- Operativo conjunto de las Fuerzas Armadas y Policía desarticuló campamentos en Napo y Orellana.
- Se destruyeron cuatro retroexcavadoras, seis motores de succión y tanques de combustible.
- Ocho personas de nacionalidad ecuatoriana y extranjera fueron aprehendidas en flagrancia.
- La actividad ilícita contaminaba afluentes del río Punino con mercurio y sedimentos pesados.
En el marco de las operaciones continuas del Bloque de Seguridad, efectivos de las Fuerzas Armadas del Ecuador y unidades especializadas de la Policía Nacional ejecutaron una contundente intervención táctica contra la minería ilegal en las provincias amazónicas de Orellana y Napo, logrando la destrucción e inhabilitación de maquinaria pesada valorada en más de un millón de dólares y la detención de ocho personas implicadas en delitos ambientales y delincuencia organizada.
Incursión táctica en las riberas del río Punino
La incursión militar se concentró en áreas selváticas de difícil acceso en la cuenca del río Punino, un sector gravemente impactado por la deforestación y la remoción descontrolada de riberas para la extracción aluvial de oro. Tropas de la Brigada de Selva N.º 19 Napo y comandos fluviales ingresaron por vía aérea y terrestre, sorprendiendo a los operadores ilegales en plena faena extractiva.
Siguiendo las disposiciones del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y los decretos de estado de excepción vigentes, los técnicos en explosivos de las Fuerzas Armadas procedieron a la inhabilitación neutralizadora de cuatro retroexcavadoras oruga de gran capacidad, seis motores de succión de agua, tres clasificadoras tipo zapa (trómeles) y más de 1.500 galones de diésel subsidiado que abastecían a la red clandestina.
Este operativo militar contra redes ilícitas profundiza las acciones estatales reportadas previamente en el combate contra el crimen organizado y el lavado de activos en el país, donde la minería ilegal funciona como mecanismo de financiamiento para bandas delictivas.
Aprehensiones en flagrancia y peritajes de Fiscalía
Durante la operación fueron aprehendidos en delito flagrante ocho ciudadanos (cinco ecuatorianos y tres extranjeros), a quienes se les incautaron armas de fuego de corto y largo alcance, municiones, radios de comunicación satelital y frascos con mercurio líquido utilizado para la amalgama de oro.
Los detenidos fueron trasladados bajo fuerte resguardo militar hasta las dependencias judiciales de la Fiscalía General del Estado en Francisco de Orellana para la respectiva audiencia de formulación de cargos por explotación ilícita de recursos mineros y porte no autorizado de armamento.
Protección de fuentes hídricas y ecosistemas amazónicos
El Ministerio de Defensa Nacional (Ministerio de Defensa) ratificó que las Fuerzas Armadas mantendrán el control territorial militar permanente en la zona para impedir la reinstalación de campamentos y apoyar a las comunidades indígenas locales cuyos ríos han sufrido niveles alarmantes de sedimentación y vertido de metales pesados.
El comando conjunto subrayó que la minería ilegal no solo destruye el patrimonio natural del Ecuador, sino que financia actividades delictivas transnacionales, reiterando que no habrá tregua contra las estructuras que atenten contra la seguridad y los recursos estratégicos de la nación.
Operativos de control ambiental y persecución de delitos conexos
Las autoridades militares precisaron que los campamentos intervenidos en las riberas fluviales albergaban no solo maquinaria pesada, sino también depósitos clandestinos de combustible subsidiado y reactivos químicos altamente tóxicos, como el mercurio y el cianuro, utilizados para amalgamar el oro aluvial. El vertido indiscriminado de estas sustancias en los afluentes de la cuenca amazónica amenaza de forma crítica la biodiversidad y el agua de consumo de comunidades indígenas ribereñas.
El Ministerio de Defensa y la Policía Nacional intensificarán las operaciones de inteligencia en los corredores logísticos que abastecen de repuestos, dinamita y víveres a estos enclaves ilegales. Los ocho ciudadanos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para la formulación de cargos por delitos contra los recursos naturales y asociación ilícita, infracciones sancionadas con penas privativas de libertad de hasta siete años de prisión bajo el Código Orgánico Integral Penal.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reiteró su compromiso inquebrantable de proteger la soberanía y los recursos estratégicos del Estado, señalando que las operaciones fluviales y aéreas de interdicción continuarán de forma sostenida a lo largo de las fronteras orientales para erradicar las mafias vinculadas a la minería ilegal.
