- El Tribunal de la Corte de Pichincha rechazó por unanimidad la apelación de hábeas corpus.
- La excandidata presidencial Luisa González seguirá en prisión preventiva en Cotopaxi.
- Los magistrados ratificaron que la medida cautelar está motivada y se apega a la Constitución.
- La causa penal investiga presunto lavado de activos en el denominado Caso Laberinto.
En una resolución judicial determinante para el escenario político nacional, el tribunal rechaza hábeas corpus de Luisa González y ratificó en todas sus partes la orden de prisión preventiva que pesa sobre la excandidata presidencial del movimiento Revolución Ciudadana, debiendo permanecer recluida en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi mientras continúa la instrucción fiscal por presunto lavado de activos dentro del denominado Caso Laberinto.
La decisión fue adoptada por voto unánime de los magistrados de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, quienes concluyeron que la privación de libertad dictada en primera instancia no adolece de arbitrariedad, ilegalidad ni violación de derechos humanos fundamentales, desestimando íntegramente los argumentos expuestos por la defensa técnica de la procesada.
Argumentos jurídicos por los que el tribunal rechaza hábeas corpus de Luisa González
Al fundamentar el dictamen mediante el cual el tribunal rechaza hábeas corpus de Luisa González, los jueces provinciales enfatizaron que el recurso extraordinario de hábeas corpus no constituye una instancia de casación para reexaminar las pruebas de fondo acumuladas por la Fiscalía General del Estado, sino una garantía de estricta protección constitucional frente a detenciones manifiestamente ilegítimas, situación que fue descartada en el presente trámite procesal.
El fallo judicial destacó que las medidas cautelares privativas de la libertad dictadas por el juez de garantías penales de Quito cumplieron con los presupuestos procesales de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, tomando en consideración la gravedad de los delitos imputados y la necesidad imperiosa de garantizar la comparecencia de los procesados en las etapas preparatorias de juicio.
Durante la lectura de las consideraciones jurídicas, el tribunal precisó que los informes médicos presentados por el centro penitenciario demuestran que la ciudadana procesada cuenta con acceso permanente a chequeos de salud regulares y medicamentos requeridos, desvirtuando los alegatos sobre presuntos riesgos inminentes a su integridad física bajo custodia estatal.
Tras la lectura formal de la resolución en la sala de audiencias, simpatizantes y dirigentes del correísmo que se encontraban apostados en los exteriores del complejo judicial expresaron su rechazo al dictamen, catalogándolo como un acto de persecución política. En contraste, voceros de la acusación particular valoraron el fallo como una muestra de firmeza e independencia institucional del poder judicial ecuatoriano.
Abogados de la exaspirante presidencial anunciaron que interpondrán una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional del Ecuador, alegando supuestas vulneraciones al debido proceso y al principio de presunción de inocencia garantizado en tratados internacionales.
La ratificación de la medida cautelar mantiene a la principal figura de la oposición política recluida bajo estrictos protocolos de seguridad penitenciaria, en momentos en que las organizaciones políticas definen sus cuadros electorales de cara a los comicios seccionales y generales del país.
Juristas independientes recalcaron que la celeridad y solidez técnica de las resoluciones judiciales fortalecen la confianza pública en los órganos de administración de justicia frente a casos de alta conmoción nacional.
En el plano procesal, los fiscales a cargo del expediente continuarán evacuando las pericias financieras y contables solicitadas a instituciones bancarias internacionales, con el propósito de sustentar el dictamen acusatorio en la próxima audiencia preparatoria de juicio convocada por la justicia penal de la capital.
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