- En una trascendental y tensa audiencia de formulación de cargos que se extendió durante la madrugada en la Corte Nacional de Justicia, la jueza encargada acogió el pedido formal de la Fiscalía General del Estado y dictó orden de prisión preventiva en contra de la excandidata presidencial y presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, dentro del denominado ‘Caso Laberinto’.
- El dictamen judicial se sustentó en los elementos de convicción presentados por el equipo fiscal, los cuales exponen presuntos indicios de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y triangulación irregular de fondos de campaña en las elecciones presidenciales de 2023.
- La defensa técnica de Luisa González y los voceros parlamentarios de Revolución Ciudadana rechazaron con indignación la medida privativa de libertad, calificándola de ‘atropello judicial’ y maniobra de persecución política destinada a proscribir a su liderazgo en la coyuntura electoral.
En una trascendental y tensa audiencia de formulación de cargos que se extendió durante la madrugada en la Corte Nacional de Justicia, la jueza encargada acogió el pedido formal de la Fiscalía General del Estado y dictó orden de prisión preventiva en contra de la excandidata presidencial y presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, dentro del denominado ‘Caso Laberinto’.
Elementos de convicción y presunto lavado de activos
El dictamen judicial se sustentó en los elementos de convicción presentados por el equipo fiscal, los cuales exponen presuntos indicios de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y triangulación irregular de fondos de campaña en las elecciones presidenciales de 2023. La jueza determinó que las medidas alternativas como la presentación periódica o el grillete electrónico eran insuficientes para mitigar el riesgo de fuga procesal.
Los peritajes financieros aportados al expediente señalan transferencias no reportadas y aportaciones opacas canalizadas mediante empresas intermediarias y proveedores contratados, lo que a criterio de los acusadores vulnera el régimen legal de financiamiento político establecido en el Código de la Democracia ecuatoriano. Este desarrollo se articula con iniciativas de investigaciones fiscales por presuntos aportes irregulares de campaña.
Reacciones políticas y apelación inmediata de la defensa
La defensa técnica de Luisa González y los voceros parlamentarios de Revolución Ciudadana rechazaron con indignación la medida privativa de libertad, calificándola de ‘atropello judicial’ y maniobra de persecución política destinada a proscribir a su liderazgo en la coyuntura electoral. El equipo jurídico anunció la presentación inmediata de un recurso de apelación ante el tribunal superior.
Analistas jurídicos y observadores constitucionales recalcan la necesidad de que la etapa de instrucción fiscal se desarrolle con absoluto rigor probatorio y estricto respeto a las garantías procesales fundamentales de la procesada, garantizando un juicio imparcial que preserve la certidumbre institucional del país.
La resolución judicial sacude el escenario político nacional, marcando un punto de inflexión en las investigaciones sobre corrupción y financiamiento electoral que mantiene en vilo a las fuerzas políticas de todo el país.
El dictamen de prisión preventiva contra la principal dirigente de Revolución Ciudadana genera hondas repercusiones en el tablero electoral ecuatoriano, tensionando las relaciones entre las bancadas legislativas y el Ejecutivo. Líderes de opinión y analistas políticos coinciden en que la judicialización de figuras públicas exige la máxima transparencia procesal para disipar suspicacias sobre interferencias en los comicios venideros.
La defensa técnica ha anunciado que agotará todos los recursos constitucionales, incluyendo la solicitud de medidas cautelares ante organismos internacionales de derechos humanos, mientras la Fiscalía avanza en la recopilación de testimonios de peritos y ejecutivos bancarios vinculados a las cuentas investigadas.
Fuente original: Ecuador en Directo / Política
