- El pleno legislativo aprobó la modernización del marco regulatorio aéreo tras más de 40 años sin reformas estructurales.
- La normativa reduce los tiempos de tramitación de permisos de operación internacional de 180 a 45 días laborables.
- Se establecen incentivos tarifarios y exenciones temporales de tasas para aerolíneas que abran rutas a terminales secundarias.
- La Dirección General de Aviación Civil adquiere mayor autonomía técnica y capacidad sancionatoria ante retrasos injustificados.
El pleno de la Asamblea Nacional aprobó de manera definitiva el proyecto de la nueva Ley de Aviación Civil, un cuerpo legal estratégico diseñado para transformar y desregular el mercado aerocomercial ecuatoriano. La normativa sustituye a la antigua legislación dictada en la década de 1970 y establece herramientas modernas para agilizar la certificación de nuevos operadores, abaratar costos operativos y mejorar la conectividad entre las distintas regiones del país.
El director general de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), Juan Pablo Franco, destacó este 22 de septiembre de 2026 que la aprobación de la ley marca un punto de inflexión para la industria turística y de carga. La nueva normativa suprime trabas burocráticas históricas y faculta a la autoridad aeronáutica para otorgar permisos de operación regulares en un plazo máximo de 45 días hábiles, dejando atrás procesos que solían demorar más de seis meses.
Incentivos a la conectividad y política de cielos abiertos
Uno de los pilares centrales de la Ley de Aviación Civil radica en la consolidación institucional de la política de cielos abiertos. La ley faculta al Ejecutivo para negociar acuerdos bilaterales y multilaterales con mayor flexibilidad comercial, eliminando restricciones artificiales de frecuencias y derechos de tráfico que limitaban el aterrizaje de transportistas extranjeros de bajo costo.
Asimismo, la legislación crea un régimen de incentivos tarifarios para las compañías que establezcan vuelos hacia aeropuertos administrados por el Estado que registran baja frecuencia, tales como Manta, Santa Rosa, Loja, Catamayo, Tulcán y Tena. Estas terminales podrán ofrecer descuentos de hasta el 50 % en tasas de aterrizaje y servicios de navegación durante los primeros tres años de operación continua de las nuevas rutas.
El marco legal introduce garantías reforzadas para los derechos de los usuarios del transporte aéreo, tipificando sanciones automáticas y compensaciones monetarias frente a cancelaciones injustificadas, sobreventas de boletos y demoras superiores a las cuatro horas atribuibles a las empresas de transporte.
La modernización regulatoria contempla también facilidades aduaneras para el mantenimiento de aeronaves y la importación libre de aranceles de repuestos críticos para talleres locales, incentivando a que empresas regionales instalen centros de mantenimiento mayor en los hangares de Latacunga y Guayaquil.
Modernización técnica y supervisión de seguridad
Directivos de la Dirección General de Aviación Civil explicaron que la ley dota a la entidad de personería jurídica reforzada y fondos propios derivados de las tasas de supervisión para actualizar los sistemas de radar, balizamiento nocturno y comunicaciones satelitales en toda la red aeroportuaria nacional.
Por su parte, voceros de la Asamblea Nacional resaltaron que el texto legal superó exhaustivos debates técnicos con las asociaciones gremiales del transporte aéreo y cámaras de comercio, logrando un consenso multipartidista indispensable para garantizar estabilidad a las inversiones de largo plazo.
El fortalecimiento del transporte aéreo y la conectividad interna en el país demanda también un control riguroso de las finanzas y subsidios públicos en todos los niveles de movilidad, un objetivo fiscal que se evidencia cuando un colectivo de Cuenca exige a la Contraloría auditar el subsidio al transporte, demostrando que la transparencia operativa debe acompañar a las inversiones en infraestructura.
Con la promulgación oficial en el Registro Oficial prevista para los próximos días, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas dispondrá de un plazo de 90 días para redactar el reglamento general de aplicación que pondrá en plena marcha los nuevos esquemas de tarifas aeroportuarias competitivas.
