El asambleísta Raúl Chávez fue convocado por la Fiscalía General del Estado para rendir versión en el caso Goleada, un proceso que continúa ampliándose y que involucra a figuras del ámbito político nacional.
El legislador confirmó la citación el 19 de marzo de 2026 mediante sus redes sociales, donde también dejó entrever cuestionamientos sobre el contexto en el que se produce esta decisión. Según indicó, el llamado coincide con su reciente ratificación como presidente del movimiento RETO, que mantiene una postura crítica frente al Gobierno.
Raúl Chávez responde a citación fiscal
Chávez aseguró que acudirá a rendir su versión y que colaborará con las autoridades en el desarrollo de la investigación. No obstante, expresó su inconformidad con la forma en que el caso ha sido expuesto públicamente.
El asambleísta señaló que no considera necesario que el proceso se convierta en un espectáculo, insistiendo en que las diligencias deben manejarse con mayor reserva y transparencia.

Contexto político del caso Goleada
La presencia de Chávez en la investigación también tiene un peso político importante. Su cercanía con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, lo ubica como una figura relevante dentro del entorno del caso.
Además, ha acompañado al burgomaestre en varias diligencias judiciales, lo que refuerza el interés de la Fiscalía en recabar su testimonio como parte del proceso.
Raúl Chávez dentro del movimiento RETO
El rol de Chávez en el movimiento RETO es clave dentro del escenario político actual. La organización ha logrado posicionarse y mantiene influencia en la administración municipal de Guayaquil.
Durante la ausencia del alcalde, la vicealcaldesa Tatiana Coronel ha asumido funciones, lo que evidencia la participación activa del movimiento en la gestión local.
Investigación del caso Goleada
El caso Goleada involucra a 11 personas y se centra en una presunta red dedicada al desvío de combustibles del sector naviero para su comercialización ilegal.
Según las autoridades, este esquema habría permitido vender diésel subsidiado a precios internacionales, generando un perjuicio económico cercano a los 100 millones de dólares para el Estado.
En este contexto, Aquiles Alvarez fue detenido el 10 de febrero de 2026 y trasladado a distintos centros de privación de libertad, en medio de decisiones sustentadas en informes reservados.
La investigación continúa en desarrollo mientras se recogen versiones y se analizan elementos que permitan esclarecer los hechos.
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