- El colectivo Ciudadanos por Cuenca presentó un pedido formal de examen especial ante la Contraloría General del Estado.
- La veeduría busca esclarecer el destino del subsidio municipal y el cobro de 10 centavos adicionales en tarjetas sin saldo.
- Los dirigentes exigen transparentar si el pago directo de los pasajeros se descuenta de las asignaciones públicas al gremio de transporte.
- La organización apelará la negativa judicial a una acción de protección interpuesta contra el Municipio y los transportistas.
La fiscalización de los fondos públicos asignados a la movilidad urbana en la capital azuaya sumó un nuevo capítulo este 22 de septiembre de 2026. El colectivo civil Ciudadanos por Cuenca acudió ante la delegación provincial de la Contraloría General del Estado para solicitar formalmente una auditoría integral sobre el subsidio al transporte en Cuenca, beneficio económico que el gobierno municipal transfiere mensualmente a las empresas operadoras de buses urbanos.
La vocera de la agrupación, Teresita Bermeo, explicó que la ciudadanía demanda cuentas claras respecto al manejo presupuestario del sistema. Entre las principales inquietudes planteadas consta la aplicación del recargo de 10 centavos de dólar que el sistema descuenta automáticamente a los usuarios cuando abordan una unidad con saldo negativo en la tarjeta inteligente Movilízate. Los denunciantes sostienen que este valor adicional no cuenta con una justificación técnica comprensible para los usuarios habituales del servicio.
Dudas técnicas en la liquidación del subsidio
El punto central de la controversia radica en determinar si los valores cobrados directamente a los pasajeros se restan de las compensaciones municipales. Bermeo cuestionó la duplicidad en el flujo financiero al manifestar que si el usuario sufraga diez centavos suplementarios al recargar su saldo, el Municipio de Cuenca no debería desembolsar ese mismo porcentaje a la Cámara de Transporte. Necesitamos que el organismo técnico de control audite con precisión los registros contables y determine si existe algún desfase en las liquidaciones, enfatizó la representante.
El gremio de transportistas urbanos de Cuenca recibe transferencias periódicas del cabildo para mantener congelada la tarifa básica del pasaje en beneficio de los sectores vulnerables. Sin embargo, los colectivos vecinales señalan que las fórmulas de cálculo requieren una revisión profunda por parte de peritos independientes. La veeduría ciudadana aspira a que los auditores examinen los contratos de operación, los registros electrónicos de cobro y los informes de validación emitidos por la Dirección de Gestión de Movilidad del Municipio de Cuenca.
En el plano legal, Bermeo confirmó que el colectivo no detendrá sus acciones y apelará ante la Corte Provincial del Azuay la resolución que desestimó una acción de protección previa. La demanda constitucional buscaba tutelar los derechos de los usuarios frente a presuntas vulneraciones en el modelo tarifario y en las condiciones del servicio de transporte público de pasajeros, que moviliza a diario a más de 120.000 ciudadanos en las parroquias urbanas y rurales del cantón.
Debate tarifario y exigencias de calidad en el servicio
Los cuestionamientos ciudadanos surgen en un momento en que diversos sectores barriales exigen una mejora verificable en las frecuencias nocturnas y en el trato a estudiantes y adultos mayores. Mientras los operadores aducen que el incremento en los repuestos automotrices y el diésel encarece las operaciones cotidianas, los usuarios argumentan que cualquier asignación estatal debe condicionarse al cumplimiento riguroso de los índices de calidad y puntualidad estipulados en la ordenanza municipal.
Esta preocupación por la transparencia en los servicios de movilidad se suma a las advertencias sobre la red vial en alto riesgo en Ecuador ante contingencias climáticas, un factor que impacta directamente en los costos de mantenimiento de los automotores y en las tarifas técnicas en diversas provincias del país. Los ciudadanos esperan que las autoridades de control atiendan con prontitud el requerimiento presentado para despejar cualquier sospecha sobre los caudales públicos.
La dirigencia ciudadana anticipó que coordinará con asambleístas de la provincia del Azuay para solicitar pedidos de información adicionales al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El propósito central radica en sentar un precedente de fiscalización comunitaria sobre los subsidios públicos que garantice una movilidad digna, eficiente y financieramente sostenible para toda la población cuencana.
