El 5 de junio de 2025, en la sesión 008, los legisladores de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados anularon una resolución aprobada 24 días antes por el Pleno de la Asamblea Nacional. Con esta acción eliminaron una terna enviada al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la cual iba dirigida al Consejo de la Judicatura. Esta medida ha generado una gran preocupación en torno a la seguridad jurídica, pues modifica decisiones ya adoptadas y comunicadas oficialmente.
Normas claras en la LOFL
El abogado Gonzalo Muñoz, especialista en derecho parlamentario, advierte que los asambleístas deben actuar conforme a la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). El artículo 145 establece que una decisión reconsiderada no puede volver a discutirse. Para Muñoz, este límite garantiza la seguridad jurídica en las funciones del Legislativo. Reabrir decisiones cerradas rompe con esa garantía básica.
Visiones opuestas entre legisladores
Pablo Santillán, abogado que acompañó a la asambleísta Annabella Azín, defiende la reconsideración aprobada. Según él, la Asamblea tiene libertad para actuar en nuevas circunstancias políticas. Asegura que una terna no implica una designación definitiva. Sin embargo, esta interpretación abre dudas sobre el respeto a la seguridad jurídica, ya que lo reconsiderado se supone definitivo.
Consecuencias para el futuro político
Exlegisladores como Gissela Garzón y miembros del Partido Social Cristiano han criticado la decisión. Indican que, si se permite revertir resoluciones firmes, se pone en juego la estabilidad legal. Incluso leyes aprobadas, como la Ley de Solidaridad, podrían anularse con nuevas mayorías. Esta posibilidad debilita la seguridad jurídica y afecta la confianza institucional.
Reflexión final sobre la seguridad jurídica
Varios actores legales y políticos coinciden en que lo ocurrido sienta un precedente preocupante. Si una mayoría ocasional puede cambiar decisiones pasadas, la seguridad jurídica pierde valor. El país necesita reglas estables para que las leyes tengan efecto duradero y los ciudadanos confíen en sus instituciones.
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Fuente:
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