- Un testigo protegido rindió testimonio anticipado dentro de la trama penal del caso Laberinto.
- La declaración señala a dos operadores ligados a empresas privadas en el cobro de sobornos municipales.
- Los fondos irregulares presuntamente se triangulaban a través de empresas proveedoras de combustible.
- La defensa técnica de los investigados sostiene que el testimonio carece de sustento documental contrastable.
Un nuevo e impactante giro procesal sacudió las investigaciones del caso Laberinto luego de que un testigo protegido bajo custodia de la Fiscalía General del Estado revelara detalles sobre una presunta red de cobro sistemático de sobornos al interior del Municipio de Guayaquil.
Antecedentes y desarrollo de los acontecimientos verificados
De acuerdo con la declaración rendida bajo juramento ante el tribunal penal, dos personas estrechamente relacionadas con las empresas privadas vinculadas al entorno del alcalde Aquiles Álvarez actuaban como recaudadores de comisiones indebidas exigidas a contratistas de obras civiles y mantenimiento urbano.
La Fiscalía General del Estado incorporó al expediente copias de chats de mensajería instantánea, bitácoras de ingreso vehicular y comprobantes bancarios que evidenciarían reuniones clandestinas destinadas a pactar porcentajes de entrega que oscilaban entre el 8 % y el 12 % del monto contractual.
El testimonio describe que los recursos ilícitos eran transportados en efectivo hacia inmuebles particulares en el norte de Guayaquil antes de ser ingresados a circuitos financieros mediante esquemas de facturación simulada en distribuidoras de hidrocarburos.
Peritos de la Función Judicial del Ecuador efectúan el cotejamiento pericial de las firmas y firmas electrónicas de los contratos municipales cuestionados para determinar si existió direccionamiento doloso en los términos de referencia.
Frente a las revelaciones, los abogados defensores del burgomaestre rechazaron categóricamente los señalamientos del testigo protegido, afirmando que se trata de acusaciones infundadas promovidas por adversarios políticos para desgastar la gestión municipal.
Concejales de diversas bancadas exigieron la conformación de una comisión especial de fiscalización dentro del Concejo Cantonal para revisar de oficio los contratos suscritos con las compañías señaladas en el proceso penal.
Veedurías anticorrupción recalcaron que la transparencia procesal en el caso Laberinto es indispensable para garantizar que los recursos públicos de Guayaquil no hayan sido desviados en detrimento de la obra comunitaria.
Impacto sectorial y valoraciones de los organismos oficiales
La jueza a cargo de la causa convocó a las partes procesales para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio prevista para las próximas semanas.
El testigo protegido pormenorizó ante los fiscales que las entregas de dinero en efectivo se pactaban habitualmente en cafeterías y centros comerciales del norte de Guayaquil, utilizando bolsas térmicas y maletines ejecutivos para no despertar sospechas entre los transeúntes.
Equipos de peritos contables de la Fiscalía realizan un barrido detallado a los movimientos tributarios de las empresas sospechosas, buscando determinar si existieron transferencias internacionales hacia cuentas en paraísos fiscales o adquisición no justificada de bienes raíces en la costa ecuatoriana.
Diversos colectivos de la sociedad civil y gremios de profesionales exigieron que la Contraloría General del Estado remita con urgencia los informes con indicios de responsabilidad penal que reposan en las delegaciones provinciales para acelerar la vinculación de más involucrados.
Líderes de las bancadas legislativas provinciales solicitaron a la Superintendencia de Bancos que ordene auditorías inmediatas a las pólizas y garantías presentadas por los consorcios adjudicatarios cuestionados.
Los peritajes informáticos continuarán analizando miles de correos electrónicos y chats encriptados incautados en los allanamientos para consolidar la acusación penal que presentará el Ministerio Público ante los tribunales.
La Fiscalía General del Estado reiteró que ningún funcionario público ni contratista privado goza de inmunidad frente a delitos que comprometen el erario municipal y la fe pública.
Para conocer más detalles sobre el acontecer legal e institucional en el territorio nacional, revise nuestro reporte sobre las investigaciones sobre contrataciones públicas en el país.
