- Un hombre recibió 6 meses de prisión por el incendio de San José de Monjas del 26 de agosto.
- Otras dos personas quedaron judicializadas el 16 de septiembre por flagrancia calificada.
- El incendio de La Vicentina quemó 12 hectáreas en tres días y dejó un aprehendido.
- El artículo 246 del COIP castiga provocar incendios forestales con 1 a 3 años de cárcel.
La Fiscalía y el Municipio de Quito lograron en las últimas semanas la primera condena firme por un incendio forestal provocado en la capital y judicializaron otros dos casos, mientras un cuarto caso en La Vicentina sigue en investigación. Los procesos avanzan en medio de una temporada seca que multiplicó los focos de fuego en las laderas de la ciudad.
El caso más avanzado ocurrió el 26 de agosto en San José de Monjas. Un procesado admitió su culpabilidad mediante procedimiento abreviado y un juez le impuso 6 meses de prisión, una multa equivalente a 3 salarios básicos y una reparación de $498 a favor del Cuerpo de Bomberos de Quito. La sentencia incluyó además la orden de publicarla.
Dos procesos abiertos el mismo 16 de septiembre
El 16 de septiembre, la Fiscalía formuló cargos en dos causas distintas por incendios provocados. En San Antonio de Pichincha, un juez calificó la flagrancia y declaró legal la detención del procesado, a quien impuso prohibición de salir del país y la obligación de presentarse cada lunes ante la autoridad. El caso avanza por procedimiento directo y la audiencia de juzgamiento sigue pendiente.
Ese mismo día, otro proceso por un incendio junto a la Casa de la Selección terminó con flagrancia calificada y prisión preventiva para el procesado. La audiencia de juzgamiento de esa causa está prevista para el próximo mes.
La Vicentina: 12 hectáreas quemadas en tres días
Un cuarto caso, más reciente, corresponde a un incendio en La Vicentina que arrasó 12 hectáreas en tan solo tres días. Las autoridades aprehendieron a un sospechoso, pero la audiencia de calificación de flagrancia todavía no se realiza.
El Municipio también ha reforzado los controles administrativos fuera del ámbito penal. Solo en la actual temporada seca, la ciudad acumula cientos de sanciones por quemas a cielo abierto, una vía administrativa distinta a la penal que persigue las causas ya judicializadas.
Lo que castiga el Código Orgánico Integral Penal
Las cuatro causas se tramitan bajo el artículo 246 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona a quien provoque incendios forestales o de vegetación con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La norma, que administra la Fiscalía General del Estado, se ubica entre los delitos contra el ambiente y la naturaleza.
En procesos como el de San José de Monjas, la admisión de culpabilidad bajo procedimiento abreviado permite reducir el tiempo entre la formulación de cargos y la sentencia. El procesado renuncia a un juicio completo a cambio de una pena generalmente menor, siempre que un juez valide que la admisión fue voluntaria e informada.
En los otros tres casos, la vía sigue siendo distinta: la calificación de flagrancia y, según corresponda, el procedimiento directo u ordinario. La flagrancia calificada implica que un juez revisó las circunstancias de la aprehensión y confirmó que existían elementos suficientes para sostener la detención inmediata del procesado, sin necesidad de una orden previa.
El papel del Municipio y la Fiscalía
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito se constituyó como acusador particular en varias de estas causas, un rol que le permite aportar pruebas y exigir reparación económica junto a la Fiscalía. El alcalde Pabel Muñoz ha señalado públicamente que varios de los incendios recientes se presume que fueron provocados.
El subprocurador de Patrocinio del Municipio, Juan Ignacio Yuquilema, ha estado al frente del seguimiento legal de estos expedientes ante la Fiscalía. El Cuerpo de Bomberos de Quito participa como parte afectada y beneficiaria de las reparaciones económicas ordenadas por los jueces, como ocurrió en el caso de San José de Monjas.
Una temporada seca que multiplica los focos
Los cuatro casos judicializados en pocas semanas reflejan la presión que enfrenta el sistema judicial durante la temporada seca en Quito, cuando la vegetación reseca y el viento facilitan la propagación de incendios provocados. La combinación de sanciones penales, reparaciones económicas y multas administrativas busca disuadir tanto la intencionalidad como el descuido detrás de estos focos.
Mientras las tres causas judicializadas más recientes esperan sus respectivas audiencias, la condena de San José de Monjas queda como el primer precedente firme de esta temporada: una pena de prisión, una multa y una reparación económica directa al Cuerpo de Bomberos, la institución que combate estos incendios en primera línea.
Para los equipos de bomberos y guardaparques que operan en las laderas orientales de la capital, cada nuevo expediente judicializado se suma a un patrón que se repite año tras año durante los meses secos. Las autoridades insisten en que la combinación de sanciones penales y controles administrativos es, por ahora, la principal herramienta disponible para frenar los incendios provocados por manos humanas.
