un mes a la espera de autorizaciones judiciales.

El ministro Reimberg enfatizó que esta inmediatez técnica permitió a los agentes ecuatorianos del GEMA corroborar en tiempo real las comunicaciones entre los líderes locales y mandos del cartel mexicano. Esta rigurosidad investigativa se articula con otros golpes coordinados en la zona costera, como los procedimientos en los que la Policía rescata a víctimas de delitos transnacionales en Guayaquil, afianzando la presencia institucional en sectores neurálgicos del litoral ecuatoriano.

Rutas marítimas internacionales y perjuicio económico al narcotráfico

Las investigaciones desarrolladas durante ocho meses determinaron que la organización operaba mediante el acopio sistemático de cargamentos de clorhidrato de cocaína procedentes del sur de Colombia. Una vez en territorio ecuatoriano, la droga era trasladada hacia centros de acopio temporal en Guayas y El Oro, desde donde coordinaban la contaminación de contenedores de carga marítima en los puertos de Guayaquil y Puerto Bolívar, con rutas de exportación orientadas hacia puertos de Centroamérica, Estados Unidos y la Unión Europea.

Las autoridades del Ministerio del Interior calcularon que las incautaciones previas y el decomiso de activos efectuado en lo que va de 2026 representan una afectación económica de 322 millones de dólares para la estructura narcodelictiva. Tras la confirmación del balance general, el presidente de la República, Daniel Noboa, ratificó a través de sus canales oficiales que ningún Estado soberano puede combatir de manera aislada al crimen transnacional organizado, confirmando que las operaciones conjuntas con aliados extranjeros continuarán ejecutándose bajo el marco de los convenios bilaterales ratificados por el Estado ecuatoriano.

El despliegue en Samborondón marca un punto de inflexión en la cooperación militar entre Ecuador y Estados Unidos, transitando desde fases de asesoría técnica y provisión de inteligencia satelital hacia intervenciones tácticas conjuntas en el terreno. Mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional señalaron que se mantendrán patrullajes intensificados en los ejes fluviales del río Daule y del río Babahoyo, así como en las urbanizaciones perimetrales de Guayaquil, para prevenir reagrupamientos de células criminales remanentes y asegurar el procesamiento penal de todos los involucrados ante la justicia competente.

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