- Equipos de fiscales y policías allanaron dependencias administrativas del palacio municipal de Guayaquil.
- La diligencia procesal se ejecutó como acto urgente ante presuntos indicios de peculado en contratos públicos.
- Los peritos incautaron expedientes contractuales, comprobantes contables y soportes informáticos corporativos.
- La alcaldía porteña emitió un pronunciamiento garantizando colaboración irrestricta con la justicia ordinaria.
La Fiscalía General del Estado, en coordinación operativa con unidades de élite de la Policía Nacional, intervino las instalaciones del Municipio de Guayaquil durante la mañana de este viernes 6 de noviembre de 2026, con el fin de recopilar indicios documentales y evidencias digitales relacionadas con presuntas irregularidades administrativas en la suscripción y ejecución de contratos de servicios municipales.
El operativo se desarrolló de manera sorpresiva y comprendió el ingreso a oficinas clave del edificio central del cabildo porteño, incluyendo la Dirección de Justicia y Vigilancia, la Dirección de Talento Humano y varias coordinaciones delegadas de comisarías seccionales. La acción fiscal responde a denuncias presentadas ante el Ministerio Público sobre supuestas inconsistencias en la justificación de rubros asignados y la fiscalización técnica de obras locales.
Diligencias judiciales en el Municipio de Guayaquil
Durante la intervención en el Municipio de Guayaquil, los agentes investigadores procedieron a la fijación fotográfica, etiquetado y custodia de decenas de archivadores que contienen contratos públicos, órdenes de servicio y comprobantes de desembolso fiscal. Asimismo, peritos de criminalística realizaron extracciones forenses de discos duros e información almacenada en computadoras corporativas para su peritaje en laboratorios especializados.
En el ámbito de la seguridad y el control delictivo en la región costera, las fuerzas del orden mantienen múltiples operativos en paralelo, tal como ocurrió cuando se informó que un ataque con explosivo contra joyería en centro de Machala encendió las alarmas de los organismos de investigación penal en el sur del territorio nacional.
El delito de peculado, contemplado en el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, sanciona con penas de hasta trece años de privación de libertad a los funcionarios públicos que abusen de dineros fiscales en beneficio propio o de terceros. La recopilación técnica de indicios efectuada en el cabildo porteño busca determinar si existieron pagos indebidos o desvío de caudales estatales durante los ejercicios presupuestarios recientes, bajo la supervisión de la Fiscalía General del Estado.
Transparencia institucional y control en la gestión local
Tras la conclusión de los allanamientos preliminares, la administración municipal de Guayaquil difundió un comunicado oficial manifestando que las puertas del cabildo permanecen abiertas a todas las indagaciones de los entes de fiscalización. Voceros de la alcaldía sostuvieron que la actual gestión mantiene una política de cero tolerancia hacia actos que riñan con la probidad administrativa y aseguraron que entregaron voluntariamente todos los expedientes requeridos por el equipo fiscal actuante.
Especialistas en administración pública y derecho procesal subrayan que las investigaciones por actos urgentes constituyen mecanismos indispensables para precautelar que la documentación probatoria no sea destruida o alterada antes del inicio formal de una instrucción fiscal. En este sentido, la articulación entre el sistema judicial y los organismos de control técnico que encabeza la Contraloría General del Estado resulta primordial para transparentar los procesos de contratación pública en los municipios del país.
Las evidencias físicas e informáticas recolectadas fueron ingresadas al centro de acopio temporal de la Policía Judicial de la Zona 8 bajo estricta cadena de custodia. En los próximos días, los fiscales a cargo de la causa convocarán a declarar a los directores departamentales y analistas de compras públicas para contrastar sus versiones con los informes financieros obtenidos en las dependencias municipales.
Marco legal y auditorías en la administración seccional
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) determina que los gobiernos municipales tienen la obligación legal de someter todos sus actos administrativos a las auditorías concurrentes de los organismos de control del Estado. Las autoridades judiciales señalaron que los resultados de las pericias informáticas serán incorporados de inmediato al expediente procesal reservado, a fin de determinar responsabilidades individuales e institucionales en los contratos bajo sospecha en el Municipio de Guayaquil.
