La reforma penitenciaria impulsada por la bancada oficialista ADN busca cambiar el sistema carcelario en Ecuador. El proyecto ya tiene informe para segundo debate en la Comisión de Seguridad Integral. La propuesta incluye trabajo obligatorio para presos, un régimen especial para internos de alto riesgo y la incorporación de policías y militares retirados.
El proyecto forma parte de la Ley para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario. Su objetivo es recuperar el control del Estado sobre las cárceles. También busca mejorar la seguridad dentro de los centros de rehabilitación social.
La propuesta modifica varias leyes vigentes. Entre ellas están el Código Orgánico Integral Penal y el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. También incluye cambios en la Ley de Seguridad Pública y en normas sobre el uso de la fuerza.
Trabajo obligatorio dentro de las cárceles
Uno de los puntos principales del proyecto es el trabajo obligatorio para las personas privadas de libertad. La idea es que los internos realicen actividades laborales dentro de los centros penitenciarios.
El objetivo es que puedan cubrir parte de sus necesidades básicas. También se busca fomentar hábitos de trabajo y responsabilidad.
La norma fija un plazo máximo de 36 meses para aplicar esta política. Durante ese tiempo, el Sistema Nacional de Rehabilitación Social deberá implementar el nuevo modelo laboral.
Régimen especial en la reforma penitenciaria para internos de alto riesgo
El proyecto también contempla la creación de un régimen especial destinado a personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad. Este sistema permitiría aplicar controles más estrictos dentro de pabellones o centros de máxima seguridad.
La clasificación de los internos se realizaría mediante evaluaciones técnicas que determinen su nivel de riesgo. Este régimen podría aplicarse tanto a personas condenadas como a procesados que enfrentan delitos vinculados con delincuencia organizada, narcotráfico o terrorismo.
Dentro de este esquema, los internos considerados de alto riesgo no tendrían acceso a regímenes semiabiertos ni abiertos y muchas de sus actividades, como audiencias judiciales o comunicaciones legales, se realizarían mediante medios telemáticos.
Nuevas estructuras de control y seguridad penitenciaria
La iniciativa legislativa también propone fortalecer la estructura de seguridad dentro de los centros de rehabilitación social.
Para ello se plantea transformar el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria en una entidad técnica armada con régimen jurídico especial. Entre sus funciones se incluirían el control interno de las cárceles, la ejecución de requisas con tecnología especializada y la custodia de traslados de internos hacia centros de salud.
Además, el proyecto contempla la creación de grupos especiales de seguridad penitenciaria destinados a intervenir en situaciones de crisis como motines o disturbios.
De forma paralela, se propone la creación de un subsistema de inteligencia penitenciaria que permita detectar riesgos, prevenir delitos y desarticular redes criminales que operan desde el interior de las cárceles.
Reforma penitenciaria plantea incorporar militares y policías retirados
Otro de los puntos del proyecto busca reforzar el sistema carcelario mediante la incorporación temporal de policías y militares en servicio pasivo.
Estos uniformados podrían desempeñar funciones dentro de los centros penitenciarios tras completar un programa de capacitación específico.
Para incentivar su participación, la propuesta plantea permitir que mantengan el cien por ciento de su pensión de retiro mientras reciben un salario por su trabajo dentro del sistema penitenciario.
Según los impulsores de la reforma, esta medida permitiría cubrir el déficit de personal de seguridad mientras se fortalece la carrera penitenciaria profesional.
Debate político y cuestionamientos a la iniciativa
A pesar de que la propuesta busca responder a la crisis penitenciaria del país, varios sectores han planteado cuestionamientos sobre algunos aspectos del proyecto.
Uno de los principales debates gira en torno a la posibilidad de aplicar el régimen especial a personas que aún no cuentan con una sentencia ejecutoriada. Algunos críticos consideran que esta medida podría interpretarse como una anticipación de la pena si no existen criterios técnicos claros que la justifiquen.
También se han planteado preocupaciones sobre posibles restricciones al derecho a la defensa, especialmente en lo relacionado con el uso prioritario de medios telemáticos para las audiencias y la comunicación entre internos y abogados.
Mientras el proyecto avanza hacia su segundo debate en la Asamblea Nacional, el país enfrenta una discusión sobre el equilibrio entre seguridad, rehabilitación y respeto a los derechos dentro del sistema penitenciario ecuatoriano.
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